Los puntos candentes del debate “Tasas de usura, realidades y falacias” fueron los datos que respaldan si existe o no una clase media sobreendeudada; los costos operativos de los negocios de tarjetas de crédito; la metodología para decidir cuál es ese límite razonable a la usura; y si verdaderamente se generaría una exclusión de personas del sistema financiero.
Este fue protagonizado por los economistas Leiner Vargas y Gerardo Corrales la noche del jueves 5 de diciembre en el Balcón Verde y Organizado por el Instituto de Capacitación Política Rodrigo Facio (ICARF) del Partido Liberación Nacional.
El detonador es el proyecto de ley 20.861 reforma la Ley de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor – que se discute en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa -, para combatir las tasas de usura definiendo una tasa máxima que regule las tasas de interés de las compras a crédito.
Usura es básicamente cobrar un precio por encima del precio razonable del mercado y aunque el Código Penal castiga el delito de usura desde 1971, no dice a partir de cuánto se considera que una tasa de interés es usuraria. Todo esto tiene un efecto en el sobreendeudamiento de las personas, los cargos por mora, las garantías dobles que les piden en algunos lugares y los embargos de bienes y salarios, explican quienes lo defienden.
El proyecto dice que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) estará encargado de fijar mediante una metodología científica para proteger a las personas consumidoras, la tasa de usura. Hasta ahora, el texto trabajado dice que las tasas de interés no podrán superar 2,2 veces la tasa de interés activa del sistema finaciero nacional y eso era 30,2% para préstamos en colones y 15,4% para los de dólares.
Este 4 de diciembre se realizó una mesa de trabajo entre las y los diputados de la Comisión de Hacendarios y representantes del sector financiero y de universidades, en la que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) propuso fijar en un 42% el tope a estas tasas.
Sobreendeudamiento ligado al consumo
Leiner Vargas afirmó que el problema de fondo es la desaceleración económica que vive el país, producto de una demanda interna de muy poco dinamismo, y que eso hace que las familias estén sobreendeudadas, con pocas posibilidades de consumo e inversión. Lo anterior ha generado un mercado especulativo, tanto en el mercado de crédito formal como en el informal. Este endeudamiento está asociado a un excesivo consumo.
“La pregunta es ¿eso es culpa de quien consume o de quien induce a consumir?. La respuesta es ambos tienen parte de la culpa y ambos tienen que corregir el proceso”, dijo el doctor en economía.
Pero según Gerardo Corrales, es una falacia que los hogares costarricenses estén sobreendeudados, si el ingreso promedio por hogar en el 2013 era de ¢927.785 y en el 2018 era de ¢951.827, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares. Y que en promedio los hogares pagan ¢200.835 por servicio de deuda (intereses y amortización). Esto sería un 19.5% de sus ingresos.
“Eso no es alto apalancamiento. No estoy queriendo decir que no haya segmentos de la población que están sobreendeudados; pero no se puede generalizar”, aclaró el banquero y economista.
No obstante, Vargas lo refuta diciendo que “los promedios engañan”. “Los promedios que nos mostró dicen como si los pobres ganan 1 millón de colones al mes en Costa Rica y eso no es cierto. Los pobres, los verdaderos pobres, los que estan en el primer quintil no llegan a 260 mil colones al mes,
por lo tanto ninguno de los del primer quintil sería sujeto de crédito según la regla”.
Vargas agregó que ese segmento de la población ni siquiera llega al límite de ingresos para recibir una tarjeta de crédito y que lo que tienen es una tarjeta de débito del programa Avancemos, para recibir las transferencias que les da el Estado.
¿Cuánto cuesta prestarle ¢1 a una persona según su nivel de ingresos?
Con respecto a los costos operativos de los negocios de tarjetas de crédito, Corrales detalló primero cómo es que calcula la tasa activa del producto, compuesta por el costo de captación, más el margen de utilidades.
“Este no es el Club de Damas de Hatillo 5. Esto es un negocio señores y como negocio debe darnos un margen de utilidad. No importa si es empresa pública o empresa privada. Usted está hecho para generar un margen de utilidad”, continuó el ex director de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), y ex presidente y ex director de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
Explicó que el cálculo se compone de la suma del costo de captación de recursos (10,65%), gastos de administración, operación y generación de cuentas; gastos de gestión de cobranza y recuperación de morosidad; pérdidas netas por incobrables; impuesto de CONAPE; 5% de la utilidad bruta e impuesto de renta 30%.
Pero Vargas criticó: “La tasa de interés activa promedio del sistema financiero para préstamos en moneda nacional ya incluye todos, absolutamente todos, los costos del sistema financiero”.
“No me vengan con el cuento de que las utilidades son costos. Las utilidades en ninguna empresa se consideran costos. El que diga que el que le cobren impuestos a las utilidades es un costo está violentando la teoría económica”, dijo Vargas, quien es catedrático del Centro Internacional de Política Económica (CINPE), de la Universidad Nacional (UNA).
Corrales entonces destacó cuáles son los costos operativos de un negocio de tarjetas de crédito por colón prestado y rango de ingreso. ¿Cuánto cuesta prestarle ¢1 a una persona según su nivel de ingresos? Para una persona en el nivel de ingresos más bajo, que gana $300 al mes, el costo es de un 33.1% y para una persona con el nivel de ingresos más altos, que gana $2.501, es de un 16.6%.
Estos costos, continuó Corrales, están compuestos por la cobranza (personas en un call center haciendo gestión de cobranza), servicio al cliente (sucursales y cajeros automáticos), ventas, reversión de cargos, programas de lealtad (millas para pasajes de avión por ejemplo), royalties (porcentajes que se pagan a las marcas Visa, Mastercard, American Express), recepción de pagos (en sucursales, por internet o por teléfono celular) y la publicidad y la promoción.
Vargas expresó: “El problema es que los bancos privados discriminan precios y entonces cargan a los clientes de ingresos más bajos los costos de darle un pasaje gratis a los clientes ‘cachés’, los clientes de ingresos más altos”.
La exclusión financiera
Además de los costos operativos mencionados anteriormente, Corrales habló sobre las pérdidas por incobrables. Para una persona que gana $300 al mes, el costo de pérdidas por incobrables de un negocio de tarjetas de crédito por colón prestado es de un 62.8%. Y para una persona con ingresos a partir de $2.501 al mes es de un 34%
“Vean los costos, vean lo que cuesta bancarizar a ese segmento de menores ingresos. Por esa razón usted no puede ir a bancarizar niveles de salarios de estos rangos, con una estructura de costos con tasas de interés bajas. O sea que hoy con las tarjetas de credito, los segmentos con ingresos altos subsidian a los segmentos de ingresos bajos”, sentenció Corrales.
“¿Y por qué un banco subsidia a los de ingresos bajos?, porque hay gente como mi persona, que empieza como un simple cajero, como un simple oficinista y después uno supone que esa gente empieza a desarrollarse y empieza a pasarse a otros segmentos de salarios y se hacen bancables. Eso se llama bancarizar la población, darle oportunidades a la población”, agregó.
Con respecto a esta supuesta exclusión financiera que implicaría fijar tasas de interés bajas, Vargas dijo que su hipótesis y su planteamiento es que la medida no va a excluir a la gente.
“Si usted gana en un negocio 200% y le quitan 100%, ¿usted deja ese negocio? No, usted mejora el negocio o amplia el número de personas en ese negocio. Lo que pasa es que la banca privada ha estado muy cómoda por años llevándose 9 colones de cada 10 colones que presta a cada costarricense”, subrayó Vargas.
