La Asamblea Legislativa retomará un proyecto de la legislatura anterior para modificar la cantidad de producto interno bruto (PIB) que destina el país para pagar los gastos de los partidos políticos.
El aporte está descrito en el artículo 96 de la Constitución Política. El proyecto de ley 20.117 dice que el aporte del PIB será del 0,11% y el artículo de la Constitución, en vigencia, dice que es del 0,19%. Ambos porcentajes se calculan con el PIB del año “trasanterior” a las últimas elecciones presidenciales.
La redacción de la actual Constitución Política dice que el dinero que aporta el Estado a los partidos tiene que ser usado “en esos procesos electorales, y satisfacer las necesidades de capacitación y organización política”. La reforma añade “y operación permanente”.
No obstante, el voto de 25 diputados sacó al proyecto del olvido y de vuelta al trámite legislativo. Votaron en contra 15 diputados de Liberación Nacional; cuatro diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Dragos Dolanescu del Partido Republicano Social Cristiano; los independientes Zoila Volio y Erick Rodríguez.
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Pese a que volverá al trámite, en plenario, los diputados Enrique Sánchez (Partido Acción Ciudadana); José María Villalta (Frente Amplio) y Erwen Masís (PUSC) expresaron interés que el proyecto se asigne a una Comisión para una modificación.
Tal y como lo dejaron los legisladores del periodo pasado, la reforma disminuye el aporte del PIB pero excluye la rendición de gastos de los partidos al Tribunal Supremo de Elecciones (que en la Constitución sí aparece).
El proyecto de ley incluye el aporte de deuda política a los partidos municipales. Tanto en el caso nacional como municipal, los partidos que tendrán derecho a recibir deuda política son los que reciban “al menos un 4%” de los votos a nivel nacional; los que alcancen ese porcentaje o que elijan al menos un diputado a nivel provincial; y, a nivel cantonal, los que alcancen el 4% de los votos del cantón o consigan un regidor.
Asimismo, la reforma pide que el TSE administre el “financiamiento indirecto” de los partidos políticos. Es decir, algunos gastos de los partidos serán cubiertos por el TSE. No obstante, según explicó el diputado Sánchez, los alcances de ese financiamiento indirecto deberán ser incluidos en una reforma al Código Electoral.
