El Gobierno de Costa Rica anunció esta tarde la salida del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) del sistema de intermediación financiera costarricense, terminada una reunión entre el Consejo de Gobierno y los accionistas de la entidad bancaria estatal.
La administración indicó que la salida ocurrirá “de forma ordenada y gradual” durante lo que resta del año, con el objetivo de que el organismo acelere su “transformación hacia un banco de fomento y desarrollo” y su cierre de operaciones comerciales.
El proceso será encabezado por una “comisión especial” conformada por autoridades del Banco Central de Costa Rica (BCCR), del Consejo Presidencial Económico y del propio Bancrédito, misma que se encargará de orientar la nueva disposición estatal en relación con la captación de valores del público.
“El plan de acción formulado por esta comisión deberá ser enviado por la Junta Directiva del Banco Crédito Agrícola de Cartago a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), a más tardar el 16 de junio del 2017”, escribió la administración, en comunicado de prensa.
Como justificación a la medida, el gobierno subrayó que “mantener el área comercial del Banco requeriría un enorme esfuerzo en materia presupuestaria”, ante lo que se determinó optar por mantener únicamente las operaciones que escapan de esa materia.
Entre ellas, la administración destacó campos como la gestión de fideicomisos, la recaudación de impuestos y la administración de las tiendas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); así como el funcionamiento de las tarjetas prepagadas y de los servicios tecnológicos y logísticos que brinda el Banco a otras instituciones públicas y privadas.
Al respecto, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, subrayó que la decisión no representa un cierre de la entidad estatal, misma que “continuará operando, cobrando créditos pendientes y pagando a sus acreedores”.
Además, señaló que la decisión no afectará a deudores y demás clientes del banco, quienes tendrán que “seguir pagando sus cuotas” y podrán “tener total tranquilidad de que Bancrédito les pagará lo adeudado a tiempo”.
Por otra parte, el Gobierno además señaló que continúa respaldando a la Junta Directiva del Banco, misma que -según Alfaro- “ha realizado todos los esfuerzos requeridos para corregir la situación de liquidez del banco”, pero ha enfrentado condiciones que requirieron la nueva salida.
Sólo en 2016, las ganancias de Bancrédito habían caído un 80% y su morosidad había rozado el 3%, cifra sumamente cercana al borde de lo permitido por la propia SUGEF.
Al respecto, los auditores ya habían expresado que, de no adoptarse medidas de calado, se tornaría incierta la continuidad de la institución, puesto que “la generación de utilidades” representaba “un nivel de incertidumbre material”.
Precisamente sobre esta situación, el Gobierno solicitó a la Junta Directiva bancaria “ordenar una investigación exhaustiva e independiente que determine las causas que llevaron a la entidad a la actual situación de fragilidad financiera”, misma que deberá ser presentada ante el Consejo de Gobierno a más tardar durante el último trimestre del año
Acciones intermedias
Por el momento, el Gobierno anunció que el Banco ya ejecutaba un plan de movilidad laboral “desde hace varios meses”, en vista de la reducción de funciones que sufrirá el mecanismo estatal.
En esta línea, el ministro Alfaro además explicó que con la decisión “no habrá un cese repentino de la planilla”; sino que la movilidad será “paulatina y en la medida de lo necesario”.
Además, la administración indicó que la transición se realizará a través de un proceso de “acompañamiento”, que además contará con “la posible recolocación de personas”.
En cuanto a los clientes, el gobierno además detalló que las oficinas del Banco -ubicadas en Cartago y en San José- permanecerán abiertas durante el fin de semana, de forma que las personas interesadas puedan “acercarse a aclarar sus dudas sobre el proceso o a realizar operaciones ordinarias” en horario regular.
