Hasta un 45% de la población de Costa Rica vive presionada por la pobreza en una sociedad más de desigual que nunca y con un entorno económico en que la recuperación económica pos pandemia deja atrás la generación de empleos accesibles para la mayoría, mientras se reduce la capacidad del Estado de atender a los hogares que necesitan ayuda para satisfacer sus necesidades básicas.
Esta es una fotografía general que presentó el informe Estado de la Nación 2022 este miércoles como una muestra del progresivo deterioro del “contrato social” plasmado en la Constitución Política, lo que trae riesgos adicionales para un sistema democrático que resiste a pesar de la falta de soluciones y de la severa crisis de representatividad centrada en los partidos políticos.
Estas conclusiones extrae el equipo de investigación del PEN basado en los indicadores disponibles del 2022 y los datos definitivos del 2021 que muestran una salida “lenta, insuficiente e incierta” tras el golpe pandémico. Siguen vigentes los daños de repercusiones históricos señalados por el Informe del 2021, cuando se dejaba planteada la interrogante por la duración que tendrían y las posibles medicinas para problemas que, en la realidad, vienen desde años atrás, como se advirtió en 2019, cuando ya se señalaba que el país no tenía margen de error para salir del mal camino.
Ahora no hay duda: se están destrozando las condiciones sociales de los hogares que han permitido al país presentarse ante el mundo como una casa de bienestar. Al contrario, la pauperización del país provoca un sólido malestar con el funcionamiento del Estado y un hambre de reformas políticas que por fortuna aún siguen buscándose dentro del sistema electoral, sin que esté libre de peligros.
Prueba y error
La búsqueda de soluciones dentro de la democracia hace que la población aumente la volatilidad en el apoyo electoral a los partidos políticos, al punto de que un 65% de los costarricenses votó en 2022 por un partido diferente al que escogieron en 2018, en el mayor viraje de electores registrado desde los años 50. Esa propensión a la volatilidad es aún mayor en los distritos donde hay más desigualdad social, reporta el Informe tras hacer las comparaciones geográficas.
Mientras tanto, otra de las banderas del país también sufre retrocesos: el compromiso con la naturaleza. Esto, porque el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) perdió desde 2020 un tercio de sus ingresos y porque el mecanismo de financiamiento estatal de protección de bosques registró en 2021 sufrió un golpe severo y redujo un 87% el área de cobertura, por el golpe a las fuentes de ingresos de ambos programas. Es bueno que aumentó la superficie con declaratoria de protección en el año pasado, por nuevas disposiciones en el mar, pero el Estado no tiene la capacidad institucional ni los recursos para un real resguardo de esas áreas; antes había un guardaparque por cada 5.330 hectáreas y ahora hay uno por cada 32.700 hectáreas, una inmensidad.
“Hay evidencias de un progresivo abandono del contrato social plasmado en la Constitución Política, esa que dice a grandes rasgos que es una democracia con un Estado fuerte que debe buscar generar riqueza con justa distribución y en armonía con el ambiente”, dijo Leonardo Merino, coordinador del Informe Estado de la Nación. Se refirió a una “normalización” de los malos resultados en el modo de vida de las mayorías, pero también a los espacios disponibles para las acciones políticas que respondan a los problemas dentro de las reglas democráticas.
Mientras las encuestas insisten en que la mayoría de la población considera que la mayor preocupación es la situación económica de los hogares, el Informe Estado de la Nación 2022 apunta a un “retroceso” reflejado en dos indicadores duros: la pobreza en 23% y la mayor desigualdad desde los años 80. El contexto, sin embargo, ayuda a dimensionar el tamaño del problema, pues los aprietos económicos y el riesgo de no satisfacer las necesidades no son exclusivos de los hogares que está formalmente bajo la línea de pobreza establecida en la medición del Instituto de Estadística y censos (INEC).
Hay miles de hogares vulnerables, que un año están en pobreza y al año siguiente salen con el riesgo de volver a caer. Por ejemplo, uno de cada 10 hogares en 2021 era pobre y dejó de serlo en 2020, técnicamente. Así es como el Informe Estado de la Nación señala que aunque el promedio de pobreza en el país es 23%, las carencias afectan a un 35% de la población o hasta un 45%, según el umbral que se utilice para calcularlo. Son más de 350.000 hogares en apuros para llegar a fin de mes. Este dato incluso podría ser mayor a la mitad de la población rural, pues el indicador oficial de pobreza en ese grupo supera el 28% y la cantidad de familias vulnerables es proporcional.
