En una foto de campaña el candidato presidencial de Restauración, Fabricio Alvarado, aparece con Miguel Bell Fernández, condenado a 12 años de prisión por tráfico internacional de drogas y hermano del empresario pesquero limonense Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, a quien se le investigó por la construcción de un muelle ilegal en Portete, utilizado en 2014 para desembarcar marihuana desde Jamaica .
Consultado sobre esta fotografía, el candidato por el Partido Restauración Nacional (PRN) aseguró que él “se toma muchas fotos”, que “no recuerda” la actividad y alegó “no tener idea de quién es” Bell Fernández, a pesar de que en la imagen aparece abrazándolo, junto a su familia, dentro de un establecimiento ocupado por partidarios suyos.
“Hemos tenido muchas (reuniones) y todo el mundo se toma fotos con nosotros cuando vamos saliendo, selfies, etcétera”, aseguró Alvarado sobre la imagen. El candidato de Restauración laboró una década como periodista en Repretel, cubriendo noticias relacionadas a sucesos policiales y narcotráfico.
La foto fue compartida en sus redes sociales por la esposa de Bell Fernández en su perfil de Facebook, el 3 de febrero pasado; justo un día antes de la primera ronda de estas elecciones presidenciales.
Interrogado sobre un posible financiamiento de Bell a su campaña, dijo “no tener los datos” para asegurar si el limonense ha invertido en ella o no; algo que —según aseguró— sólo podría confirmar el Comité Ejecutivo de su partido.
El financiamiento del PRN, ha estado en la mira, al menos desde febrero, después de que la agrupación no cumpliera a tiempo con la entrega de su informe obligatorio de contribuciones, estados financieros, estados de cuentas, auxiliares, cuenta de donaciones y libros contables.
Este hecho fue así denunciado por el que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que el 16 de marzo pasado le recordó a la tesorera Jessica Andrea Sequeira en un oficio dirigido al partido que un día antes había vencido su plazo para esa presentación.
En su momento, Alvarado afirmó que se trataba de una “prórroga”; sin embargo, lo que el Tribunal giró fue una “prevención”, advirtiendo a RN que su plazo había vencido el 15 de marzo y que le otorgaba diez días hábiles (a partir de la notificación) para ponerse al día con esos documento.
Ante estas interrogantes, el presidente, fundador y diputado electo de la agrupación, Carlos Avendaño, había asegurado a UNIVERSIDAD que los datos se presentarían el lunes; sin embargo, finalmente no cumplió su promesa. “Tenemos diez días más, pero ya está totalmente listo. Solo falta entregarlo”, había dicho.
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Sobre si presentarán o no los documentos contables antes de las elecciones, el candidato Alvarado respondió que el partido presentará “todos los detalles”, aunque dijo que el momento de la entrega quedará en manos del Comité Ejecutivo.
Los antecedentes de Bell
Bell (Vel en el registro oficial), de 50 años, fue sentenciado a 12 años de prisión e ingreso a la cárcel el 31 de diciembre de 1999 por tráfico Internacional de drogas (490 kilos de cocaína), sumaria 98-5669-042-PE; sin embargo, fue puesto en libertad en marzo de 2004.
Lo anterior, consta en una sentencia con fecha del 14 de setiembre del 2000 y número de resolución 2000-01067, donde se detalla que Miguel Bell fue acusado por el delito de Tráfico Internacional de Cocaína en perjuicio de La Salud Pública, junto con otros dos hombres.
A Bell también se le vinculó con la construcción de un muelle presuntamente ilegal en la zona Los Cangrejos, según dio a conocer La Nación en octubre de 2015. La policía encontró un atracadero –para botes pequeños– en puerto Limón, arrendado por Miguel Bell Fernández.
Un año después, en agosto del 2016, el mismo medio informó que en el sitio además se habría removido tierra “para hacer una explanada, caminos y una vivienda”, construcción que fue cuestionada por estar en Portete y ser colindante con el complejo portuario presuntamente ilegal.
Este caso fue denunciado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), que culpó a Bell de usurpar tierras del Estado, en un caso que se tramita bajo el expediente 15-001641-0472-PE.
Según informó Juan José Picado Herrera, abogado de Miguel Bell, en ese momento, el terreno era una propiedad “debidamente inscrita en el Registro Nacional” y Bell la arrendaba a una mujer que era albacea, pues la propietaria se había muerto.
El lugar era ocultado por una malla metálica, que la policía descubrió mientras procedían a demolerla, ante denuncias hechas por los vecinos de la zona. En ese momento, grupos criticaron al alcalde de Limón, Néstor Mattis, por omitir la vigilancia de la zona.
Mattis fue señalado en el 2015, por recibir el apoyo de la familia Bell para su reelección como alcalde por el Partido Auténtico Limonense para el periodo 2016-2020, según dio a conocer La Extra en noviembre del mismo año.
En el plano político, apenas en septiembre pasado, la familia Bell Fernández fue vinculada también con la campaña del liberacionista Antonio Álvarez Desanti, en la que el Eric Castro —suegro de Miguel y directivo de Japdeva— apuntaba como diputado en la segunda casilla de Limón, pero finalmente fue removido, informó ese mismo periódico.
