La diputada Rocío Alfaro, del Partido Frente Amplio, cuestionó que en el proyecto de ley que reforma al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) se eliminan órganos que garantizan la participación ciudadana; mientras que los representantes del Gobierno responden que la participación del ciudadano se va a dar cuando determine cuáles son sus necesidades y expectativas para cada servicio.
El proyecto de ley de Fortalecimiento de Competencias del Minae (expediente 23.213) se analiza en la Comisión Especial de Reforma del Estado de la Asamblea Legislativa.
En la sesión de esta mañana, el ministro a.i. del Minae, Marlon Navarro, explicó que con la reforma propuesta se derogan los consejos regionales ambientales, así como las juntas directivas del Parque Nacional Marino Ballena y el Parque Nacional Isla San Lucas.
Mientras que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) se convertirán en órganos de desconcentración técnica, con un director general y una instancia consultiva.
Según Navarro esto se propuso porque actualmente hay una “atomización con diez órganos desconcentrados” que debilitan en jerarquía el poder del ministro frente a estos órganos y se busca que el ministro tenga más músculo en la toma de decisiones. El funcionario explicó que informes de la Contraloría General de la República (CGR) han detectado problemas de coordinación y comunicación entre el Minae y estos órganos, así como recurrentes problemas de control y rendición de cuentas.
La diputada Rocío Alfaro, del Partido Frente Amplio, preguntó cuál había sido la justificación técnica para eliminar órganos “en los que precisamente hay participación civil” y manifestó su preocupación de que se viole el artículo 10 de la Declaración de Río, así como en lo referente a la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales, garantizada en la Constitución Política.
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo fue propuesta por las Naciones Unidas y fue aprobada en Río de Janeiro en 1992. Formula 27 principios básicos sobre desarrollo sostenible, dignidad humana, medio ambiente natural y obligaciones de los Estados en materia de preservación de los derechos ambientales de los seres humanos.
Iván Acuña, jefe de los unidad de Servicios Especiales de reforma del Estado del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), respondió que “realmente siguen existiendo las comisiones consultivas para cada uno de estos órganos” y que “finalmente sí sigue existiendo participación ciudadana”.
Según Acuña, desde Mideplan han buscado que los órganos desconcentrados respondan a lo que plantea la Ley General de Administración Pública. “Finalmente la idea es que exista una responsabilidad, una línea directa en la toma de decisiones, y no solo que haya participación ciudadana, sino diferentes técnicos expertos en los temas de los que se tengan que nutrir los tomadores de decisiones”.
Pero Alfaro comentó: “Lo consultivo es importante pero no es lo único. La participación ciudadana está garantizada por la Declaración de Río y por nuestra Constitución. Todos sabemos que por encima de la ley esta la Constitución, y por encima de la Constitución están los tratados internacionales”.
El viceministro de reforma del Estado, Luis Antonio Román, indicó que se están rescatando los consejos consultivos y de asesoría “para no menoscabar ese apoyo que se ha tenido de especialistas en la materia más que todo”. “La idea es que estos consejos estén conformados por especialistas en la materia y no por personas que muchas veces realmente no tienen ninguna relación con la materia”.
Según Román, en una primera etapa se realizará la reforma de la estructura -cambios que requieren modificaciones a la ley – y que en una segunda parte se realizará el mejoramiento de la gestión. Dijo que es en esa segunda parte en la que se va a dar la participación del ciudadano, “cuando el ciudadano determine para cada servicio cuáles son sus necesidades y expectativas”.
Mientras tanto, la diputada Paola Nájera, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que defiende el proyecto, apuntó que el sector privado se ve muy favorecido con que las cosas se mantenga de esta manera.
“Hablo de grupos de poder, grupos económicos, desarrolladores de proyectos turísticos e incluso grupos dedicados al narcotráfico. Esto, al tocar determinados intereses económicos, va a generar muchísima resistencia. Suele utilizarse el tema de que estamos atacando la ciudadanía, la participación, cuando en realidad estamos perpetuando un sistema que favorece intereses privados”, dijo Nájera.
