El fallo del tribunal del arbitraje internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) sobre el proyecto minero Crucitas reveló la existencia de Crucitas Barbados Limited, empresa offshore dueña de Industrias Infinito; y revivió el polémico papel de personajes como la ex magistrada Ana Virginia Calzada, el abogado de la empresa Rubén Hernández y el “grupo de expertos” que asesoró al Gobierno en su momento.
Así se desprende del análisis hecho por Bernal Gamboa, abogado de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas), organización ecologista que intervino en el proceso de arbitraje internacional como tercera parte.
Después de más de siete años, el pasado 4 de junio el tribunal del Ciadi, un mecanismo auspiciado por el Banco Mundial para resolver este tipo de disputas declaró que el Estado costarricense no debía pagar ninguna indemnización a la empresa canadiense Infinito Gold Ltd., que reclamaba cerca de $400 millones porque se le canceló la concesión de Crucitas, en Cutris de San Carlos.
El tribunal determinó que “Costa Rica no le denegó justicia al inversionista, ya que los tribunales nacionales observaron correctamente los principios del debido proceso, y brindaron a Infinito acceso a las oportunidades de defensa necesarias”; y que “es legítimo que el país se declarara libre de la minería metálica a cielo abierto, como un objetivo soberano para proteger el medio ambiente”.
Crucitas Barbados, ¿para qué necesitaban una offshore?
Gamboa analizó el laudo arbitral y señaló que el tribunal reveló que Infinito Gold es propietaria de una empresa que se llama Crucitas Barbados Limited, ubicada en Barbados y que a su vez es propietaria de Industrias Infinito.
“Eso a mí me deja un gran sinsabor porque: ¿por qué necesitaban tener una empresa hermana en un paraíso fiscal, como lo es Barbados? Nosotros no lo sabíamos”, consideró Gamboa, y se refirió a los cuestionamientos sobre la facilidad con que se puede defraudar al fisco costarricense en el sector minero.
UNIVERSIDAD envió consultas al respecto a Erich Rauguth, presidente de Infinito Gold y al vocero Brian Orgnero; sin embargo, los correos ya no están habilitados.
En un comunicado de prensa emitido posterior a la resolución del Ciadi, Erich Rauguth indicó que el tribunal arbitral coincidió con Infinito en que Costa Rica violó sus obligaciones de tratar el proyecto minero Crucitas de forma justa y equitativa; aunque determinó también que a Infinito no le corresponde una indemnización por daños. “Infinito está revisando el fallo cuidadosamente con sus asesores legales para determinar los pasos a seguir”, se lee.
Participación de la ex magistrada Ana Virginia Calzada
Gamboa también rastreó la participación que han tenido varios personajes en dicho proceso. Industrias Infinito aporta varios testigos peritos que emiten dictámenes, entre los que resalta la ex magistrada y presidenta de la Sala Constitucional Ana Virginia Calzada, quien tuvo que analizar el caso durante su periodo.
“Para mí lo grave, dijo Gamboa, “es que una magistrada que tiene un juramento de respetar las leyes y defender al país, una vez que sale de su cargo, salga a defender a una empresa extranjera para que nos condenen por $400 millones”.
“A mí me deja una gran duda, no solo porque ella llegue a defender la postura sino porque el tribunal del Ciadi ve la postura como descabellada y le desarma su argumento con mucha facilidad”, agregó el abogado.
UNIVERSIDAD consultó a Calzada, quien declaró: “Hay un malentendido porque la gente está mal informada. Yo jamás emití ningún criterio sobre el tema Crucitas en el Ciadi. Una de mis condiciones precisamente atendiendo a la ética fue no pronunciarme sobre el fallo”.
Calzada explicó que la empresa la ofreció como perito y Costa Rica la llamó. “Yo fui como perito de cómo funciona el ordenamiento jurídico costarricense. Si se revisan las actas de donde yo declaré y si se revisa el acta donde yo rendí informe, se ve precisamente que yo no me iba a pronunciar sobre el caso Crucitas y así lo hice”.
“Es molesto que tergiversen lo que fue mi participación ahí. En ningún momento perdí la perspectiva de lo que era mi ética, a pesar de que había criterios diferentes que decían que sí podía hacerlo”, añadió Calzada.
“Lo que hice fue referirme a cómo funcionaba el sistema jurídico costarricense. No quise pronunciarme absolutamente de nada de la Sala Constitucional del periodo en el que yo fui magistrada. Específicamente también señalé que yo no emitía criterio sobre el Contencioso. Yo no quise pronunciarme sobre ninguna resolución de la Sala, mientras yo estuve en la Sala, aunque yo no hubiera participado”, afirmó Calzada.
“Yo creo que yo estaba limitada jurídicamente para exponer. Yo sentía que yo no debía, a pesar de que otras personas que fueron como testigos sí hablaron de sentencias aunque dijeron que no se violentaba la ética porque ya habían pasado no sé cuantos años”, agregó.
