Desigualdades crecientes o resistentes, rezagos en los sectores donde trabaja más gente, erosión del apoyo a la democracia y una crisis fiscal sobre la que apenas flotamos. El país aún tiene reservas para enderezar el rumbo antes de un shock, pero el momento es muy delicado.
Costa Rica cumple 70 años de su era constitucional convertido en un país aún estable, pero en un momento delicado y amenazado por un cóctel de indicadores o tendencias desfavorables en lo económico, lo social y lo político.
El riesgo de una detonación en su bien reputado sistema democrático exige respuestas cuidadosas y urgentes para evitar que se acelere el deterioro en el desarrollo humano o crezcan las desigualdades por riqueza, geografía o sector productivo.
Todos los estratos sociales han visto reducirse sus ingresos por trabajo, mientras los más pobres se sostienen con ayudas que el Estado otorga con un alto costo, con fuertes aprietos fiscales y con una economía frenada que no se empata con la generación de empleos. Hay más obstáculos en los sectores donde hay más trabajadores.
El convulso 2018 en Costa Rica ya mostró las tensiones acumuladas y las limitaciones instaladas en el Gobierno, pero también la capacidad de respuesta del sistema político para evitar que se quiebre la convivencia democrática. La ventaja es que aún hay margen de maniobra; la desventaja es que cada vez se reduce más.
Este es el paisaje que pinta el Informe 2019 del Estado de la Nación, presentado esta semana con un acumulado de diagnósticos que se cruzan entre sí y que permiten concluir que no hay margen de error, que tendrá serias repercusiones en el futuro lo que ahora pase, se haga o se omita.
Por eso los autores del Informe, a cargo del Proyecto Estado de la Nación (PEN, dependiente del Consejo Nacional de Rectores, Conare), señalan que “la responsabilidad histórica de los actores es muy grande” ahora que Costa Rica se acerca a cumplir 200 años de vida independiente, en el 2021.
“La situación es, pues, extremadamente delicada, ya que esta coyuntura funde la historia reciente y funda, a la vez, el futuro que aguarda”, se lee en el capítulo inicial, que funciona como sinopsis de los análisis de las diversas áreas.
La tarea es crítica porque, como indican los investigadores, debe ir más allá de la necesaria (y compleja) reactivación económica que reiteran en sus demandas sectores privados, políticos opositores y la población particular, con un difícil contexto internacional.
CONECTAR Y CONJUNTAR
“Sin duda la reactivación es central, pero por sí misma no resuelve la desconexión entre crecimiento y empleo propio de la estructura productiva del país, ni las brechas de productividad entre sectores y regiones”, se concluye en el informe. Eso luego de analizar la manera desigual en que se comportan los distintos sectores y el impacto que cada uno tiene en el empleo, ahora que la tasa de desempleados ronda los máximos en diez años.
Es alta la concentración económica en la Gran Área Metropolitana (GAM), aunque representa el 3,8% de la superficie del país. Si se le suman los alrededores inmediatos, agrupa la mayor parte del parque empresarial formal (65%) y de las ventas (82%), muy por encima del peso poblacional de la GAM.
En contraste, el resto de regiones del país recogen solo el 18% de las ventas de la economía formal, aunque ahí reside el 38% de la población nacional, señala el informe basado en datos 2005-2017 de una herramienta instalada en el Banco Central llamada Registro de Variables Económicas (Revec).
Más de cerca, nueve de los 82 cantones del país concentran casi la mitad de las empresas; destaca San José con el mayor número de negocios, 12.990. En las demás regiones la cantidad es inferior a 6.500 en cada una, detallan.
La observación más detallada permitió ver también un impacto diferente por regiones ante la desaceleración económica de años recientes, aunque no se contó con los datos del 2018.
En las dos regiones centrales (GAM-Central y Central-Periferia), así como en la Chorotega, el frenazo económico fue más fuerte, pues en 2017 perdieron más de la mitad del crecimiento del año previo. Estas tres regiones comprenden el grueso de la economía costarricense, con 89% de las ventas.
Peor la pasaron la Huetar Norte y la Pacífico Central, pues la producción en 2017 prácticamente se estancó, con un dinamismo inferior al 1%. Estas regiones alojaron también numerosas protestas contra el Gobierno en este año y medio, y en los comicios de 2018 mostraron también un alto contraste con las preferencias electorales del centro del país.
