El director regional del Área de Conservación Pacífico Central, Jeffrey Hernández, fue el funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación que planteó a la Sala Constitucional priorizar el equilibrio ambiental ante la presión turística sobre el parque nacional Manuel Antonio, tras lo cual los magistrados ordenaron pasar de 3.000 a 1.120 el tope diario ante la molestia del Gobierno y el anunció de una investigación contra él por presunta desobediencia.
“Las valoraciones previas a tomar la decisión de ampliar la capacidad de carga del Parque Nacional Manuel Antonio deben ir en primer lugar, tal y como lo señala nuestra visión, de la mano de la buena y sana técnica, con fundamentos que sustenten que dicha carga para el Área Silvestre Protegida puede ser sostenida y sustentada”, contestó Hernández a los magistrados en una respuesta que rechazó el presidente Rodrigo Chaves y su ministro de Ambiente, Franz Tattenbach.
Aunque Hernández consideró que hay acciones pertinentes y pidió a los magistrados rechazar el recurso de amparo que finalmente acogieron contra el exceso de visitación en Manuel Antonio, el funcionario señaló la necesidad de tomar decisiones “en aras de prestar un buen servicio a los visitantes, pero igualmente en el buen manejo y uso que se hace de ese valioso recurso natural, para el bienestar de las actuales y futuras generaciones, tal y como se apunta muy correctamente en nuestra misión”.
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En el escrito enviado el 5 de abril, Hernández advierte que su Dirección es obediente de los mandos superiores, pero también señaló la importancia de hacer ver los riesgos “a los cuales se expone a la Administración, la infraestructura y los funcionarios, al tomar decisiones apegadas a las demandas de un solo sector que, si bien es cierto es medular y de suma importancia para el país, no necesariamente obedece, quizás sesgadamente, a los intereses de nuestra razón de ser”, dijo en alusión al sector turístico y a los criterios fundacionales del SINAC.
Hernández, quien ahora enfrenta un órgano director junto a otras dos personas funcionarias del SINAC, envió la respuesta a la Sala Constitucional a solicitud de los propios magistrados en apego a la ley, aunque Tattenbach sostiene que debió obedecerle a él como superior jerárquico.
El director del Área de Conservación manifestó que no hay base legal ni técnica, ni tampoco capacidad presupuestaria y de personal, para que el parque nacional más visitado del país continúe recibiendo la visitación de 3000 personas diarias, como pretende el Ministerio.
Esa posición coincide con el planteamiento del recurso de amparo presentado por el ambientalista Christian Mata acogido por los magistrados. Tras su fallo en el mes de mayo, Chaves y Tattenbach anunciaron una intervención del Parque Nacional y planes de desarrollo obras que permitan elevar el límite de visitación diaria, con el argumento de que el turismo es esencial para la economía del cantón Quepos y alrededores.
Además de dudas jurídicas sobre el procedimiento de investigación interna anunciado por el Ministro, a Hernández y otros dos funcionarios lo acuerpan organizaciones defensoras del ambiente que han expresado su apoyo ante lo que algunos consideran es una persecución en contra de ellos.
