La Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa acordó este jueves llamar a comparecer al ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, para que se refiera a cuestionamientos sobre el proceso de contratación de una consultoría para sectorización de rutas de autobús en San José.
La moción fue presentada por la diputada liberacionista Franggi Nicolás Solano y tiene por objetivo que el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) “explique la pretensión que tiene esta institución de contratar, en medio de la crisis fiscal que vive el país una consultoría técnica con un costo de 1.500 millones de colones”.
Nicolás también argumentó en su moción que existen cuestionamientos por parte del Departamento de Proveeduría del Consejo de Transporte Público (CTP) y de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).
Además, señaló que se pretende contratar a una empresa que “ha realizado más de 16 estudios similares y en la que su apoderado reconoce ser amigo del ministro de Obras Públicas y Transportes”.
La solicitud fue aprobada por los seis diputados presentes en la Comisión.
Semanas atrás, UNIVERSIDAD publicó que el MOPT y la Dirección Ejecutiva del CTP impulsan esa consultoría con requisitos que favorecen a una de las tres empresas que concursarían, según han señalado el Departamento de Proveeduría y la Dirección Administrativa Financiera del CTP.
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El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, ya había solicitado permiso a la Contraloría General de la República (CGR) para contratar de forma directa a la compañía LCR Logística, del empresario Leonardo Castro Rodríguez, quien desde inicio de los años 90 ha realizado estudios para el Gobierno relacionados con la reorganización del transporte urbano.
El ministro indicó en ese momento que, de no aprobarse esa vía, como alternativa se permitiera hacer una contratación directa concursada con al menos tres oferentes. En julio pasado, la CGR avaló la segunda opción, siempre que además se cumplieran otras disposiciones como garantizar la razonabilidad del precio y cumplir la normativa relacionada al proceso.
En el análisis presentado recientemente ante el director ejecutivo del CTP, Proveeduría y la Dirección Administrativa Financiera cuestionaron la metodología de calificación de las ofertas, “donde no solo se excluyen dos de las tres firmas, sino que, el puntaje otorgado a ciertos aspectos y criterios de evaluación son totalmente desproporcionados”.
También cuestionaron la forma en la que se definió el precio pues solo se compararon otros estudios sobre temas relacionados con transporte público, desarrollo urbano, movilidad, planificación de infraestructura y transporte general, “en donde lo que se puede apreciar es que se trata de proyectos relacionados pero diferentes, en donde no hay parámetros de comparación”, indicaron esas oficinas.
De hecho, la directora de la Secretaría de Planificación Sectorial del MOPT, Jessica Martínez Porras, dijo a UNIVERSIDAD que solo Leonardo Castro hace ese tipo de estudios y admitió que ella le hizo consultas a ese empresario para fijar el precio de la consultoría.
En respuesta a esos cuestionamientos, el mes pasado Méndez solicitó a la CGR que haga una revisión del proceso.