Con una perspectiva de crecimiento nacional que podría ser la más baja en diez años, Costa Rica acusa, en general, brechas por sectores productivos, con el problema de que la mayoría de empleos se concentran en las actividades menos dinámicas.
La caída en el dinamismo ha sido más severa en el régimen de empresas más comunes, casi estancado en 0% entre 2015 y 2018, mientras el crecimiento ha sido mucho mejor en las compañías instaladas en zonas francas, donde gozan de beneficios fiscales.
“La desaceleración está golpeando con más fuerza las actividades que emplean a la mayor parte de la población, y además a las que, desde el punto de vista del fomento productivo, han sido más desatendidas por sucesivos gobiernos”, apunta el informe.
Esto generó una desconexión porque los sectores de alta productividad, más vinculados a mercados internacionales, tienen un peso menor y más concentrado en la demanda de trabajadores.
EMPLEO DESFASADO
EMPLEO DESFASADOPor eso desde el año 2000 crece la brecha entre el crecimiento de la economía y la del empleo, pero alcanzó su mayor punto en el último cuatrienio. La diferencia es aún mayor al observar el comportamiento del empleo no calificado, el que queda para las personas sin estudios. Este rubro acumula ya diez años sin crecer nada y más bien el salto acumulado es negativo.
Los datos recopilados por el Informe desde 2012 hasta el 2018 muestran una caída en las tasas de ocupación de grupos como jóvenes, mujeres, personas con pocos o nulos estudios o en condiciones de informalidad o precariedad laboral.
De ahí parten los investigadores para señalar el desafío de Costa Rica de activar sus economías internas de manera que respondan a la oferta laboral; aunque la tendencia apunta a la transformación del tipo de empleos, como ocurre también fuera de las fronteras.
El problema es que en el empleo formal la demanda del mercado se ubica sobre todo en la región Central y está estancada, lo cual reproduce las brechas de ingreso, geográficas y de género, y hace prever que empeorará la calidad laboral.
Y un problema adicional: la crisis fiscal del país le impide al Gobierno absorber de manera masiva a los trabajadores en busca de empleo o activar sectores de la economía que tuvieran ese efecto.
La inversión pública en capital es reducida (7% del gasto) porque la mayor parte del presupuesto público se gasta en transferencias y remuneraciones (72% entre ambos). Mientras que en los últimos años se ha elevado más y más el monto de dinero que se utiliza para pagar intereses, dado el incremento en la deuda en la última década.
“La implementación de una política fiscal expansiva tras la crisis de 2008-2009, que incrementó la remuneración de los empleados del sector público y las transferencias corrientes, disparó de forma acelerada el gasto público. Entre 2009 y 2018, el gasto total del Gobierno creció en términos reales de ¢5,2 a 7 billones, mientras los ingresos solo aumentaron de ¢4,2 a 5 billones”, cita el informe.
En ese mismo período la deuda pública pasó de representar un 24% del PIB a un riesgoso 54% del PIB y el desfase entre ingresos y gastos, de 0% a 6%. La insuficiencia financiera del Gobierno casi explotó en 2018, mientras al mismo tiempo se impulsaba la reforma fiscal gracias a alianzas con otros partidos y a pesar del rechazo de un sector de la población, lo que incrementó las protestas en las calles.
El Informe del PEN recoge que la mezcla de tensiones políticas por la reforma fiscal (aprobada en diciembre 2018) y por las demandas de grupos tradicionalmente desatendidos por décadas, sobre todo en las regiones periféricas, propiciaron escenarios de conflicto que rápidamente pusieron fin a la calma que se registró en el cuatrienio 2014-2017.
DESCONFIANZA
En frente, el gobierno de Carlos Alvarado intentó responder desde su debilidad de origen, después de los turbulentos comicios de febrero 2018. Con apenas diez diputados y un gabinete heterogéneo, el mandatario vio cómo en su primer año hubo el triple de las protestas que enfrentó su antecesor Luis Guillermo Solís en todo el cuatrienio. La mayor movilización: la larga huelga que culminaron los maestros apenas para irse a vacaciones de fin de año.
La conflictividad social del 2018 hizo recordar la que se vivió en 2007 por el TLC, en 2004 contra la revisión técnica de vehículos, en 2000 del “Combo del ICE” y en 1995 por la huelga de maestros en el gobierno de Figueres, según el registro que lleva el PEN.
