La exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, fue la última compareciente de la Comisión que investiga el caso “Cochinilla” y las presuntas acusaciones judiciales sobre un faltante de dinero de alrededor ¢77 mil millones en las arcas del Consejo Nacional de Vialidad.
El expediente penal, sobre el cual también investigan los diputados de la Asamblea Legislativa, señala “dineros malversados en el CONAVI” y también relata que la institución del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) destinaba sus “fondos a conveniencia de los intereses de las empresas contratistas tales como MECO y H Solís”.
Ante las preguntas de la Comisión investigadora, la exministra Aguilar no profundizó con datos sobre los fondos administrados por CONAVI.
Más bien, retomó información sobre la crisis fiscal del país durante el 2018 y 2019, periodo en el que dijo que se generaron los miles de millones faltantes del CONAVI.
De acuerdo con Aguilar, al MOPT se le retrasó el giro pactado para diciembre del 2018 sobre el impuesto a los vehículos que se cobra en el marchamo. Esto ocurrió, según dijo, por un problema con la Superintendencia de Seguros (SUGESE) que nunca había pasado antes de esa fecha.
“El disparador de todo esto fue la falta de esos recursos. Si hubiéramos tenido unas finanzas equilibradas en primer lugar no habría sucedido demora en los giros”, respondió a preguntas del socialcristiano Pablo Heriberto Abarca.
“Ese no giro de los 77 mil millones de colones, efectivamente, es un giro previsto en el presupuesto pero, por todas las razones que he apuntado, no fue posible realizar (…) Esos fondos no llegaron a las arcas del MOPT sino que se los dejó el Ministerio de Hacienda”, aseguró Aguilar sobre dónde quedó el dinero que no llegó al CONAVI.
Sin embargo, el jerarca del MOPT sí buscó la forma de resarcir el faltante, según afirmó Aguilar.
“Don Rodolfo (Méndez Mata) lo que me solicitó fue que buscáramos la manera de reintegrarle lo que no se había girado y que le correspondía al MOPT, que era el impuesto de los vehículos. En el cafetín, en el recreo (del Consejo de Gobierno) me decía que buscáramos la forma de cómo resarcir esos recursos”, declaró Rocío Aguilar.
La investigación penal sostiene que el “hueco” financiero se arrastró inclusive hasta diciembre del 2019, cuando “los investigados Carlos SolÍs Murillo y Francisco Molina Salas, al intervenir en razón de sus cargos como Gerente de Adquisiciones y Finanzas del CONAVI y Director Financiero del MOPT, respectivamente, dirigieron las solicitudes presupuestarias ante el Ministerio de Hacienda para que se produzca un resultado lesivo a los intereses de la Hacienda Pública ya que solicitaron la aprobación de ¢51 mil millones de colones, de los cuales Carlos Solís utilizaría una parte para encubrir Ios dineros malversados en el CONAVI y continuar destinando los fondos a conveniencia de los intereses de las empresas contratistas tales como MECO y H Solís”.
El expediente 19-000025-128-PE señala que la búsqueda de dinero para tapar el faltante prosiguió hasta julio del 2020, inclusive.
En julio del año pasado, “Carlos Solís Murillo, al intervenir en razón de su cargo como Gerente de Adquisiciones y Finanzas del CONAVI, dirigió la moción presupuestaría ante la comisión de Hacendarios, para producir un resultado lesivo a los intereses de la Hacienda Pública, Ya que planteó la aprobación de ¢22.500 millones de colones, de los cuales Carlos Solís utilizaría una parte para encubrir el déficit de ¢42.000 millones de colones por dineros malversados en el CONAVI y continuar destinando los fondos a conveniencia de los intereses de las empresas contratistas”, dice también la investigación judicial.
El trámite de esa moción fue publicada por UNIVERSIDAD en el reportaje Méndez Mata pidió ¢22 mil millones para tapar hueco del Conavi mediante diputadas PAC. Los millones se tomaron de superávits a los cuales se les modificó su destino de ley para reenfocarlos a los proyectos que MOPT priorizó.
Este movimiento entre partidas específicas habría sido ilegal, según había dijo la Contraloría General de la República en una sesión previa de la Comisión “Cochinilla”.
Asamblea Legislativa aprobó uso de superávit de CONAVI que Contraloría frenó en el 2019 por ilegal
Contraloría informó en audiencia que CONAVI no enfrenta déficit, más bien “ha tenido superávit presupuestario en todo este periodo”
La exministra Aguilar admitió que no era parte del procedimiento que CONAVI se encargara de diseñar cómo se iban a reencauzar las partidas presupuestarias, tal y como ocurrió en el año 2020.
“La exposición de motivos y cuentas es imposible que CONAVI las haga”, afirmó y señaló como responsable de ese diseño a la Dirección de Presupuesto porque le compete “hacer el trabajo de identificación de fuentes” y realizar el equilibrio contable del presupuesto nacional.
De esta forma, Aguilar tampoco se refirió a los nexos de presuntos tráficos influencias entre MOPT, Hacienda y Casa Presidencial, como los identifica la investigación judicial.
La exministra explicó que aunque tenía contacto con el exasesor de Carlos Alvarado, Camilo Saldarriga “un ministro no tenía que buscar un intermediario” para conectarse con ella o el resto de jerarcas del Ministerio de Hacienda.
“Tenía necesariamente que pasar por control presupuestario. Una llamada no iba a generar una condición diferente, no tendría por qué”, aseguró sobre el procedimiento legal de estos cambios al presupuesto.
