Diputados frenan proyecto contra sobornos de empresas y ponen en riesgo adhesión a la OCDE

Dudas sobre varias normas, incluidas las penas de entre ¢450 millones y ¢4.500 millones para las empresas que paguen por beneficios, mantienen en pausa la iniciativa.

Los diputados frenaron la aprobación final del expediente 21.248, que busca castigar a las empresas por las conductas de cohecho doméstico y sobornos transnacionales que cometan para obtener beneficios; un movimiento que pondría en riesgo la meta nacional que se impuso el país para concretar su adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el segundo semestre de 2020.

Así lo aseguró esta mañana la ministra de Comercio Exterior (Comex), Dyalá Jiménez Figueres, quien se apersonó al Congreso, después de que diputados de varias fracciones manifestaran nuevas dudas sobre la iniciativa que ellos mismos aprobaron apenas el lunes pasado.

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El proyecto propone sanciones de entre ¢450 millones y ¢4.500 millones (entre 1.000 y 10.000 salarios base) para las empresas responsables de los delitos; así como otros castigos complementarios como el decomiso preventivo de bienes durante el proceso judicial y un aumento en las sanciones contra las personas que facilitan los beneficios.

Estos temas, sin embargo, son los que ahora cuestionan algunos legisladores, los cuales pudieron aprobar el texto esta mañana en segundo debate, pero más bien hicieron explícitas sus nuevas inquietudes y frenaron el trámite. Las dudas empezaron a sumar intensidad desde el martes, sin embargo, se concretaron hasta esta mañana, cuando parte de los congresistas de las fracciones que aprobaron el proyecto este lunes retiraron su apoyo.

Este movimiento provocó toda una movilización por parte del Ejecutivo, cuyas ministras Dyalá Jiménez, de Comex, y Marcia González, de Justicia, llegaron al Congreso para intentar remendar el descalabro.

Según la jerarca de Comex, “el 10 de junio es el plazo fatal (para que el proyecto se vote)”, pues el Comité de esa entidad que está a cargo de las legislaciones en la materia sesiona el 10 de marzo de 2020 y para esa sesión se necesita que la ley tenga nueve meses enteros de vigencia (al menos posteriores al segundo debate).

Por este motivo, el Gobierno sostiene que no aprobar el proyecto impediría cumplir con los plazos para la adhesión que se tienen pactados, pues el comité encargado de revisar las legislaciones costarricenses en este campo es “muy rígido en sus plazos y sus análisis”, y deberá revisar esta normativa.

Costa Rica inició su proceso de incorporación a la OCDE desde 2015, por lo que la intención de Comex es integrarse de lleno al organismo en 2020. Según las autoridades nacionales, estos procesos suelen tardar cinco años para el resto de los países que se han integrado, por lo que retrasar más el proceso le restaría credibilidad a la candidatura nacional.

Problemas de última hora

Este proyecto de ley fue polémico desde su presentación, pues propone instaurar castigos penales para personas jurídicas, algo que siempre había estado vetado de la tradición legal costarricense. De cualquier manera, estas dudas no detuvieron ni al Gobierno ni a los diputados, que siguieron los pasos de varios otros estados miembros de la OCDE que han optado por respuestas penales y no solo administrativas para las empresas que cometen delitos.

Así lo decidió el Ejecutivo cuando presentó el proyecto y luego contó con el respaldo de los diputados, quienes redactaron el proyecto en la comisión que trabaja proyectos relacionados con OCDE y luego lo votaron afirmativamente, apenas a inicios de junio.

No obstante, ahora las fuerzas políticas del Congreso mostraron nuevas disconformidades y se unieron a los únicos tres diputados que votaron negativamente el proyecto: los socialcristianos Pedro Muñoz, Shirley Díaz y Rodolfo Peña.

Ellos manifestaban su descontento por medidas propuestas en el proyecto como la facultad de que el Ministerio Público pudiese decomisar activos de las empresas  de forma preventiva, durante la investigación de los supuestos delitos; así como la inexistencia de órdenes a los jueces para indicarles cómo deberían aplicar la proporcionalidad de los castigos.