Los investigadores resaltan la manera en que se sorteó el año 2018, en buena medida por los acuerdos políticos entre Gobierno y diputados opositores que permitieron aprobar la reforma fiscal y otros proyectos sustantivos, aunque la situación de la finanzas públicas sigue siendo delicada.
Esto demuestra, resaltan, que existen caminos posibles para resolver los problemas, incluso los de mayor calado y de más impacto sobre las áreas complejas, antes de que se deteriore más el apoyo al sistema democrático; porque ya se ha deteriorado.
Con base en datos de las encuestas del Barómetro de las Américas, de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, el PEN captó la evolución de las actitudes democráticas de la población y concluye que se ha erosionado en este siglo.
Esa medición notó un descenso de los catalogados como “demócratas” y un aumento de lo “ambivalentes” (quienes tienen niveles intermedios de apoyo al sistema y de tolerancia política). Los primeros pasaron de ser 66% de la población a 44% y los segundos, de 10% a 28%.
“Esta evolución ha reducido sustancialmente la reserva de legitimidad democrática que tenía Costa Rica para sortear episodios críticos de inestabilidad interna y externa, y que le permitió enfrentar las agudas crisis económicas y políticas de los años ochenta del siglo XX. La pérdida de apoyo aumenta la vulnerabilidad de la democracia nacional en un momento histórico cargado de riesgos y amenazas”, apunta el estudio.
Lo bueno es que, subrayan los investigadores, el sistema político se comporta de manera resiliente, pues no se ha fracturado ni ha entrado en una situación de shock. “Ha logrado mantener la estabilidad económica y política, pese al fuerte crecimiento de la desigualdad social, las adversas condiciones de gobernanza, un lustro de bajo y decreciente dinamismo económico con poca generación de empleo formal y, en época reciente, los efectos de un severo desequilibrio fiscal”, resume el Informe.
Lo malo es que cada día avanzan las tendencias desfavorables y se agota el tiempo y las condiciones para buscar soluciones sostenibles en el tiempo, más allá de un efecto inmediato y pasajero.
“Una vez más la democracia costarricense está a prueba. El tiempo dirá si los actores políticos fueron capaces de diseñar y aplicar mecanismos para aumentar la legitimidad perdida”.
Las oportunidades visibles
Nadie previó el tipo de alianzas que se podían forjar entre el Ejecutivo y grupos políticos opositores a lo largo del atribulado 2018, pero los acuerdos alcanzados sugieren la existencia de formatos que pueden ser útiles para avanzar en reformas más allá de la contingencia fiscal, señala el informe del Estado de la Nación 2019.
“El sistema político reaccionó a tiempo para evitar una crisis. Si lo hizo en las peores circunstancias posibles, podría aprovecharse ese impulso para atacar los fundamentos sobre los que se construyó ese escenario”.
El documento también advierte la necesidad de que todos actores políticos eviten formas que provoquen una mayor escalada de tensiones.
Dentro de esa línea, se menciona conveniente adoptar formas de presión que no afecten a terceros, como sí lo hizo la extensa huelga de educadores del 2018. “Existe un amplio repertorio de lucha que partidos políticos, cámaras empresariales, sindicatos, cooperativas y asociaciones de vecinos pueden utilizar, sin causar daño a la población en general”, mencionan.
También, plantean crear espacios estructurados para el diálogo social, más allá de los fútiles mecanismos informales creados por el Gobierno durante el 2018 y 2019, además de procurar más claridad sobre las reglas de representación, los temas y el seguimiento de eventuales acuerdos.
Las municipalidades entran en escena
Dada las dificultades fiscales del Gobierno central y sus obstáculos para atender las necesidades particulares de las regiones, las municipalidades ganan importancia como actores de desarrollo para el país.
Los gobiernos locales, que han ganado relevancia en las últimas dos décadas y cuentan con más recursos que en el pasado, tienen un fuerte potencial en materia de inversión social y de ordenamiento territorial.
Esto concluyó el Informe Estado de la Nación 2019, presentado a solo tres meses de las nuevas elecciones de autoridades municipales en los 82 cantones del país.
“La Inversión Social Municipal (ISM) no solo puede contener los efectos de la desaceleración económica, complementando el financiamiento de los programas sociales, sino generar mejores condiciones para la actividad productiva de los cantones”, señala el informe, que detalla la ventaja del enfoque más preciso que pueden tener los gobiernos locales sobre las necesidades de la población.
Además, las municipalidades administran una cantidad alta de recursos; en 2018 la ISM representó el 32,6% de la inversión social focalizada que realizó Gobierno Central.
