El oficialista Enrique Sánchez, anteriormente opuesto al proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336) por la inclusión de una “cláusula” de objeción de conciencia, aseguró que los magistrados dejaron clara la aplicación de dicho artículo.
Sánchez fue uno de los diputados que se opuso a la objeción de conciencia públicamente, advirtiendo efectos sobre poblaciones minoritarias y vulnerables, como mujeres, minorías étnicas y la población sexualmente diversa LGBITQ+.
“Estoy seguro que quienes tenían dudas sobre el tema de la negociación colectiva encuentran, en la resolución, elementos para ampliar ese análisis y discusión. Quienes tenemos dudas sobre la objeción de conciencia también encontramos en la resolución de la Sala mayores elementos para ampliar la discusión”, dijo Sánchez en plenario, antes de votar el informe de mayoría de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad.
“El artículo no fue declarado inconstitucional en un voto de mayoría”, dijo mientras presentaba el tema.
Se refirió a que “La declaración jurada (que tendrían que presentar las personas funcionarias públicas) no es un elemento laxo porque tiene consecuencias y procedimientos”. Defendió que habrían “efectos jurídicos y penales” si las personas no declaran de forma adecuada, como lo mencionan dos votos de minoría.
También, a la hora de aprobar la declaración jurada “debe existir la valoración y ponderación de derechos en juego, ponderación de los derechos”, según dijo el oficialista.
Sánchez acusó al voto mayoritario de incluir “indefiniciones” sobre la objeción de conciencia pero, al mismo tiempo, dijo que “por dicha son aclaradas en los dos votos de minoría que tiene el fallo”.
Pese a que no se posicionó sobre su voto en el siguiente paso del proyecto, su primer debate, votará a favor de un informe mayoritario de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad que no cambia la integralidad del proyecto.
La Comisión de Consultas recomienda únicamente cambiar 12 artículos del proyecto con un estribillo que saca parte de los funcionarios públicos de la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplan). Según esta redacción, saldrían de la rectoría las personas “exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa”.
“Como hoy lo que estamos votando es cómo este plenario decide resguardar las autonomías constitucionales es por lo que yo voto favorablemente el informe de Consultas de Constitucionalidad (…) Llegará el proceso de consultas institucionales y el proceso de discusión para determinar si fue la ruta adecuada para solventar este tema en concreto”, defendió el diputado Enrique Sánchez su voto afirmativo.
Sánchez llamó la solución que definió la Comisión de Consultas de Constitucionalidad como la “más segura”.
Previo a la participación de Sánchez, el procedimiento de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad también fue defendido por la jefa del PAC, Laura Guido, miembro de dicho órgano de la Asamblea Legislativa. En el otro extremo, la otrora oficialista Paola Vega habló en contra del procedimiento, entre otros, por mantener la “cláusula” de objeción de conciencia.
Empleo Público es innecesario para segundo desembolso del FMI y así lo planificó Gobierno, asegura Paola Vega
Vega dijo que “antes de haber salido del oficialismo” el Gobierno daba por “clarísimo, que el Fondo iba a dar el segundo desembolso” del préstamo de $1.775 millones
