Los diputados aprobaron esta tarde la reforma al reglamento legislativo que se tramitaba bajo el expediente 21.116, movimiento que representa la mayor modificación de las reglas que norman el funcionamiento del Congreso, desde que fueron estipuladas en 1961.
El objetivo del proyecto es agilizar los trámites en la Asamblea, definir plazos para votaciones y recortar los tiempos de discusión, un cambio que se propuso desde el año pasado y que ahora se concretó formalmente.
41 diputados aprueban la reforma al reglamento legislativo para agilizar la tramitación de proyectos. Esta es la mayor reforma al acuerdo reglamentario desde su instauración hace casi 60 años. @SemanarioU pic.twitter.com/CoIgmlU9sa
— Josué Alfaro (@josuealfaro_cr) March 4, 2019
El voto positivo llegó después de dos sesiones —y más de diez horas— de negociaciones, en las que estuvo a punto de naufragar la iniciativa, producto de tambaleos de las fracciones del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del bloque independiente Nueva República.
Ambas agrupaciones condicionaron sus votos en distintos momentos de la negociación; sin embargo, finalmente el PUSC accedió a apoyar la iniciativa para afianzar los 38 votos necesarios (41 en total), después de dos sesiones y más de diez horas de negociaciones.
Los independientes, confirmó la diputada Floria Segreda, habían pedido la asignación de varias plazas para asesores a cambio de los ocho votos que representaban; sin embargo, finalmente rechazaron la iniciativa sin dar mayores explicaciones, a pesar de que la habían dictaminado favorablemente comisión, representados por su jefe Jonathan Prendas.
Además, confundió el movimiento porque la diputada Ivonne Acuña se había manifestado a favor de la iniciativa en el Plenario, donde la calificó como un “alivio” pero luego votó en contra.
Por su parte, la fracción del PUSC había manifestado algunas diferencias con el Poder Ejecutivo que quisieron anteponer a la discusión de la reforma, las cuales se centraban en materia de agenda y proyectos no convocados por el Gobierno. No obstante, finalmente no pusieron en peligro la aprobación.
Sin los votos del PUSC, la reforma habría quedado rechazada, pero una carta firmada por el presidente Alvarado, en la que se comprometía a mejorar los canales de diálogo y trabajar en proyectos específicos, calmó las aguas en la agrupación rojiazul, cuya separación habría servido para enterrar la iniciativa.
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La reforma al reglamento se había empezado a construir desde el año pasado por todas las fracciones, y se dictaminó sin mayores trabas a inicios de año. Sin embargo, su aprobación final fue su trámite más complicado.
De hecho, la abultada diferencia de votos (de 41 votos a 11) no representó las acaloradas discusiones fundamentadas en temas que nada tenían que ver con la reforma en sí misma, sino con disgustos, peticiones y condiciones socialcristianas e independientes.
Además de los independientes sólo votaron en contra Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN); Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); y José María Villalta, del Frente Amplio (FA).
Ellos se mantuvieron siempre en contra de la iniciativa por diferencias de fondo, pues argumentaban que la reforma restringiría los derechos de las agrupaciones más chicas de la Asamblea, en vista del recorte de tiempos para discusión y de algunas otras disposiciones para agilizar el camino de proyectos específicos hasta su votación.
La oposición de Villalta, especialmente, fue la más férrea de todas, y él mismo señalo que habría querido que la oposición fuera más amplia y contundente por parte de otros partidos; más allá de “meter otras demandas que nada tenían que ver con el proyecto”.
Según Villalta, la oposición suya, era contra “el cretinismo parlamentario de creer que por reglamentos se resuelven todos los problemas de la política”, mediante “una tendencia a silenciar y a quitar el uso de la palabra a las fracciones que hacen uso de ella”.
A favor, sumaron 41, los 10 diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), 16 del Partido Liberación Nacional (PLN), siete del PUSC, cinco del Partido Restauración Nacional (PRN), la integracionista Zoila Volio, el republicano socialcristiano Otto Roberto Vargas y el independiente Erik Rodríguez Steller.
Un cambio ‘necesario’
A pesar de las trabas, la iniciativa fue celebrada con especial intensidad por sus principales propulsores, como el jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides.
El liberacionista destacó que actualmente muchos proyectos quedan “en el limbo” producto del “filibusterismo” de algunos diputados, algo que la reforma buscaría evitar con normas como obligar a dictaminar proyectos en cortos plazos y achicar los plazos para el uso de la palabra.
Según Benavides, la iniciativa intentará “evitar el poder de veto ilimitado que han tenido diputados y diputadas”, como se refirió a la costumbre política de bloquear iniciativas a través del uso de la palabra, de la presentación excesiva de mociones o de los aplazamientos de votaciones.
Más tarde, señalaron lo propio los también verdiblancos Gustavo Viales y Roberto Thompson, quienes fueron más gráfico en su intervenciones y recordaron “los bochornosos episodios” de diputados ingresando con carretillos llenos de mociones al Congreso.
También destacó la aprobación la presidenta del Congreso y de la comisión que dictaminó el proyecto de reforma, la oficialista Carolina Hidalgo, quien señaló que se trataba de “una reforma esperada por décadas”.
“Hoy demostramos que tenemos deseos genuinos de cambio, a pesar de los costos y las complicaciones que ustedes conocen que tuvo este reglamento, desde su confección hasta ahora”, subrayó.
La presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, celebra la aprobación de la reforma al reglamento legislativo: "Es una reforma que tiene más de un año de estarse construyendo" (y hoy estuvo a nada de caer). @SemanarioU pic.twitter.com/YsPB8NH5ms
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Finalmente el proyecto se votó después de más de diez horas de debates, recesos y negociaciones; y casi seis décadas después de la aprobación del texto vigente.
Una nueva vía rápida y menos tiempos
Entre las principales cambios que intentará aplicar esta nueva reforma está una nueva regulación para aplicar procedimientos de “vía rápida” a los proyectos de ley. Actualmente, la Asamblea suele aplicar el artículo 208 Bis del Reglamento; sin embargo, esa posibilidad requiere que los diputados deban organizar un proceso diferente cada vez que lo aplican.
Con esta nueva reforma, se establecen pautas específicas para tramitar iniciativas de ley con una mayor rapidez, siempre y cuando así lo aprueben al menos 38 congresistas.
Estos procedimientos se han convertido en trámites comunes para proyectos complejos como los de corte fiscal; sin embargo, la ausencia de una regulación definida por reglamento ha propiciado que se cometan vicios de procedimiento en algunos trámites. Esta posibilidad se reduciría con el nuevo cambio.
Además de esta nueva vía rápida, la iniciativa reduce tiempos para el uso de la palabra en las discusiones legislativas; al tiempo que pone regulaciones directas para intentar que se garanticen las votaciones de informes de comisiones investigadoras y de otros expedientes que normalmente no se votan en el Congreso, como la liquidación presupuestaria del Gobierno.
También se ordena a la comisiones un plazo para dictaminar los proyectos, de modo que se voten negativa o positivamente en algún momento de su trámite sin excepción.
Además, impone normas para realizar debates reglados sobre temas de discusión nacional entre todas las bancadas del Congreso; así como la posibilidad de que los diputados se excusen de votaciones si piensan que podrían estar legislando en beneficio propio.
En un inicio, la reforma también planteaba la posibilidad de instaurar el voto telemático (a distancia) y de aumentar el número de firmas requeridas para solicitar una consulta constitucional; sin embargo, ninguno de esos cambios fue posible precisamente por normas constitucionales que dictan lo contrario.
