Con 45 votos a favor, las y los diputados aprobaron de la Ley de sostenibilidad del Depósito Libre Comercial de Golfito, el segundo resello en lo que va de esta administración en menos de 15 días.
El diputado Ariel Robles, de Frente Amplio, criticó los vetos políticos del Presidente Rodrigo Chaves y dijo que “no se vale hacer presión en estrategias políticas con temas de tanta sensibilidad”.
“Ni el 911 ni la Zona Sur es ni deben ser nunca utilizadas como estrategia de presión sobre una Asamblea Legislativa. El pueblo no se usa ni la gente más sensible se utiliza como una estrategia política. Yo invito a esta Asamblea y a la oposición a que cada vez que nos pongan un veto encima con la intención de doblar brazos, levantemos las banderillas políticas y logremos ese acuerdo necesario por la gente, porque quien sufre por el 911 y por este veto al deposito libre es la gente”, resaltó Robles.
Mientras que el diputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), expresó: “El Presidente y su fracción se equivocan queriendo vetar iniciativas de ley que benefician a sectores y servicios desprotegidos. Hoy los diputados del resto de fracciones, le dimos la mano y no la espalda a un pueblo que hoy clama por oportunidades y opciones de empleo. Seguiremos resellándole al Presidente las iniciativas que vayan a favor de los costarricenses y que permitan salir adelante a las clases desfavorecidas”.
La “Ley de Sostenibilidad del Depósito Libre de Golfito, reforma de la Ley 9356, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (Judesur)”, tramitada bajo el expediente 23.233, fue aprobada el pasado 8 de setiembre; pero el mandatario la vetó parcialmente el pasado 4 de octubre.
La ley otorga una prórroga automática por tres años a los actuales concesionarios de locales del Depósito.
Según un comunicado de la Presidencia, el presidente vetó parcialmente la ley porque no se previó que las licitaciones públicas ya habían iniciado y la prórroga automática podría generar un conflicto de intereses entre los nuevos y actuales concesionarios.
De acuerdo con el Gobierno se podría causar un perjuicio grave a los futuros concesionarios que fueron seleccionados bajo las reglas del concurso público, amparados en el principio de libre competencia, ya que no podrán entrar a tomar posesión de los locales si éstos se encuentran ocupados por los concesionarios anteriores, que se amparan en la prórroga que otorga esta ley.
La diputada oficialista Pilar Cisneros, mencionó que toda la fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) votó a favor del proyecto. Pero justificó el veto parcial diciendo que se basa en un “criterio de la Procuraduría que advierte que se podría generar un conflicto legal entre los concesionarios actuales y los que quieren participar en una licitación”.
Cisneros insistió en que no están en contra del proyecto, sino que no quieren tener conflictos legales que podrían significar problemas para el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, a pesar de solo necesitar 38 votos para ser aprobado, el resello fue aprobado con 45 votos a favor.
Posteriormente el presidente del directorio legislativo, Rodrigo Arias, anunció que la ley quedaba sancionada y autorizada como ley de la República.
El resello es un instrumento mediante el cual 38 legisladores diputados superan el veto del Poder Ejecutivo y convierten un proyecto en ley con las firmas del directorio legislativo.
El pasado 10 de octubre, los diputados resellaron el proyecto de ley que excluye al Sistema de Emergencias 911 de la Regla Fiscal que está establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que también había sido vetado por el presidente Chaves.
“Significaría el cierre técnico del Depósito”
El legislador Felipe García, del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), afirmó que si no se aprobaba dicha ley, eso significaría el “cierre técnico del Depósito”. “Con este proyecto pretendemos prorrogar las concesiones vigentes y también aprobar el marco legal que permita que los locales cerrados puedan continuar con el trámite de las licitaciones el año entrante”, dijo.
El diputado de Nueva República, David Segura, señaló que si no se aprobaba la prórroga de los contratos, se verían afectados 500 empleos directos que genera el Depósito. También argumentó que no habría una superposición de derechos, como afirmaba el veto presidencial, ya que la ley dejaría sin efecto el proceso de licitación.
En eso coincidió Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista (PLP), quien explicó que al no haber ninguna adjudicación, aún no se han creado derechos adquiridos y que una ley de la República puede quedar por encima de cualquier proyecto licitatorio, “más uno que no ha sido adjudicado”.
