El plenario legislativo tramitó nuevamente una gran corrección para el proyecto de Ley para la promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables (22.009), que plantea la existencia de un modelo de electricidad donde quien genera la energía es también quien la consume, mediante fuentes de energía renovables.
“Las personas pueden inyectar los excedentes en el lugar donde se producen, para que no haya distorsiones en la metodología tarifaria y en la red. Hicimos precisiones para dejar blindado el proyecto únicamente para generación de autoconsumo, como era el objetivo, y evitar que se utilice para generación de más alto volumen como industrial y comercial”, explicó la diputada Paola Vega a UNIVERSIDAD, una de tres negociadoras del nuevo texto de ley.
Vega también definió en plenario que el cambio cuenta “con las precisiones necesarias para que no haya distorsiones en la red eléctrica ni se incrementen aumentos tarifarios por hacerlos mal hechos, con una metodología no propicia”.
Se presentaron nueve mociones para modificar el texto de ley, después de que los diputados aprobaran devolver el proyecto a su primer debate, durante inicios de esta semana.
Como parte de una negociación multipartidaria, los diputados aprobaron una moción firmada consensuada por la liberacionista Paola Valladares, el frentemplista José María Villalta y la ahora independiente Vega.
En oposición a la misma moción habló el socialcristiano Erwen Masís aunque, finalmente, dio su voto positivo para la misma propuesta.
El plenario rechazó los otros ocho cambios, uno firmado por Masís y los otros siete por su compañera de bancada, María Inés Solís.
Masís se opuso específicamente a una oración del artículo 8 porque consigna que las instalaciones de los generadores distribuidos deben cumplir “con las condiciones de calidad, confiabilidad y seguridad antes indicadas, por lo que las empresas distribuidoras se reservan el derecho de realizar las verificaciones que estimen convenientes”. El diputado del PUSC mantuvo que era una violación a la propiedad privada.
Ante la insistencia, Villalta respondió a los señalamientos de Masís diciendo que no se trata de un “allanamiento”.
“Es una norma que habla de que los generadores distribuidos pueden, con una simple declaración jurada de un ingeniero que declara que se cumplen los distintos requisitos, proceder a seguir con el trámite para poder instalar sus equipos. Es un trámite simplificado, de una declaración jurada. Si la empresa distribuidora tiene dudas de lo que se ponga en la declaración, por el impacto sobre la red (eléctrica), puede solicitar o realizar las verificaciones del caso”, explicó Villalta.
Diputados regresan proyecto de generación distribuida a primer debate para más cambios
Proponente Erwen Masís dice que al PUSC se le dejó por fuera de la negociación política sobre generación distribuida de privados
