La diputada Paola Vega, una de las cuatro firmantes del Ley de cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial (21.388), advierte que el veto parcial del presidente Carlos Alvarado afectaría el ingreso de pequeños productores al mercado del cáñamo.
El cáñamo es una planta distinta a la marihuana, porque casi no tiene el componente psicoativo tetrahidrocannabinol o THC, por lo que se utiliza en industria cosmética, textiles y alimentación, entre otras.
Tras el veto de Alvarado, la legisladora Vega se opone a la modificación sugerida del artículo 5 del proyecto porque “Este cambio es poner la obligatoriedad de una licencia, y dejarla a total y completa discreción del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo va a establecer las reglas del mercado del cáñamo”.
El artículo 5 permitía el cultivo sin restricción de cáñamo, ahora el Ejecutivo quiere reglamentar, con licencias, su mercado.
Vega, en entrevista con UNIVERSIDAD, afirmó que la Comisión de Ambiente resolvió en contra de las licencias por ser “un proyecto enfocado en la reactivación económica, lo menos que podíamos hacer era ponerle trabas a un cultivo (…) Vimos la experiencia mundial y al ser el cáñamo industrial un cultivo agrícola igual que la papa o la yuca, no tenía sentido ponerle una licencia más allá de las licencias que ya se manejan en el sector agropecuario”.
Con el veto, el presidente Alvarado sugiere que las licencias del cáñamo se van a “establecer vía reglamento, o sea, no tenemos la menor idea de cuáles son los requisitos que piensa pedir el Poder Ejecutivo”, según afirmó Vega.
La tarde del jueves, la ministra de la Presidencia, Geaninna Dinarte, recibió a otras dos firmantes del proyecto para discutir el aval legislativo del veto: la independiente Zoila Volio y la liberacionista Karine Niño.
El proyecto original, del despacho de Volio, contenía el pago de una licencia de cáñamo por $300 mil (alrededor de ¢192 millones al tipo de cambio de hoy).
Presidencia emitió un comunicado, la noche del jueves, que dice que el requisito de la licencia “no pretende sumar una carga impositiva al cáñamo”.
“Ese fue el proyecto de Zoila. Nosotros hicimos un sustitutivo que modificaba totalmente esto. Yo le dije al Ejecutivo, que para el cáñamo no deberá constar una carga impositiva. Es un tema de autorización para trazabilidad. Esa fue la conversación que sostuvimos. Si ellos hacen lo contrario, esos son otros 100 pesos”, dijo en entrevista la liberacionista Karine Niño.
Vega identifica que “en la Comisión de Ambiente, había diputadas con la tesis de que necesitaban meterse licencias como doña Karine Niño, por ejemplo, quien fue la que más insistió en eso”.
“Yo me entero ayer, igual que todos, cuando recibo el documento, igual que todos, que el Ejecutivo incluyó el artículo 5. Yo fui la única que, en la Comisión, aparte de prensar una moción del respecto, puse en conocimiento de que era necesario. El Ejecutivo, a última hora, lo está planteando. Yo desconocía totalmente que el Ejecutivo estaba revisando esa línea. En todo caso, hasta ayer se dieron cuenta de que incluso existían mociones que podían haber arreglado esa redacción mejor que como ellos la hicieron”, afirmó Niño sobre el tema.
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Niño asegura que posicionó frente a las autoridades del Gobierno —Dinarte; los ministros de Salud, Daniel Salas; de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, y el director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Sergio Rodríguez— que deberán garantizar “una autorización sumamente sencilla pero que tengan, las instituciones rectoras, conocimiento de en dónde se están cultivando y qué variedades, para un efecto de tener mejor calidad y competitividad con la industria”.
“El problema no es que vaya a tener menos gente que vaya a entrar a la industria porque eso es si fueran unas licencias engorrosas y de difícil acceso (…) La autorización debe ser muy simple y que pueda acceder cualquier persona que va a entrar a la industria, en donde simplemente pongan la ubicación de la finca, los metros cuadrados, el uso de suelo y el tipo de la variedad. No es una licencia con requerimientos fuertes como si debe tenerlo el cannabis medicinal”, aseguró Niño en la entrevista con este semanario.
Niño dice que usó el ejemplo de la ley de California, frente a las autoridades del Gobierno.
Según consultó este semanario, en Ecuador se tramitan licencias para el cañamo industrial que oscilan entre los $375 (por hasta 5 hectáreas) y los $875 (por más de 50 hectáreas y sin máximo de siembra).
Iglesia Católica también advirtió concentración en grandes productores
A inicios de la semana, la Iglesia Católica se opuso al proyecto, entre otras razones, porque
“La producción puede convertirse en la actividad de grandes productores, incluidas empresas transnacionales”.
Por otro lado, la Iglesia también afirmó que existe similitud entre el cáñamo y la marihuana psicoactiva, por lo que el cultivo del cáñamo “hará sumamente difícil el control de las plantaciones ilícitas de la segunda, si se llega a camuflar en las plantaciones de la primera”.
Este es un criterio que externó el ministro de Seguridad, Michael Soto, en conferencia el lunes 24 de enero.
En entrevista con UNIVERSIDAD, también fue compartido por la diputada liberacionista Karine Niño, quien afirmó que “del cáñamo puede químicamente, salir también cannabis medicinal”.
