El Ministerio Público allanó esta mañana las oficinas del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) en busca de prueba documental sobre un acuerdo del Consejo en el que presuntamente acordó solicitar al Banco Central de Costa Rica (BCCR) retirar una denuncia presentada contra la jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), Rocío Aguilar Montoya.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) realizó hoy un allanamiento en las oficinas del Conassif, ubicadas en el mismo Banco Central.
Según informó el Ministerio, la diligencia busca localizar prueba para sumar como evidencia relevante dentro de la causa 23-000107-1218-PE, en la que se investigan los presuntos delitos de “incumplimiento de deberes, tráfico de influencias e influencia en contra de la Hacienda Pública”.
“La investigación tiene relación con un acuerdo tomado por los miembros del Conassif, en sesión realizada el 15 de agosto, en el que, presuntamente, se determinó emitir una moción de censura contra el BCCR y solicitarle al presidente ejecutivo de la entidad retirar una denuncia presentada contra la jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), de apellidos Aguilar Montoya”, señala el comunicado de prensa.
“En apariencia, dicha sesión y, en consecuencia, el acuerdo, fueron declarados como confidenciales”, destacó el Ministerio.
En una declaración emitida por el Conassif se indicó que “al tratarse de un proceso judicial en curso, no se pueden brindar mayores declaraciones en este momento”.
El caso
El pasado 23 de agosto, UNIVERSIDAD publicó que la jerarca de la Sugef, Rocío Aguilar, enfrenta una investigación penal por el presunto delito de cohecho propio tras negarse, desde noviembre del año pasado, a entregar al BCCR datos de todas las operaciones de crédito que los intermediarios financieros supervisados le remiten para la elaboración de nuevas “estadísticas económicas de interés público nacional”. Aguilar argumenta que se trata de “datos personales sensibles”.
Sin embargo, un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) respaldó la solicitud del BCCR, aclarando que los datos referentes al comportamiento crediticio tienen una categoría propia, separada de los llamados “datos sensibles” que tienen protecciones especiales.
“En términos generales y como regla, no podemos equiparar los datos crediticios a los datos sensibles, pues ambos tienen una categoría de manejo separada en la ley”, señaló la PGR.
Como ha reportado este medio, por “datos sensibles” se entienden la raza o etnia, salud, afiliación política, orientación sexual, creencias políticas o religiosas, informaciones que pueden generar estigmatización o discriminación y que ninguna persona se encuentra obligada a suministrar.
“SUFEF no tiene autorización para recopilar datos sensibles”
El Ministerio Publicó detalló que la causa que se investiga “se originó en una denuncia presentada por el BCCR contra la superintendenta, debido a que, supuestamente, esta se negó a entregar información que el Banco solicitó en relación con datos crediticios estadísticos”.
“Según se cree, Aguilar argumentó que se trataba de información sensible, esto pese a que la SUGEF no tiene autorización para recopilar datos sensibles, lo cual incluso se ha establecido por parte de la Sala Constitucional”, estableció el Ministerio.
“La investigación busca establecer, con base en la evidencia, si miembros del Consejo Directivo de la Conassif habrían incurrido en los presuntos actos delictivos”, agregó el Ministerio.
Rocío Aguilar indagada penalmente tras negarse por meses a entregar datos al BCCR, a pesar de orden de Procuraduría
Procurador general de la república confirmó que el pasado 17 de agosto sostuvo una reunión con la jerarca y tres de sus asesores para “comentar los alcances” del dictamen de la entidad sobre el caso.
BCCR: petición a Sugef sobre datos de créditos se basó en la ley y en requerimientos de OCDE
“La obligatoriedad de la entrega de la información solicitada a la Sugef fue expresamente validada por la Procuraduría General de la República mediante el criterio PGR-C-125-2023”, informó la institución.
