El Fiscal coordinador de la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público, Luis Diego Hernández, confirmó que existe una investigación penal abierta para indagar qué ocurrió con la contaminación de agua con el disolvente xileno, que afectó a pobladores de los cantones de Tibás, Moravia y Goicoechea, y determinar si hubo o no delito.
Hernández resaltó que la decisión se tomó por ser “un evento muy relevante para la sociedad”, donde “el daño colectivo es de gran magnitud”. También destacó la ventaja que la sustancia fue identificada como xileno, lo cual les permite seguirle el rastro a la contaminación de un asunto tan complejo. Así lo explicó hoy en el programa radiofónico del Ministerio Público “Frecuencia MP”.
Si se confirma la conducta ilícita, dijo Hernández, se puede estar ante un caso de contaminación directa o indirecta. Se consideraría directa si existe una mano criminal que dispuso que se vertiera esa sustancia en las aguas, inmediatamente antes de ingresar en la Planta Potabilizadora, en Ipís de Guadalupe, o en alguno de los afluentes que alimentan dicha planta; es decir los ríos y las quebradas.
Mientras que sería una contaminación indirecta si mediante un proceso de percolación la sustancia se filtró en los mantos acuíferos que alimentan dichas tomas o en los ríos o en las áreas de protección de esos cuerpos de agua.
“Si hablamos de una contaminación directa, nuestro Código Penal es bastante severo”, señaló el fiscal. Existe una conducta que se denomina contaminación de aguas destinadas al consumo humano. El Código Penal lo sanciona con una pena que va de tres a 10 años de prisión y las penas se pueden agravar hasta en un tercio en caso de que haya causado enfermedad o muerte de un ser humano.
Por otra parte, la Ley de Gestión Integral de Residuos sanciona con pena de dos a 15 años a quien vierta sustancias peligrosas o tóxicas en aguas destinadas a consumo humano y la pena se puede aumentar hasta en un tercio si causa enfermedad o muerte -puede penalizarse con hasta 18 años de prisión-.
La Fiscalía tampoco descarta que se esté ante un incumplimiento de deberes, una conducta negligente en el tratamiento de las aguas por parte de Acueductos y Alcantarillados (AyA), encargada de operar la Planta.
Le siguen el rastro al xileno
La investigación se encuentra en etapa inicial, la cual es privada.
El fiscal indicó que la identificación de la sustancia y del lugar donde se dio el foco de contaminación les permite seguirle el rastro. “El xileno es un precursor que se usa en la industria para producir cuero, cuadernos, libros, incluso hasta en la producción del fentanilo, que es una droga que en este momento amenaza a la sociedad costarricense”.
“Esto nos permite ligar el contaminante con alguna actividad que se podría estar dando en el perímetro o en las cercanías de los ríos, de las aguas, de las quebradas”, añadió.
”Hablamos de la Quebrada Honda, que es el afluente que se identificó, incluso hay un punto que se llama Quebrada Honda 2. Eso nos permite identificar esa fuente de contaminación, que podría ser una actividad humana. Tal vez se dispuso el material ilegalmente y este llegó al afluente y eventualmente contaminó las aguas. Hay que buscar etiquetas, envases que contengan estas sustancias”, señaló.
Tampoco se descarta entrevistar al personal de la Planta, incluido el personal de guardia y el regente.
La Fiscalía ya está solicitando informes de lo acontecido al AyA, a los laboratorios de la Universidad de Costa Rica (UCR) y a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), que les conduzcan por la ruta del contaminante.
Personas afectadas en su salud
Hernández también mencionó que solicitarán epicrisis a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de personas que acudieron a centros médicos para ser atendidos por afectaciones a su salud debido a haber ingerido o consumido agua contaminada.
El Código Penal también sanciona este envenenamiento o contaminación de las aguas con penas de cárcel que van de ocho a 18 años de prisión si se produce la muerte de alguna persona.
El abogado hizo un llamado a la población para que quienes hayan presentado enfermedades gástricas o algún tipo de septicemia, cuadro asociado a consumo de agua potable, o enfermedades de la piel, lo hagan saber a la Fiscalía, para que ésta solicite las epicrisis a la Caja.
Asimismo, hizo un llamado a quienes viven cerca de la toma de agua a que reporten si han detectado la presencia de personas extrañas o una presencia inusual, o si conocen de alguna fábrica o empresa que use este precursor.
Lo mismo solicitó al personal del AyA.
Las personas que quieran hacer un reporte pueden presentarse a la Fiscalía Agrario Ambiental, ubicada en el segundo piso del edificio del Segundo Circuito Judicial ubicado en Goicoechea o llamando al 2247-9125.
Dos casos similares
“La Fiscalía ha sido exitosa en dos casos de contaminación similares al que se presentó en días pasados”, recordó Hernández.
Uno de ellos se dio hace aproximadamente 10 años, cuando se contaminó con diésel un pozo de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), ubicado cerca del Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (Cenada), en Barreal de Heredia.
El diésel provino de una gasolinera que estaba reparando las instalaciones y al sustituir los tubos de distribución rompieron uno con maquinaria pesada. “Se da un derrame considerable de combustible, logramos detectar la actividad y asociarla a la sustancia que contaminó el pozo, el cual no estaba en uso”, dijo.
Sin embargo, el pozo captaba aguas subterránea del acuífero de Puente de Mulas y se identificó una fractura en el pozo, lo cual generó una contaminación en el acuífero.
“Hubo una conducta dolosa de los dueños de la gasolinera, que no se apercibieron a las autoridades cuando se dio el incidente, volvieron a cubrir la superficie de la estación con pavimento y el diésel se infiltró y contaminó el acuífero. El asunto se llevó a juicio y la ESPH entabló una acción civil resarcitoria millonaria”, señaló.
La empresa pagó para que vinieran expertos de Brasil a dirigir la remediación del pozo, para evitar que la traza de hidrocarburos penetrara más en el acuífero.
El otro caso fue el de una empresa de restaurantes -Hernández dijo que no podía citar el nombre – que usaba agua de un pozo privado para la preparación de los alimentos. El pozo estaba contaminado con materia fecal, lo cual produjo una serie de enfermedades causadas por una bacteria. “Fueron cuadros bastante agudos, la persona menos afectada resultó con gastritis crónica”.
Las personas afectadas fueron indemnizadas por la empresa, añadió Hernández.