Sobre el ordenamiento territorial también hay oportunidades. “La gestión ordenada de los territorios contribuye a disminuir los conflictos por el uso de los recursos y los impactos ambientales”, lo cual puede incidir sobre el clima de negocios de una zona.
Sin embargo, los investigadores advierten sobre la necesidad de mejorar la estructura de gestión de la ISM para hacerla más flexible y eficaz.
También es materia pendiente aprobar, completar o actualizar los planes reguladores cantonales, pues casi todos los cantones tienen su área descubierta o normada con realidades de décadas atrás.
Empresas que nacen y nunca crecen, un flanco débil para “reactivar” la economía
El Estado de la Nación le llama “raquitismo crónico” y la frase es bastante gráfica: empresas que nacen y no crecen, que sobreviven estancadas o que, en el peor de los casos, mueren desnutridas al poco tiempo sin haber generado la riqueza esperada por sus dueños o las fuentes de empleo que tanto urgen ahora.
Esta es la realidad de muchas microempresas o pequeñas empresas, que enfrentan dificultades grandes de dar el salto a otras escalas de producción e impactar así en la economía. Es, por tanto, un signo de interrogación sobre la idea de promover emprendimientos a diestra y siniestra.
Los números muestran que es alta la probabilidad de morir para las microempresas (menos de diez empleados) que en menos de diez años no logran crecer y convertirse al menos en pequeñas (de 11 a 35 trabajadores). Solo la mitad sobrevive.
El plazo de cinco años lo alcanza solo el 61% de las microempresas, mientras esta probabilidad sube a 95% para las grandes empresas en ese período y es de 88% para las medianas.
También hay otro factor que incide en la “expectativa de vida” de una empresa: el lugar donde se localiza. En periferia del GAM, la región brunca, Chorotega y Pacífico Central menos de 46% de ellas logran cumplir los diez años. ¿Dónde viven más? En el GAM: 54%.
La conclusión es clara: “las dificultades para hacer negocios en Costa Rica no afectan en la misma forma a todas las empresas. Los pequeños emprendimientos, las compañías nacionales que dedican sus ventas al mercado nacional, los sectores construcción y hotelero, y las regiones Chorotega y Pacífico Central son las que enfrentan las mayores adversidades para mantenerse en funcionamiento”.
Porque el problema no es solo el cierre de los negocios. Es su dificultad para crecer. Los investigadores dieron seguimientos a las empresas existentes en 2005 y observaron cómo estaban 12 años después. Encontraron que, de las microempresas sobrevivientes, el 88,5% tenía el mismo tamaño; y de las que eran pequeñas en 2005, un 31,5% se degradó a micro, un 48% se mantuvo y solo un 20% se expandió a mediana (de 36 a 100 empleados).
El promedio anual neto de creación de puestos de trabajo formales entre 2006 y 2016 fue de 5.700, una cantidad escasa, menciona el Informe.
Por eso los autores del Informe señalan que los esfuerzos económicos del país deben trascender la atracción de inversión extranjera y el impulso a las exportaciones; exige políticas de fomento para los sectores tradicionales, especialmente los ubicados fuera del área metropolitana.
El crecimiento de la economía en Costa Rica ha venido reduciéndose. Entre 2016 y 2017 pasó de 4,2% a 3%, como registra el Informe, aunque en 2018 fue 2,6% y para este 2019 el Banco Central proyecta cerrar casi en 2%.
El panorama se complica al ver las regiones, pues casi todas sufrieron una mayor caída entre 2016 y 2017 y solo la Brunca mejoró al pasar de 4,3% a 5,3%. La que más sufrió en términos relativos en ese momento fue la Huetar Norte, al bajar desde 11,9% a casi estancarse, con 0,6%.
Al observar los sectores, en años recientes el turismo ha aumentado su peso relativo en la economía nacional, pues en 2012 era 4,4% del PIB y en 2016 ya era 6,3%, cifra que se sostenía al cierre del 2018.
Esto trae una ventaja en regiones menos favorecidas, pues el 71% de la producción turística tiene algún nivel de encadenamiento; es decir, que genera oportunidades de negocios vinculados en servicios de comida o bebidas, alojamiento, comercio, operadores turísticos o desarrolladores inmobiliarios, además de transportistas.
Sin embargo, las pequeñas empresas hoteleras figuran también en la lista de las más propensas a estancarse o a cerrar en un plazo menor a los diez años.
