Al preguntarse por qué aumentó de forma sustancial el uso de plaguicidas en Costa Rica a partir del año 1996, se cree que la respuesta está en el proceso de debilitamiento en los servicios de extensión agrícola que brindaba el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a partir de mediados de los años 90.
Así lo destaca el estudio Uso aparente de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica, publicado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde se explica que, desde entonces, la asistencia técnica ha estado principalmente en manos de las empresas privadas que comercializan plaguicidas.
El estudio del PNUD fue elaborado por el agrónomo Elidier Vargas Castro, quien conversó con UNIVERSIDAD sobre esta y otras conclusiones del estudio.
A continuación, un resumen de la entrevista.
-¿Cuáles son las razones que explican el alto consumo de plaguicidas en el país?
—En los años noventa y antes, Costa Rica tenía un uso relativamente bajo de plaguicidas, similar al de otros países, hasta que en 1995 la curva se levantó y se fue a 8 y 9 kg/ha. ¿Qué pasó en el 95? Era el gobierno de José María Figueres Olsen, cuando se dio la reestructuración del Estado y hubo un debilitamiento de la estructura del MAG, tanto en extensión como en investigación.
La extensión agrícola en Costa Rica quedó en manos de las empresas privadas, especialmente en manos de las empresas comercializadoras de plaguicidas, y eso ya está documentado. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) hizo un estudio en 2011 donde lo documentó. Dice que el 48% de los agricultores reciben asistencia técnica de los vendedores de plaguicidas.
-En el informe del PNUD se indica que a partir de los residuos de Clorotalonil y Clorpirifos que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) ha encontrado en frutas y vegetales, se demuestra que estos plaguicidas se están usando en otros cultivos para los que no tiene registro. ¿Quiénes son los responsables de esto?
—El uso de los plaguicidas en el campo queda a la libre decisión de los agricultores; eso está en un documento entregado por Fitosanitario a la Sala IV. Ahí es donde hay un grave problema, que Fitosanitario no controla absolutamente nada y es responsabilidad de ellos controlarlo; ellos deberían hacer una inspección. A priori deberían controlarlo o por lo menos debería haber una bitácora en las fincas que permita controlar qué están usando los agricultores, lo cual no existe. Una de las recomendaciones finales de mi documento es que Fitosanitario debería incautar y destruir los alimentos contaminados, porque la situación es que ellos están viendo que hay contaminación, incluso con plaguicidas que no están autorizados y que son altamente peligrosos. El decreto 34.142 declara que el Clorpirifos es un plaguicida altamente peligroso y que solo se puede vender bajo supervisión de los agrónomos. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la supervisión?
”Los agricultores están basando sus prácticas de protección sanitaria a puro plaguicida, y ellos tienen que aprender a hacerlo de otra manera” (Elidier Vargas).
-Usted se refiere a los plaguicidas formulados que tienen registros vencidos y que igual se han mantenido en el mercado. Dice que por eso no debería hacerse una reválida automática de los registros de plaguicidas vencidos sin una nueva evaluación de su peligrosidad y riesgo, con base en la nueva información existente. ¿Por qué han estado en el mercado tantos años si ya se les vencieron los registros?
—Porque Fitosanitario no ha querido hacer nada. La última norma claramente establecida fue la Ley 8702, que se publicó en el año 2009. En el artículo 14 de esa ley claramente dice que deberían revisarse y renovarse los registros y para eso dieron un plazo de tres años, o sea el plazo venció en el año 2012 y Fitosanitario no cumplió con esa reválida. Hace 10 años que incumplió y los plaguicidas se siguen manteniendo en el mercado. Es un tema de cumplimiento de ley. Las empresas comercializadoras tuvieron la oportunidad durante tres años de presentar las solicitudes de reválida, y Fitosanitario tenía la responsabilidad de resolverlas, pero no lo resolvieron. Entonces ellos están incumpliendo la ley.
-En el estudio menciona que para registrar nuevas moléculas se tienen que hacer las evaluaciones de riesgo sanitario y ambiental, y dice que hay 161 moléculas altamente peligrosas que se están usando. ¿Qué tan probable es que se dejen de usar esas 161 moléculas cuando se apruebe el proyecto de Ley de registro de agroquímicos (Expediente 22.437), que supuestamente es para agilizar el registro de nuevas moléculas, según la industria de agroquímicos?
—En primer lugar, en este momento en las solicitudes de registro hay solamente, creo, 30 moléculas nuevas. O sea, usted no va a resolver ese problema ni con una nueva ley. Ese es un cuento del proyecto de ley 22.437, que dice que es para agilizar el registro de moléculas nuevas. Don Rodrigo Chaves dijo que iba a firmar un decreto para facilitar el acceso a los agricultores a nuevos plaguicidas. Eso se puede hacer incluso sin una nueva ley. Resulta que aún con una nueva ley lo único que van a tener son 30 plaguicidas nuevos; pero tenemos un problema con 160 plaguicidas. La pregunta para usted y para mí es ¿vamos a seguir consumiendo alimentos contaminados con plaguicidas altamente peligrosos que van en detrimento de nuestra salud y en detrimento del ambiente o cómo lo vamos a resolver? En realidad, quienes dicen eso son los vendedores de plaguicidas que quieren seguir vendiendo los plaguicidas viejos.
El Clorpirifos ya lo prohibieron en Estados Unidos y en Europa. Recientemente el Fitosanitario publicó una advertencia a los exportadores que no pueden usar Clorpirifos en las frutas y vegetales que exportan, porque si en Estados Unidos lo detectan, se lo queman. Ya Estados Unidos tomó la decisión de sacar el Clorpirifos, que es el segundo herbicida más utilizado en Costa Rica. Y en Costa Rica nosotros no estamos haciendo nada para resolver el problema. El problema en Costa Rica es que la asistencia técnica está en manos de los vendedores de plaguicidas y los agricultores están basando sus prácticas de protección sanitaria a puro plaguicida, y ellos tienen que aprender a hacerlo de otra manera. Eso es un problema agronómico que tenemos que resolver”.
