La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) espera un freno legal a la oleada de robos de combustible que acumula cuatro años y ¢8.500 millones.
Recope apoya la aprobación de una ley que sanciona con seis meses a 15 años de prisión a quienes participen desde dañar tuberías hasta la distribución ilegal de los combustibles.
El presidente de Recope, Alejandro Muñoz, explicó a UNIVERSIDAD que los robos comenzaron con un mismo patrón en el 2016; anteriormente, los robos eran “pocos” y “muy eventuales”.
“En el 2016 se empezó a sentir que era más consistente. En el 2017, se detectó que era crimen organizado porque el asunto era muy serio. Es muy diferente la toma casera, del ladronzuelo de comunidad o barrio, que deja chorreando el combustible y se lleva las pichingas que puede”, explicó Muñoz.
Recope y las autoridades policiales determinaron que “por el tipo de tomas que hacían”, el robo era profesional porque eran “copias exactas de lo que se hace en Colombia”.
Esto implica alquileres de terrenos, fincas, casas, “mangueras de hasta 800 metros, o un kilómetro, para no sospechar que la bodega estaba en otro lado o adentro en la montaña”.
“El crimen organizado pone tomas, mangueras especiales, alquilan casas, bodegas, tienen camiones para llevar el combustible. Los robos son exagerados”, afirma.
Según los datos más recientes de Recope, los robos en cuatro años acumulan los 16.700 metros cúbicos de combustibles. Un 48% de los robos corresponden a diésel y un 34% a Jet-A-1 (que se usa en aeronaves).
Muñoz dice conocen que se está usando el combustible para la “movilización de la droga, por tierra, mar o aviones”.
No obstante, tampoco se puede descartar que se esté utilizando el diésel para procesar cocaína, porque el proceso de producción lo utiliza como disolvente de las hojas.
Dada la gravedad de la situación, la ley que tramita la Asamblea Legislativa reúne dos proyectos de ley que iniciaron con objetivos diferentes, en distintas comisiones: uno sobre el robo, los daños a las tuberías y su impacto ambiental (que se trabajó en la Comisión de Ambiente) y, el segundo, sobre el “contrabando” (en la Comisión de Seguridad).
El texto recibió aportes de Recope, la Corte Suprema de Justicia, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
Los diputados avanzaron en la discusión del proyecto, este jueves. En su primer debate, el plan recibió el apoyo unánime de los 45 diputados presentes en el plenario.
Sanciones son para toda la línea del crimen
La Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo, hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos (expediente 21.447) tipifica nueve delitos.
El “daño al Sistema Nacional de Combustibles” describe seis meses a cuatro años. Si el daño produce “un derrame de combustible derivados del petróleo, hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos” la pena subirá a ser de cuatro a seis años de prisión.
“El daño ambiental que es incalculable”, afirmó Muñoz a este semanario.
“(El combustible) lo absorbe la tierra, se va a los mantos acuíferos, daña el ambiente, daña los terrenos. En un caso tan serio como el Siquirres, el agua potable fue alcanzada por un robo que hubo, muy grande, y la gente estuvo sin agua varias semanas. 30.000 personas afectadas”, dijo el presidente de Recope.
Por otro lado, la ley describe el encadenamiento de delitos que van desde el transporte del combustible hasta la venta ilegal.
La acción de robar combustibles de Recope tiene penas de cinco a quince años de prisión.
El transporte del combustible robado tendrá uno a cuatro años de prisión.
Para quien “reciba, almacene, oculte o de cualquier otra forma tenga en su poder combustibles” que provengan ilegalmente de las tuberías de Recope, la pena será de dos a cinco años de prisión.
Esta misma pena será aplicada a quienes le den un “favorecimiento” a este tipo de combustibles. El delito lo realiza quien”destine, autorice, tolere, facilite, bienes muebles o inmuebles para la sustracción, apoderamiento, adquisición, almacenamiento, transporte, conservación, tenencia, venta, ofrecimiento, suministro o comercialización” del combustible ilegal.
“Robar combustibles es robarle al país. Es un bien del país, no de Recope. Robarlo también implica una fuga de capital de Recope pero, en realidad, a quien se le está haciendo daño con este tipo de crimen es al país”, afirmó Alejandro Muñoz.
Otros delitos que incluye la ley son la “introducción ilegal de combustibles” desde otros países. Es decir, si el ingreso del combustible o el vehículo con combustible no fue autorizado por Recope, el Ministerio de Ambiente y Energía, las autoridades aduaneras y fitosanitarias de los puntos de ingreso al país, la persona puede enfrentar una pena de tres a cinco años de prisión.
Daños a los marcadores de hidrocarburos de Recope o de los sistemas e instrumentos que tiene la institución tendrán penas entre uno y ocho años de prisión.
La venta ilegal de combustibles para la pesca también tiene su propia pena, por tres a cinco años de prisión. Esta pena podría aumentar “un tercio” si se determina que el combustible fue usado para “narcotráfico o piratería”.
“En Guanacaste, Limón, en zonas alejadas, hay muchas ventas ilegales de combustible. Eso es robo de combustible. En zonas aledañas a la frontera, puede ser que se trate de combustibles introducidos al país desde Panamá. Dichosamente lo cubre el proyecto de ley”, aseguró Muñoz a UNIVERSIDAD.
Hasta ahora, robos son difíciles de rastrear
De acuerdo con el presidente de Recope, la policía ha conseguido encontrar instalaciones de “camiones y tanquetas” pero las placas son falsas y eso detiene la investigación.
Los delitos que han logrado penalizarse “más de 10 veces” son por “robos y daños a la propiedad pública”.
“En Recope cuidamos el poliducto, avisamos a la policía pero jamás enfrentarnos nosotros. Hace unos tres meses, balearon a dos personas, guardas privados, los hirieron y les robaron las armas. Es un tema peligroso, no es jugando”, aseguró Muñoz.
Recope planea invertir en “tecnología” con sistemas satelitales que permitan perseguir el robo de forma inmediata.
Muñoz explicó que la zona caliente de Moín y Siquirres tiene “tubería de seguridad, enterrada y encriptada”.
