En conferencia de prensa esta mañana la presidenta ejecutiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Karla Montero, hizo un “respetuoso pero vehemente llamado” para que en instancias judiciales “se impongan penas y medidas cautelares lo suficientemente fuertes, acorde con la dimensión” que considera tiene el problema del robo de combustible.
Según se informó, desde que en junio de 2020 entró en vigencia la Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas (No. 9852), Recope ha presentado 703 denuncias ante las autoridades judiciales y actualmente se mantienen activos 444 sin resolver, pero “la preocupación aumenta al constatar que solo 33 personas han sido sentenciadas”.
Esa ley establece penas entre uno a 15 años de prisión para quienes incurran en el robo de combustible, el transporte y la distribución ilegal y receptación de combustibles, es decir, recibir, almacenar u ocultar combustible consciente de su origen ilegal.
La legislación además dispone aumentos en las penas en aquellos casos en que exista peligro para la salud o la vida de las personas, daño ambiental, delincuencia organizada o participación de personas que ejerzan funciones públicas.
Montero aseveró que Recope “está haciendo todo lo humanamente posible para evitar una repercusión en el suministro de combustibles o un impacto en la vida o la salud de las personas y en el ambiente en las zonas afectadas por el robo de combustible, pero está claro que no podemos solos y necesitamos de la colaboración de todos. El buen trabajo que hemos realizado con el Ministerio de Seguridad (MSP), el OIJ y la Fiscalía ha quedado más que demostrado, pero, entre todos detenemos a los sospechosos y a las horas ellos quedan libres”.
En la conferencia de prensa participó Francisco Velásquez, de la Sección de Hurtos del OIJ, quien destacó que en los dos últimos años se ha logrado establecer un equipo interdisciplinario con Recope, MSP, Ministerio Público y OIJ, “cuyo trabajo ha logrado una disminución de un 50% de casos que llegan al OIJ”.
Desde el MSP, el viceministro Manuel Jiménez Steller destacó para esa institución “es de suma importancia formar parte de la red de seguridad de la red de poliducto y combustibles, principalmente porque tenemos que tener claro que hay un riesgo altísimo para la población”.
Según dijo, cada vez que alguien construye una toma ilegal de combustible, “se pone en riesgo no sólo al sistema y el abastecimiento de combustible del país, sino a la población que vive cerca y a distancia media del lugar donde se da la toma”.
En segundo lugar señaló una “preocupación ambiental importante”, porque según dijo ese tipo de tomas “se hacen sin tomar precauciones con el ambiente”.
Añadió que también se tiene interés porque “aquí hay crimen organizado involucrado, la inversión que hay que hacer para instalar este tipo de sistemas, la red de trasiego y distribución del combustible necesariamente implica que hay organizaciones criminales detrás de esto”.
“No descartamos que gran parte de este combustible termine en manos del narcotráfico para financiar actividades ilícitas”, acotó.
Jiménez Steller informó que este año se ha detenido a doce personas y decomisado cinco mil litros de combustible.
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