El Gobierno de Nicaragua tomó el 9 de febrero a 222 presos políticos, los expulsó del país y les retiró la nacionalidad sin que la vecina Costa Rica emitiera en los 12 días siguientes una de sus usuales condenas por violación de derechos humanos, como sí lo hicieron Gobiernos de otros países del continente como Estados Unidos y Chile, que inclusó les ofreció la ciudadanía.
Una semana después, Daniel Ortega y los suyos retiraron la nacionalidad a otros 94 opositores, muchos de ellos habitantes de Costa Rica, y confiscó propiedades privadas, pero el gobierno de Rodrigo Chaves tampoco salió con prontitud ni contundencia a reprobar esos actos en comunicados de prensa, declaraciones formales ni en redes sociales.
“Costa Rica sigue con detenimiento la situación en Nicaragua (…). Esperamos ver cómo evoluciona el tema, pero sí manifestamos nuestra preocupación que se está dando en el hermano país”, fue la respuesta que dio el canciller interino Christian Guillermet el 17 de febrero ante la petición periodística para contar una posición oficial, lejos del estilo beligerante que han hecho manifiesto los gobiernos costarricenses de tres partidos diferentes en los últimos 20 años.
Sala IV y un informe de ACNUR desde Ginebra: un revés para nuevas reglas de Chaves que restringen refugio a nicaragüenses
El decreto de Rodrigo Chaves viola derechos humanos, tratados internacionales y la Constitución, según indica la amplia resolución que obligará a corregir el reglamento, como reconoció el mandatario, aunque Migración aún tiene dudas. La cifra de solicitudes marcó un récord en el año 2022, con 80.000.
Solo fue este martes 21 de febrero cuando la Cancillería fue más directa en un comunicado: “la situación en el hermano país contradice las obligaciones que tiene todo estado en el marco del derecho internacional, que prohíbe privar arbitrariamente la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos”, según palabras de Guillermet, que ejerce como ministro de Relaciones Exteriores mientras el titular, Arnoldo André, anda de gira por Oriente Medio.
Estas posiciones se suman a la señal de acercamiento que significó el apoyo del gobierno de Chaves a la candidatura nicaragüense para la secretaría general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y a la posibilidad abierta desde un principio de conceder el nombramiento de un diplomático con rango de embajador en la sede de Costa Rica en Managua, una opción que luego se relativizó, pero que aún no descarta la Cancillería tica.
Además, se añade la política restrictiva para el otorgamiento de refugios, con medidas que afectan sobre todo a migrantes nicaragüenses y, especialmente, a opositores políticos de Ortega, quienes han huído de la persecución oficialista y que ahora, en algunos casos, sufren el retiro de la nacionalidad e incluso el despojo de sus bienes en territorio nicaragüense.
“Es claro que se tiene una posición más pragmática. No se está hablando de Nicaragua ni se continuó la posición beligerante, a cambio de tranquilidad en las relaciones, sin que signifique aumentar la cordialidad. Es bajar el todo de la denuncia y ya no estamos tan matriculados con la oposición como en otros momentos”, comentó el lunes Carlos Cascante, especialista de la Universidad Nacional en relaciones exteriores y política internacional.
Para Cascante, un factor de peso es la actividad económica y específicamente el comercio, pues Centroamérica es en conjunto el segundo destino de exportaciones costarricenses y el 80% de ellas se transportan por tierra, por lo que un objetivo podría ser mantener relaciones de bajo conflicto con Nicaragua para evitar a toda costa el eventual cierre de la frontera norte de Costa Rica, con un fuerte impacto económico para empresas exportadoras de distinta escala que necesitan ese punto para sacar el producto y recibir materia prima.
Además, otros países centroamericanos también han bajado el tono de sus críticas frente a los actos dictatoriales de Ortega o incluso se han acercado a él, mientras Estados Unidos da señales de una moderación en su discurso contra Managua, ahora que incluso negocia acercamiento con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, afín a Ortega. “Esto condiciona, es diferente para un gobierno expresar una condena como parte de un grupo de países que hacerlo casi solo y con el riesgo de pagar consecuencias”, comentó Cascante, reiterando el concepto de “pragmatismo”.
En abril, cuando Rodrigo Chaves designó a Arnoldo André como su canciller, afirmó que tenía la intención de nombrar un embajador en Managua, opción que luego se disipó por medidas autoritarias adicionales de Ortega, al expulsar de territorio nicaragüense al personal de la Organización de Estados Americanos (OEA). Así se mantienen las relaciones diplomáticas, pero sin embajador, incumplía el planteamiento del propio Chaves expresado el 4 de abril: “si hay que romper relaciones diplomáticas por razones de mérito, las rompemos, pero no estar en el jueguito de tener relaciones diplomáticas y no tener embajadores”.
Ahora, diez meses después y a pesar de la escalada de autoritarismo de Ortega, la Cancillería mantiene abierta la posibilidad de nombrar un embajador. Así lo dice la respuesta dada el 17 de febrero: “la Cancillería mantiene en análisis el tema del embajador en Nicaragua.