Sin embargo, ahora también se sumaron otras inquietudes, indicó el diputado frenteamplista José María Villalta, quien apuntó que diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) también mantienen inquietudes con el tamaño de las multas, por lo que proponían crear una nueva escala para pequeñas y medianas empresas (pymes), junto con una nueva redacción para evitar que este tipo de entidades sean utilizadas como intermediarias.

También, dijo que se externaron algunas inconformidades con el aumento en las penas para las personas que cometan estos delitos, pues actualmente no permitirían la ejecución alternativa de la pena.

Para realizar estos cambios fue precisamente que decidieron pausar el trámite del proyecto , que se disponía a su aprobación definitiva; pues más bien buscarían aprobar una moción para devolver el expediente a primer debate, realizar cambios al texto y volverlo a aprobar con las modificaciones.

Estas intenciones fueron recibidas con desaire, al menos inicialmente, por la fracción oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC), bancada que más bien esperaba votar el proyecto esta mañana y cuyo jefe de fracción dijo no entender qué habría cambiado desde el lunes hasta hoy jueves en la voluntad de los congresistas: “esa es la gran pregunta y yo también me la hago”, afirmó.

No obstante, la jefa del PLN, Silvia Hernández, matizó diciendo que el trámite de los proyectos no ha sido sencillo por los tiempos estrechos, pero que la idea era perfeccionar el texto ahora que todavía es posible: “hay que tener presente que este no es un proyecto sencillo y este proceso esta llegando a su etapa de cierre y la gran mayoría de los proyectos van a ser siempre de contenido y de fondo muy fuerte. Por eso se ha dado un primer debate y lo que se está discutiendo en este momento todavía está en tiempo y forma de llegar a un segundo debate”, subrayó.

La ministra de Comex, Dyalá Jiménez, aseguró que el proyecto debe estar aprobado a más tardar este lunes si Costa Rica desea ingresar a la OCDE en 2020. (Foto: Katya Akvarado)

Proyecto

Ante las dudas de los legisladores y la premura del tiempo, la ministra de COMEX, Dyalá Jiménez, afirmó que no entendía por qué plantear nuevos cambios, si la redacción actual había sido escrita en consenso por las fracciones, el Gobierno y la OCDE, a través de un proceso complejo y técnicamente correcto.

“Esta ley no es apresurada, este combate al soborno y la corrupción es un tema que se viene trabajando desde hace rato en Costa Rica y este proyecto específico se trabajó con varias instituciones, varias entidades, varios diputados y diputadas; que hemos tenido una buena discusión”, apuntó.

La ministra además destacó que gran cantidad de las inquietudes presentadas esta semana por los diputados fueron rechazadas por la OCDE; incluida la polémica solicitud de reducir los castigos monetarios para las personas jurídicas, que “deben ser proporcionales pero a la vez disuasorias” y que “manden un mensaje de que mejor no se cometa el soborno”.

“Las que se establecen hoy son las que OCDE considera que son las apropiadas. Si se bajan, la OCDE va a decir que esto no va, porque no cumpliría con el propósito de la ley y porque la ciudadanía necesita tener protección“, subrayó, no sin antes recordar que los jueces penales siempre deben seguir principios de proporcionalidad y que existen varias indicaciones que permiten atenuar las penas en casos concretos.

Por último, Jiménez Figueres reiteró que no tener listo el segundo debate de esta iniciativa significaría un entierro a la posibilidad de que el país se una a la OCDE en 2020 y una mala señal por parte de Costa Rica.

“Si esto no pasa, ya no entramos a OCDE antes de 2020. Este comité es muy rígido y ya se vería después si podemos entrar en otro momento. Toda la organización, toda la Secretaría y los países miembros nos ven ya como los únicos candidatos y, si seguimos sin entrar, perderemos credibilidad con el paso del tiempo. Eso puede provocar que nos exijan más requisitos, en parte porque pensarían que realmente no queremos entrar o que no es nuestra prioridad”, concluyó.


 


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