La expresidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (Pani) Gloriana López Fuscaldo aseguró ante los diputados de la Comisión de Derechos Humanos que la Presidencia de la República le pidió poner especial atención a un caso de custodia de los hijos del empresario Leonel Baruch, en marzo pasado, a cargo de la sede de Santa Ana.
López Fuscaldo compareció un mes después de presentar una carta de renuncia que la Presidencia explicó con “motivos personales” que en la realidad no eran tales, pues fue presionada para que dejara el cargo por la propia vicepresidenta Mary Munive, según declaró la expresidenta del PANI en la misma comparecencia.
Uno de los comentarios que más llamó la atención de diputados en la audiencia fue la mención a una llamada “inusual” que ella sostiene recibió el 22 de marzo sobre los hijos el empresario Baruch de parte de Gabriel Aguilar, asesor del mandatario Rodrigo Chaves, a quien la exjerarca atribuye haberle ofrecido la embajada en Perú para que dejara el puesto.
López dijo que Aguilar (actualmente director de despacho de Chaves) le habló de “una señora que tiene un caso con unos chiquitos en el PANI”. “Se llama fulana de tal, noté que era un nombre judío, ni siquiera me acuerdo, en el PANI de Santa Ana”. “Dice el jefe (Chaves) que, con mucho cuidado, que el PANI proceda bien, no me pidió expresamente nada ilegal, me pidió que se trate bien, porque se trata de hijos o hijo de Leonel Baruch”.
Este es el mismo Leonel Baruch señalado con frecuencia en el Gobierno actual por ser propietario del medio CRHoy y por el caso de supuesta defraudación fiscal que anunció el Ministerio de Hacienda basado en una publicación en la red Tiktok, además de ser el empresario banquero al que la oficialista Pilar Cisneros pidió incidir en la línea editorial del medio y ayudar a combatir al diario La Nación, según contó él ante diputados.
Apenas López habló de la llamada telefónica, de inmediato la diputada Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional PLN), que estaba planteando las preguntas calificó esa llamada como “irregular”. “Es un asunto muy graves tratándose de un asunto de menores”, dijo.
López dijo que en su momento no lo consideró una presión directa o un acto ilegal, pero que ahora sí lo considera inapropiado, y recordó que después en una gira en Guancaste Aguilar volvió a preguntarle por el caso.
“Ya no solamente instrumentalizan al ministro de Hacienda para que persigan instituciones y empresas, sino también para que persigan condiciones de familias. Hasta ese extremo están llegando en este gobierno”, criticó el liberacionista Francisco Nicolás. La socialcristiana Vanessa Castro se expresó en esa misma posición al calificar como “ extremadamente serio” ese acto dirigido a un caso particular en una institución que atiende miles de menores de edad.
La expresidenta del PANI también dijo haber recibido presión para renunciar, pues dijo que Munive incluso llegó a su casa, revisó la medicación que tomaba y le insistió en que estaba desbordada y que arriesgaba acabar igual que Joselyn Chacón (ministra de Salud hasta febrero, cuando renunció en medio de fuertes críticas y desavenencias internas). Añadió que quiso reunirse con Chaves, pero que este le dijo que no podía y sólo le ofreció irse de embajadora en Lima para mantener un salario, lo cual ella rechazó.
La exfuncionaria asegura haber intentado corregir procedimientos de la institución a pesar de la oposición interna y de la presión pública que recibió durante un año en que incluso fue cuestionada públicamente por Chaves, durante el caso de la bebé Keibril, desaparecida después de ser arrebatada en Cartago a su madre, una adolescente que la engendró como producto de una aparente violación.
La comparecencia de López podría continuar la próxima semana.
Nota: texto modificado a las 5:12 p.m. para que se lea correctamente en el primer párrafo “un caso de custodia de los hijos del empresario Leonel Baruch, en marzo pasado, a cargo de la sede de Santa Ana”.
