En el documento que el 6 de agosto la exfiscala General Emilia Navas envió al Relator sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, aseveró que fue víctima de “represalias”, “sanciones encubiertas” y “persecución penal” por parte de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia.
Navas entre otras cosas apuntó que en la sesión de Corte Plena del 12 de julio, se conoció en privado un informe de la Auditoría Interna del Poder Judicial, en el cual se consideró que su rendición final de cuentas era “incompleta y que carecía de los elementos que la normativa exige en su contenido”.
Destacó además que en esa misma sesión se acordó solicitar a la Auditoría del Poder Judicial rendir un “estudio previo para la determinación y cuantificación de los posibles daños ocasionados, con motivo del cese del cargo de Fiscala General de la República”, así como poner en conocimiento de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ese último informe de labores “para determinar si incurrí en un delito de incumplimiento de deberes”.
De igual manera, es esa sesión también acordaron remitir a la Contraloría General de la República (CGR) el mencionado informe de la Auditoría Interna del Poder Judicial “a fin de que determine si hubo alguna falta administrativa”.
Para Navas, ello constituyó una serie de acciones “dirigidas a hostigar, sancionar, interferir e intimidar a cualquier Fiscal o Fiscala del Ministerio Público, y no sólo a su jefatura”.
Por ello, la exfuncionaria solicitó al relator Diego García-Sayán “aconsejar”, que “se abstengan de participar” en el nombramiento del nuevo Fiscal o Fiscala General los Magistrados y Magistradas que participaron de esa sesión de Corte Plena.
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Cabe notar que en su informe, Navas Aparicio menciona y reitera que ella abrió una causa penal contra el magistrado presidente de la Corte, Fernando Cruz. Al mismo tiempo, también se refirió a la llamada que según ha dicho recibió de Cruz el 25 de junio, en la cual “con un tono de molestia y de prepotencia” le solicitó “que no esperara al 25 de agosto de 2021 para jubilarme y que tomara como ejemplo a específicos Magistrados y Magistradas que se habían jubilado de un día para otro”, lo cual el Magistrado ha negado enfáticamente.
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Caso cochinilla
Un aspecto particular que llama la atención del informe que Navas envió a García-Sayán, es que se refiere a la participación de su esposo en el caso Cochinilla.
Navas apunta que cuando se realizaron los allanamientos el 14 de junio se encontraba de vacaciones y al regresar el día 17 emitió un oficio “con mi inhibición para el mencionado caso con el propósito de continuar ajena a aquel expediente, fuera para cualquier otra diligencia puntual que debiera ser suscrita por la Fiscalía General de la República o ante la posibilidad de que de las investigaciones en curso derivara, luego, la intervención delictiva de personas con inmunidad o fuero”.
De seguido, apunta: “Una vez detenidas aquellas personas, mi esposo se apersonó como abogado defensor de representantes de dos de las empresas privadas cuestionadas que, junto con otras personas imputadas y a correcta solicitud de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, se encuentran actualmente bajo prisión preventiva ordenada por la autoridad jurisdiccional”.
Esa aseveración parece contradecir la realidad de los hechos, pues fue público, notorio y divulgado por varios medios de comunicación, que el cónyuge de Navas, Francisco Campos Aguilar, estaba presente en las oficinas de la empresa MECO cuando las autoridades judiciales realizaron el allanamiento.
Incluso la exfiscala Berenice Smith, en carta también enviada al relator García-Sayán, aportó copia de una nota de Diario Extra al respecto.
