El plenario de la Asamblea Legislativa podría acordar devolver el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.366) a un trámite previo, para negociar un texto sustitutivo que defina con claridad en manos de quién quedará la administración y supervisión de los trabajadores públicos.
“Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración están explorando la ruta. Como he podido acompañarlos he visto que han hablado de algunas discusiones que no quedan resueltas y que no van a quedar resueltas en mociones de reiteración. En ese escenario, tocará un mecanismo de ya sea abrir el plenario a comisión. Me imagino que eso lo resolverán esta próxima semana, cuando terminen con este tema”, dijo la oficialista Paola Vega a este semanario.
De acuerdo con las discusiones de Gobierno y Administración, uno de los temas medulares continúa siendo la rectoría que quedará “bicéfala”: en manos del Ministerio de Planificación (Mideplan) para la emisión de políticas rectoras; y la Dirección de Servicio Civil, en el caso técnico de aplicación de procedimientos de contratación, disciplinarios y demás.
Actualmente, la Comisión de Gobierno y Administración debe finiquitar la votación de 474 mociones que se presentaron desde el plenario para cambiar el texto. Finalizada la votación, el texto resultante volverá a plenario, donde los diputados cuyas mociones fueron rechazadas por la Comisión de Gobierno pueden pedir la reiteración de sus propuestas.
En el caso de que no existan mociones de reiteración para solventar todas las debilidades del proyecto, los diputados tienen la alternativa de constituir el pleno en una gran comisión (un proceso que ha resultado caótico en otros trámites, incluyendo el trámite del Presupuesto Nacional 2021).
“Este es un proyecto plagado de errores y contradicciones. Con la moción 82 que se aprobó, quedó una rectoría bicéfala donde duplican funciones entre Mideplan y la Dirección de Servicio Civil. Eliminaron varios artículos del proyecto, como el artículo 15, que eran los principios rectores de la oferta de empleo público. Intentaron modificarlo pero resulta que ya no existe porque lo eliminaron. Así en varios capítulos, hay errores de concordancia del texto, normas que están mal, equivocadas por el fondo, que la Comisión de Gobierno ha ido detectando y diciendo que los corregirán más adelante. Pero el margen es poco, porque no es fácil encontrar mociones de reiteración que corrijan los errores apuntados”, afirmó el frenteamplista José María Villalta, quien esta semana participó como miembro, en sustitución de la socialcristiana Aracelly Salas.
“El problema que estamos viendo es que para ver mociones nuevas, las opciones son enviar el proyecto a Comisión o abrir el plenario como Comisión y presentarle mociones nuevas. Eso, en ninguno de los dos casos, es fácil. Yo creo que la mejor opción es devolverlo a Comisión. Al mismo tiempo vemos fuerzan que maniobran para golpear a las universidades públicas”, explicó también Villalta, quien también se preocupa por el cumplimiento de las autonomías designadas a algunas instituciones públicas y a las universidades.
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La línea de trámite del proyecto atrasará el cronograma con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de acuerdo con el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, otro de los negociadores del plan.
“Lo que es cierto es que no se va a cumplir con el cronograma del Fondo Monetario Internacional (FMI). Yo diría que, en el mejor escenario (estará listo) a finales de junio para el primer debate. Eso irá a consulta con la Sala Constitucional. En el mejor escenario, (estará listo) en octubre. Eso visualizo, a mano alzada”, afirmó Abarca.
Sobre este tema, la subjefa de Liberación Nacional, Karine Niño, quien ha enviado varios cambios del proyecto en relación con universidades públicas mantiene que “hay algunos diputados que han querido acelerar esto a como dé lugar; sin embargo, otros creemos que es mejor calidad que acelerarlo, los consensos necesitan tiempo y los que que quieren todo inmediatamente, a la fuerza, quieren todo sin esos consensos”.
En la visión del proyecto final, hay criterios fragmentados entre los diputados. Inicialmente, la Comisión de Gobierno comenzó el trámite de mociones en común acuerdo con la propuesta original, tal y cómo la presentó y motivó el Poder Ejecutivo.
No obstante, las discusiones y la incorporación de criterios que no fueron solicitados en trámites anteriores, mantienen recelos sobre temas de cómo garantizar las autonomías institucionales (incluyendo la de las universidades públicas) y, en esa misma línea, de cómo lograr que la rectoría se aleje de las manos únicas de Mideplan (el órgano ejecutivo era, desde un inicio, el ente centralizado para administrar la política del trabajo público del país).
“Hay varios daños estructurales, diría que el principal es la rectoría. No queda resuelto ese tema: ni política ni técnicamente está bien equilibrado. Creo que lo mejor sería devolverlo a Comisión. Esto va bien avanzado, creo que más allá de la decisión de devolverlo, el reto es cómo se negocia un nuevo texto que resuelva inquietudes y haga equilibrios”, explicó el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca.
“Creo que hay conciencia de que la mejor opción sería esta. La otra opción sería abrir el plenario a ser comisión y eso es una locura”, afirmó Abarca.
