48 diputados y diputadas aprobaron un proyecto de ley que elimina las controversiales licencias gratuitas entregadas a grandes embarcaciones, según se ha denunciado por décadas.
Asimismo, establece que “Los barcos atuneros de red de cerco no podrán ejercer actividades pesqueras dentro de las primeras ochenta millas náuticas de la Zona Económica”, excluyendo así a las grandes embarcaciones de ese territorio marítimo.
El proyecto fue presentado en el 2019 por el exdiputado del Frente Amplio, José María Villalta con el nombre “Ley para recuperar la riqueza atunera de Costa Rica y promover su aprovechamiento sostenible en beneficio del pueblo costarricense”. Con su aprobación en primer debate, se pretende proteger el recurso atunero nacional, regulando la pesca “realizada por embarcaciones de gran potencia, extranjeras o nacionales”.
Pesquerías de Costa Rica “no gozan de buena salud”
Exjerarca de Incopesca dijo que la institución debe tener mayores capacidades de gestión científica y técnica.
El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) otorgará licencias atuneras válidas “por viaje de pesca de 60 días naturales contados a partir de la obtención de la licencia y hasta la descarga del producto obtenido o el vencimiento de los 60 días”. Las licencias para las grandes embarcaciones requieren que “demuestren que la totalidad de sus capturas serán descargadas en Costa Rica y utilizadas por plantas enlatadoras o procesadoras nacionales que se orienten al proceso o enlatado para la industria de conserva exclusivamente”.
Entre los nuevos requisitos para las licencias, el Incopesca deberá “determinar, con base en estudios técnicos y científicos, fidedignos y actualizados, cuál es la captura permisible de los recursos vivos de atún que existen en la Zona Económica Exclusiva”.
Bajo esta misma regulación, la cantidad de licencias para la pesca industrializada “estará limitado o restringido por un límite de captura total de atún para buques cerqueros que establezca anualmente el Incopesca”.
Las zonas autorizadas para los buques de red de cerco “podrán ser definidas mediante decreto ejecutivo y podrán ser modificadas únicamente en función de análisis científicos y técnicos que demuestren la conveniencia nacional de sus modificaciones”.
Sobre aquellos grandes barcos atuneros que tengan licencias de pesca vigentes, el proyecto de ley asegura que tendrán derecho a una nueva prórroga consecutiva, por 60 días naturales.
Si los barcos atuneros entregan la totalidad “del atún capturado fuera de las aguas jurisdiccionales de Costa Rica” a la industria de conserva nacional, podrán obtener un descuento del 50% en el canon de su licencia. “Para acceder a este beneficio, la entrega de la totalidad de su captura no deberá ser menor a trescientas toneladas”, asegura el proyecto de ley.
Por otro lado, los buques atuneros de red de cerco deberán contar con “un observador a bordo para asegurar la recolecta de información científica y el respeto a la normativa nacional pesquera”. Estas personas observadoras deberán estar afiliadas a un programa de observadores de Incopesca.
Proyecto plantea crear una flota nacional atunera
El proyecto de ley incluye la creación de una flota nacional atunera, pero su financiamiento queda sujeto a demostrar que la pesca será sostenible.
La redacción actual, que recibió cambios durante el mes pasado, crea el mismo fideicomiso que planteó el exdiputado José María Villalta. El dinero provendrá de Banca para el Desarrollo, sobre aquellos recursos administrados por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
No obstante, ahora, el proyecto afirma que “El fideicomiso sólo podrá establecerse una vez que exista un plan adoptado para gestionar la capacidad y el esfuerzo pesquero para una pesca sostenible, es decir, en relación con las oportunidades de pesca disponibles”.
Con ese eventual dinero para la flota nacional atunera, se podrá invertir en “la reparación, remodelación, adaptación, y compra de embarcaciones con capacidad para la pesca sostenible del atún y otras especies de alto valor comercial”.
“El fideicomiso podrá realizar la compra de embarcaciones para darlas en arrendamiento o leasing a los fideicomisarios”, o sea, se podrán arrendar barcos a pescadores artesanales.
Con el mismo dinero, se podrá invertir en capital semilla y capital de riesgo “para establecer convenios y alianzas estratégicas con el propósito de desarrollar programas de incubación y aceleración de empresas”.