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Economía cuesta arriba
Las posibilidades de los hogares de salirse de los rangos de presión por pobreza son reducidas, pues el empleo anclado en alrededor de 12% empeora según qué segmentos de la población: zonas rurales, jóvenes y mujeres. “Al primer trimestre del 2022 los únicos indicadores laborales prepandemia que se han recuperado en el país son los empleos de personas calificadas y las personas mayores de 35 años”, indica un resumen del Informe.
El rebote de la economía en 2021 después de la contracción en 2020 también ha sido desigual y no trajo aparejada una recuperación de los empleos, producto de una “profunda desconexión entre producción y mercado de trabajo”. Uno de cada 16 empleos que existían antes del Covid-19 no se ha recuperado aún y algunas personas han optado por “trabajo independiente”, con ingresos inferiores a un salario mínimo, casi se sobrevivencia. Además hubo personas que no aparecen registrados como desempleados, pero es porque decidieron dejar de buscar empleo y ahora están fuera del mercado laboral.
El sector agrícola, fábricas, actividades profesionales, enseñanza y salud representan el 47% del empleo total del país, pero son las zonas francas las más dinámicas. Crecieron 25% en 2021 mientras ese sector tradicional lo hizo al 9%, aunque este representa un 88% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera mayores encadenamientos.
Esta diferencia entre el mundo de las zonas francas y del “régimen definitivo” la ha señalado el PEN desde años atrás, pero en los últimos años se ha evidenciado con más claridad e incluso con la pandemia, con menores perjuicios y mayor rapidez para reconstituirse de la manos de exportaciones no tradicionales, como las de dispositivos médicos, áreas donde se emplean sobre todo personas con mayores habilidades, capacitación o estudios.
Mientras tanto, otros sectores donde pueden trabajar personas menos calificadas están a la baja. Se nota en la construcción pública, pues Costa Rica invierte relativamente ahora menos que en los primeros años de la década de los 90. En los últimos 12 años la inversión pasó de representar 5,1% del PIB a la mitad, un 2,6%, con el problema adicional de que se financia la mitad con deuda y que el impacto en la competitividad del país es limitado, lo cual minimiza el efecto sobre el crecimiento económico.
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Estado debilitado
La inversión del Estado en infraestructura está restringida por las capacidades de los presupuestos públicos estrujados por el crecimiento de la deuda un 12% en solo año, lo cual incrementó el pago de intereses, rubro que significó 41% del aumento del gasto del Gobierno en 2021. La estabilidad fiscal, reflejada en la reducción del déficit de 8% del PIB a un 5%, no alcanza a mejorar el paisaje general de las finanzas públicas, lo que implica limitaciones del Gobierno para asistir a la población rezagada por la economía y ahora golpeada por el fuerte encarecimiento de bienes y servicios básicos.
En momentos en que más se requiere la asistencia estatal, la inversión social mediante el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) se redujo 7% entre 2020 y 2021, en buena medida a la caída de 13% en el presupuesto institucional por el freno en las fuentes de ingreso ligadas a la actividad económica. Si se compara con 2019, Fodesaf ha perdido una quinta parte del dinero necesario para la asistencia de población necesitada. Se registran recortes en la red de cuido infantil, en bonos de vivienda y seguro de salud financiado con cargo al Estado.
En el efecto cadena también paga factura la CCSS, perjudicada en sus ingresos por las tendencias de empleo del país, con un crecimiento de la informalidad, y en sus gastos por la atención de la pandemia y por la tendencia en enfermedades crónicas, además del envejecimiento poblacional. Independientemente de la calidad y suficiencia de sus servicios, la institución cubre a 91% de la población, un porcentaje considerado alto como promedio nacional, pero se reduce a menos de 70% si se consideran solo trabajadores de las empresas más pequeñas, trabajadores por cuenta propia, nacidos fuera de Costa Rica, empleados del sector informal o desempleados.
Todo este marco de exclusión social se refleja en el empeoramiento de la situación de asentamientos informales en relación con el 2019, de acuerdo con la descripción hecha por el equipo de investigación en comunidades de Purral (Goicoechea), Guararí (Heredia), Alajuelita, San Ramón y La Carpio (San José). Ante la elevada insuficiencia material, se alimentan de peor manera y con exceso de harinas. A la pérdida de empleos se sumó también la interrupción del acceso a la educación, lo que indica un probable impacto a largo plazo.
Otra área en que se refleja la desintegración social es la persistente alta tasa de homicidios, cuyo ponderado nacional supera 11 por cada 100.000 habitantes, por encima de lo que las organizaciones sanitarias mundiales consideran “epidemia” y con un problema adicional: según qué zonas del país es mayor la incidencia de asesinatos. Las provincias Limón y Puntarenas sufren una tasa más alta, sobre todo en distritos como Limón centro, El Roble y Chacarita (Puntarenas centro).
