El Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) entró en su proceso de cierre técnico tras una serie de condiciones que precipitaron su decadencia, agudizadas por la carencia de apoyo estatal entre finales de 2016 y principios de 2017, según afirmó esta mañana el exgerente del banco, Gerardo Porras.
Porras señaló que la gestión del Banco fue complicada desde 2013 cuando la entidad dejó de administrar el Fondo Nacional de Desarrollo (Fonade) de Banca para el Desarrollo; sin embargo, enfatizó que el proceso se disparó a finales de 2016, cuando cayeron abruptamente las utilidades, producto de tres créditos que “se complicaron” y tuvieron que ser ejecutados, provisionando garantías.
Para ese momento, eso sí, el exgerente comentó que el proceso de cierre se tomó como “una decisión obligada”, pues la confianza del Banco era casi nula y la inversión que recibía se redujo considerablemente. “Cuando la gente no le deposita plata, su negocio terminó”, apuntó Porras.
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Esta pérdida de confianza, añadió, se debió en gran medida a la inactividad del Gobierno y que el Banco de Costa Rica (BCR) retiró su apoyo a la entidad financiera, un espaldarazo que mantenía desde septiembre de 2016 para atender la crisis desatada del aquel año.
“Si el sector público hubiera mantenido el apoyo, el Banco no entra en el problema de liquidez en el que entró”, evaluó Porras.
Así mismo, denunció que Bancrédito no logró superar su faceta como banco de servicios, especialmente estatales; lo que comprometió sus procesos y visiones internas para favorecer su supervivencia. Este, indicó, era un proceso que se tomaría varios años y que no pudo soportar el vendaval de aquel momento.
“El perfil del Banco hasta el 2013 era de un banco muy operativo, en especial en servicios para el Gobierno, y el problema es que esos servicios van y vienen, lo que hace que el banco no asegure su permanencia en el tiempo”, apuntó.
Todas estas declaraciones las mencionó el exgerente esta mañana ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el caso del cemento chino y que ahora se enfoca en otra serie de casos, incluido el cierre técnico de la entidad que dirigió hasta inicios de año.
Trabajadores y créditos
Otro punto clave que, según Porras, desestabilizó las gestiones bancarias fue que “venía con una propensión a invertir más de lo que podía gastar”, especialmente en materia recurso humano, donde se registraban unos 1.000 trabajadores contratados.
En esta línea, Porras señaló que los gastos por salarios llegaron a significar aumentos presupuestarios de hasta 1.000 millones por año, algo que sólo habría sido posible de gestionar a través de restructuración interna o crecimiento de la entidad.
Ante esta situación, el Banco optó por gestionar una mezcla de ambas opciones desde el año 2013, pero no fue suficiente pues la entidad no había realizado la respectiva provisión para realizar procesos de movilidad laboral, lo que hizo que el trabajo tomara más tiempo.
Ya refiriéndose sobre el proceso de cierre, Porras volvió a mencionar la falta de colaboración de los principales bancos estatales del país, en este caso para la compra de su cartera de crédito, que finalmente se vendió una parte al Banco Popular y otra a cooperativas y bancos privadas.
Esta era la mejor inversión de Bancrédito y su venta expedita al Banco Nacional o al Banco de Costa Rica habría permitido realizar un proceso rápido y sin pérdidas para la institución; algo que finalmente no fue posible.
Ninguno de los bancos mencionados quiso adquirir la inversión, proceso que era vital para el Banco porque —en palabras de Porras— “si usted no vende la cartera rápido, se le va a deteriorar irremediablemente” (por deudores que dejan de cumplir obligaciones de crédito).
La comparecencia
Ante todas estas declaraciones, la diputada del Frente Amplio, Patricia Mora, aseguró que pareciera que “hubo incapacidad” para tomar las medidas necesarias que evitaran en cierre de la institución, mientras que liberacionista Sandra Piszk incluso manifestó que se podría incluso analizar que el debilitamiento bancario pudo ser voluntario por parte del gobierno.
Ante este análisis, el gerente manifestó que lo cierto es que la decisión se fundamentó finalmente “en las bajas utilidades del año anterior”, aunque sí afirmó que le costó entender por qué “un banco del estado le quitó el apoyo a otro”. “No sé si será una decisión política, pero nunca me expliqué esa coyuntura”, comentó.
Ante las dudas, el diputado por el Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, fue el más drástico y señaló que —desde su punto de vista— el error estuvo en retrasar tanto el cierre, algo que creía más que lógico desde hace ya varios años.
“Sí hubo decisiones políticas, pero diferentes a las que ustedes ven (refiriéndose a los otros diputados del grupo), fueron decisiones para no cerrarlo. Sí hubo decisiones erróneas, pero políticamente, el error fue no cerrarlo; este banco se cierra cuando ya no era banco… era un desastre”, concluyó.
Por último, Solís pidió a Porras —quien entregó un resumen de las gestiones del Banco desde 2010— que realizara una nueva entrega con los montos deflatados por inflación; pues en términos nominales (sin contabilizar los cambios en los costos), las cifras nominales hacían que no se notara la magnitud real de los malos resultados bancarios en los últimos años.
Las condiciones negativas fueron aceptadas por Porras en distintas ocasiones, hasta que finalmente comentó que “nadie llega a un banco para cerrarlo”, refiriéndose a su gestión, pero agregó que hizo “lo humanamente posible” para estabilizarlo.
De cualquier manera, destacó que finalmente el proceso de cierre técnico se realizó de manera responsable y que “sólo se le quedó debiendo al Ministerio de Hacienda”, de modo que no se golpeó la confianza de los ahorrantes.
Según los datos del banco, su participación en el mercado era de apenas un 2,7% a marzo de 2017, apenas dos meses antes de que el Gobierno cerrara sus operaciones comerciales de cara a lo que el Gobierno llamó un proceso de transformación en banco “de fomento y desarrollo”.
Qué se hará finalmente con lo que queda del banco está siendo analizado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, que mantiene intervenida la institución desde finales del año pasado.