Cabe recordar el proceso. Para 2002, el Gobierno costarricense ya había otorgado a Industrias Infinito S.A. la concesión de explotación minera. Pero en febrero de 2002, el entonces precandidato presidencial Abel Pacheco presentó un recurso ante el Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) contra la concesión, alegando que se ponía en riesgo el derecho a un ambiente sano. Ese mismo año, el Gobierno dictó una moratoria a la actividad minera. En abril, grupos ecologistas interpusieron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la concesión por motivos ambientales (“Amparo Murillo”).
En 2004, la Sala Constitucional consideró que la concesión violentaba el derecho a un ambiente sano y la anuló. Pero en 2008 se derogó la moratoria del 2002, mediante un decreto. Fue entonces cuando se le aprobó una nueva concesión a la empresa, lo cual fue llevado a la vía judicial en dos sedes, Tribunal Contencioso Administrativo y Sala Constitucional.
En 2010 la Sala Constitucional resolvió que la nueva concesión no violentaba el derecho a un ambiente sano. Después, el Tribunal Contencioso administrativo resolvió que la concesión era nula por vicios de legalidad, porque al momento de su aprobación aún estaba vigente la moratoria (principio de inderogabilidad singular de la norma). Al año siguiente, la Sala Primera, confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, que declaró la nulidad de la concesión.
Calzada fue magistrada durante todos esos años.
El abogado Bernal Gamboa comentó que ella intentó convencer al Tribunal Arbitral, que existió un conflicto de competencia entre lo resuelto entre Sala Constitucional y Sala Primera, omitiendo indicar, que en la propia sentencia de Sala Constitucional se habían remitidos asuntos a la vía de legalidad. “Esto en mi opinión fue intentar favorecer a la empresa, pues ella sabía que la Sala Constitucional había indicado que existían temas de legalidad ordinaria que no se estaban analizando, y por ende, siempre conoció que nunca existió ningún conflicto de competencia tal y como lo fue a exponer”.
Rubén Hernández: “Sencillamente es una estupidez”
Otra persona que también emitió dictamen como perito ante el Ciadi, por parte de la empresa, es el abogado constitucionalista Rubén Hernández Valle, quien fue magistrado suplente de Sala Constitucional de 1991 a 1993, abogado de la empresa Industrias Infinito y abogado coadyuvante del proceso para permitir la reelección del expresidente Óscar Arias.
Gamboa cuestionó: “¿cómo es que una persona a quien se le delega una función importante de defender al país como magistrado, luego de que sale de su cargo público sale hacia un tribunal arbitral a emitir tesis jurídicas para que condenen al país?”
UNIVERSIDAD consultó a Hernández, quien manifestó: “Fui magistrado suplente hace 30 años y el caso Crucitas nada tiene que ver. Esto no tiene ni pies ni cabeza; es una tontería porque las resoluciones de la Sala que fueron analizadas por el tribunal arbitral no fueron dictadas mientras yo fui magistrado suplente, fueron dictadas cuando yo ya tenía casi 20 años de haber dejado de ser magistrado”.
“No tuve nada que ver con las resoluciones que dictó la Sala en esa materia. Jurídicamente y lógicamente es una tontería; sencillamente es una estupidez”, subrayó Hernández.
El abogado indicó que la incompatibilidad viene “cuando uno participa posteriormente, y previamente ha formado parte del tribunal que dictó una resolución que es analizada en el tribunal internacional”.
“No tuve nada que ver con las resoluciones que dictó la Sala en esa material. Jurídicamente y lógicamente es una tontería; un disparate porque no tiene nada que ver. O sea prácticamente yo no podría opinar sobre ninguna sentencia de la Sala emitida después de que fui magistrado”, defendió.
“Grupo de expertos” permanece en la oscuridad
Finalmente, Gamboa comentó que el exvicepresidente Alfio Piva es mencionado en el laudo.
En 2010, Piva dijo que un “grupo de expertos” afirmó que, en caso de indemnizar a Infinito Gold, por no desarrollar el proyecto de minería en las Crucitas, el Estado debería pagar $1.700 millones. En 2014 el ministro de Ambiente René Castro dijo que un grupo de expertos estaba asesorando al Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y al Minae en el tema. Sin embargo, nunca se conocieron los nombres de este “grupo de expertos”.
“La empresa se agarra de ese documento para decir la indemnización a la que tienen derecho. También se agarran de una declaración de Roberto Dobles, pero los expertos no aparecen en ningún lado”, continuó Gamboa.
UNIVERSIDAD solicitó conocer los nombres de estas personas ante Comex, Minae y Presidencia. En Minae se indicó que la consulta debía dirigirse a Presidencia y a Comex.
En Comex se respondió: “Los temas objeto de su consulta no forman parte del expediente del arbitraje, es decir, son distintos a los asuntos reclamados en el proceso arbitral, por lo que en nuestros registros no contamos con la información solicitada”. El Ministerio de Comunicación de la Presidencia indicó que su respuesta a la consulta era la misma de Comex.
