Tras el fallo de la Sala constitucional que ordenó reducir a un tercio la visitación diaria de turistas en el parque nacional Manuel Antonio, el Gobierno central decidió una intervención del manejo administrativo del principal atractivo natural del país y anunció una investigación contra tres funcionarios que expresaron posiciones técnicas distintas de una orden del ministro de Ambiente, Franz Tattenbach.
Esta fue la reacción del Ejecutivo después de que el presidente Rodrigo Chaves expresó “incomodidad” con la sentencia constitucional que dio la razón a un ecologista preocupado por el impacto humano sobre el recurso natural del parque nacional ubicado en Quepos, el más visitado de Costa Rica con casi 400.000 por año.
Según Chaves, la protección ambiental pretendida al reducir la visitación de 3.000 a 1.120 turistas, viene en detrimento del beneficio económico de la población de la zona.
En paralelo, tres funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) enfrentan una investigación porque supuestamente emitieron sus criterios técnicos a la Sala Constitucional cuando se conocía el recurso de amparo, en presunto incumplimiento de la orden del jerarca político. “Tiene que haber disciplina y la respuesta debe ser coordinada”, justificó el Ministro.
Ahora el Ministerio de Ambiente encargará a un grupo provisional el desarrollo de trabajos de infraestructura para atender a más turistas, pues Tattebanch asegura que se han recibido reportes de problemas administrativos hasta ahora.
El Parque se maneja con una coadministración entre el SINAC y una Junta Directiva, que tiene judicializado el funcionamiento, como recordó el MINAE. “Sin embargo, la dotación de personal, administración, desarrollo de infraestructura, conservación y gestión administrativa, está bajo la competencia del SINAC”, agregó.
