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Procuraduría concilió con funcionarios de Sugeval que incumplieron deberes al no supervisar al holding de Aldesa

A los imputado se les atribuyó el delito de incumplimiento de deberes por haber omitido ilegalmente sus deberes legales de supervisión y fiscalización de la sociedad controladora (Holding) Aldesa Corporación de Inversiones S.A., ya que únicamente supervisaron el Grupo Bursátil Aldesa S.A.

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP), entidad adscrita a la Procuraduría General de la República, concilió con seis personas funcionarias de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) una indemnización monetaria y horas de servicio comunitario, como salida alterna a la pena correspondiente por haber cometido el delito de incumplimiento de deberes al dejar de supervisar y fiscalizar a la sociedad controladora (holding) Aldesa Corporación de Inversiones S.A.

La entidad, explicó su oficina de prensa, participó en el proceso en representación del Estado en su condición de víctima, querellante y actor civil en el proceso penal seguido bajo sumaria n° 21-000054-0621-PE.

El pasado 20 de setiembre, detallaron,  tuvo lugar la audiencia preliminar ante el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública.

A los imputados, indicaron, se les atribuyó el delito de incumplimiento de deberes por haber omitido ilegalmente sus deberes legales de supervisión y fiscalización de la sociedad controladora (Holding) Aldesa Corporación de Inversiones S.A., ya que únicamente supervisaron el Grupo Bursátil Aldesa S.A. Este delito, según el artículo 339 del Código Penal, «no tiene pena de prisión, y sanciona únicamente con pena de inhabilitación al funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función».

«En representación de los intereses del Estado, la Procuraduría y los querellados plantearon solucionar el conflicto social, conforme lo establece el artículo 7 del Código Procesal Penal, mediante la aplicación de una salida alterna al proceso, logrando obtener a favor del Estado una indemnización dineraria que cubre la totalidad del monto demandado civilmente por el Estado, así como las costas e intereses, monto que una vez cancelado, ascenderá una suma cercana a los diecisiete millones doscientos mil colones en total», detalló la oficina de prensa.

Adicionalmente, como forma de compensación por el daño social causado, se pactó la realización de trabajo comunal por parte de los imputados de la causa en favor de una institución pública por alrededor de mil doscientas horas de trabajo comunal en total.

«Es importante señalar que este proceso penal que se tramita en el expediente 21-000054-0621-PE, no se trata de los hechos relacionados con la aparente estafa de inversionistas por Grupo Financiero Aldesa, dicho proceso sigue en investigación por parte del Ministerio Público bajo el expediente 19-000157-1220-PE, en él figura como imputado Javier Chaves Bolaños y otro», agregaron.

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