La otrora diputada oficialista, Paola Vega, denunció este lunes en plenario que el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336) es innecesario para el segundo desembolso de un préstamo de $1.775 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Gobierno ha mantenido en medios de comunicación que el dinero del FMI peligra sin la aprobación del proyecto de ley, aún cuando ya giró el primer tracto del préstamo.
“Se dice ahora que este proyecto es necesario para el desembolso del Fondo Monetario y eso es absolutamente falso. Antes de haber salido del oficialismo se decía, y era clarísimo, que el Fondo iba a dar el segundo desembolso sabiendo, porque no teníamos certeza del voto de la Sala, que era casi que imposible sacar Empleo Público este año. Eso nos lo dijeron a nosotros y, ahora, que cambien la versión y que diga que se necesita la aprobación de este proyecto para el segundo desembolso es absolutamente falso y es inmoral. Inmoral”, dijo Paola Vega este lunes en el plenario.
El pleno de 57 diputados tiene que votar este lunes por uno de los dos dictámenes de Empleo Público. El informe de mayoría, blindado por la fracción mayoritaria de Liberación Nacional, es el que establece una exclusión parcial del personal, que sea “exclusivo y excluyente”. El informe de minoría, liderado por el socialcristiano Pedro Muñoz, pide que se devuelva a Comisión de Gobierno para arreglar el texto de ley.
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Durante su intervención, la diputada Vega acusó que en el arreglo del informe de mayoría se inventaron un nombre para los entes públicos autónomos que están excluidos y que los diputados no tienen claro aún que “cada entidad tiene su particular autonomía, con distintos alcances”.
Vega también se quejó de que los diputados votarán por la “clausula” de objeción de conciencia que ingresó al proyecto de ley durante la negociación con los diputados de corte religioso y conservador. La diputada Vega llamó “violadora de derechos humanos” a esta condición que le permitiría a las personas funcionarias públicas que rechacen capacitaciones “cuando se vulneren sus convicciones religiosas, éticas y morales”. Activistas feministas, de la diversidad sexual y de minorías étnicas, entre otros, han advertido que sin formación en temas específicos, la cláusula abriría puertas para un trato diferenciado de las personas que solicitan servicios públicos.
“Cualquier persona que le dé el voto a Empleo Público, está dándole el voto a la opción de discriminar”, acusó Vega.
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Vega sostuvo que el proyecto de Empleo Público del Ejecutivo es un “Leviatán jurídico que pone en riesgo todas las independencias”. La diputada también acusó que no existe un referente del salario mínimo que se pagará con la aprobación de Empleo Público y la aplicación del salario global; asimismo dijo que no se cuenta con dinero para pagar la transición entre los salarios compuestos y el salario global que tendría que definir el Ministerio de Planificación (Mideplan).
“Se deja a funcionarios en vulnerabilidad e incertidumbre jurídica. Seguimos sin saber con qué contenido presupuestario se va a aplicar esta ley”, aseguró Vega también.
La votación de este lunes debe realizarse antes de las 6 p. m.
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