Un grupo de personas conformado por integrantes de organizaciones sociales, activistas, docentes, comunicadores, funcionarios del sector público, investigadores, economistas y abogados envió una carta al presidente Carlos Alvarado solicitándole tomar medidas para que el diálogo convocado por el Gobierno sea realmente efectivo y participativo.
El pasado 9 de agosto el Gobierno convocó al proceso “Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga”, y definió que tendría tres ejes temáticos: Finanzas públicas y acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), reactivación económica y creación y protección de empleos. También informó que el objetivo era “ampliar procesos para intercambiar con los diferentes sectores de la sociedad propuestas, recomendaciones y visiones en temáticas como finanzas, reactivación económica y empleo para enfrentar la emergencia nacional”.
Pero para el grupo de firmantes de la carta, “la imposición de una agenda preconcebida y atada a visiones e intereses tan limitados nos hace dudar del alcance y resultado del diálogo propuesto”. Afirman que “no habrá diálogo efectivo si la agenda se circunscribe, literalmente, a los temas propuestos solo por un determinado sector de la sociedad”.
Las personas están solicitando al mandatario que amplíe los temas y plazos a considerar en el diálogo, los cuales podrían definirse con una consulta.
Explicaron que esto no tiene por qué implicar una paralización de la toma de decisiones que urgen al país, ya que las agendas se pueden dosificar en el tiempo según las urgencias; por ejemplo: “una agenda inmediata para evitar una crisis humanitaria, con su respectivo financiamiento; una agenda de corto plazo con las reformas institucionales que permitan al país y al Estado enfrentar de la mejor manera esta y otras crisis venideras; y una agenda de mediano y largo plazo con reformas estructurales en lo económico, lo social, lo ambiental y lo fiscal; todas estas agendas debidamente articuladas”.
Asimismo, quieren que se reconozca la diversidad de los sectores participantes, “con posiciones muchas veces diferentes y hasta opuestas, en los temas específicos y en las visiones y los objetivos sobre el tipo de sociedad que queremos construir”. “Esta realidad estará presente en cualquier discusión sobre temas particulares (fiscal, monetario, empleo, equidad) y no es conveniente ni sano ocultarla”, agregaron.
También dicen que entienden la premura del Gobierno por contar con recursos externos para el financiamiento del déficit fiscal amplificado por la pandemia, pero que les preocupa que el acuerdo con el FMI cierre posibilidades de negociación en materia de políticas productivas y sectoriales.
Por último, sobre el proceso, solicitan que se defina un mecanismo claro y democrático de toma de decisiones, de control de acuerdos y de seguimiento y fiscalización de su puesta en práctica y que se conformen equipos plurales que actúen como moderadores y sistematicen las propuestas.