El legislador del Frente Amplio José María Villalta, insistió en que la Asamblea Legislativa debe investigar otros casos igualmente graves de posibles delitos y responsabilidad política en el financiamiento de otros partidos políticos, y no únicamente el caso del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Villalta hizo el llamado durante la presentación del Informe sobre “Financiamiento de campañas políticas 2002, 2006 y 2010 del Partido Acción Ciudadana (PAC)”, el pasado 19 de abril.
Ese día se aprobó el informe de mayoría emitido por la Comisión Especial, conformada en 2019 por iniciativa del diputado independiente Dragos Dolanescu.
Villalta dijo que aunque compartía ese informe de mayoría y lo votó afirmativamente, “el talón de Aquiles” de esa comisión investigadora es que esta Asamblea Legislativa se negó a investigar otros casos igualmente graves.
“Me refiero a la conformación de estructuras paralelas, que es quizás la forma más perversa de brincarse la legalidad electoral. El partido que lo hace gestiona recursos con empresarios o personas, que no ingresan a las cuentas bancarias acreditadas ante el Tribunal Supremo de Elecciones, sino cuentas paralelas a nombre de personas físicas o jurídicas, lo que tiene el propósito de encubrir eventuales financiadores cuestionables y de invertir los recursos sin fiscalización”, denunció Villalta.
Ese día, la diputada oficialista Catalina Montero presentó el informe de minoría de la comisión investigadora. Villalta destacó que en dicho informe hay dos recomendaciones que deberían atender.
Una es crear una comisión que investigue todos los casos de financiamiento ilegal de los distintos partidos políticos que han generado daños a la institucionalidad de este país.
Y la otra es “proponer una revisión integral de la legislación electoral sobre el financiamiento de los partidos, incluyendo la emisión de certificados de cesión y el posterior reconocimiento de gasto, así como los medios de pagos utilizados para sufragarlos, con el fin de proponer iniciativas que aborden estos problemas”.
Numerosos casos
A continuación, el recuento de las irregularidades que han sido denunciadas desde el 2002 en las campañas de varios partidos políticos, según información brindada por el diputado Villalta:
2002: Para la campaña electoral que ganó Abel Pacheco, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se manejaron por fuera de las cuentas autorizadas por el TSE, más de ¢2.400 millones. El PUSC manejó “una buena parte de sus finanzas mediante cuentas paralelas, con el objetivo de encubrir a sus financiadores y no reportar esos ingresos” al TSE. Se conocieron hasta seis cuentas bancarias, que se usaron para el fraude, y se recibieron donaciones multimillonarias de conocidos y poderosos empresarios.
2002: En esas elecciones también existió una estructura paralela en el Partido Liberación Nacional (PLN), que recibió al menos una donación de la empresa Waked International, con sede en Panamá, por $25.000. “El tesorero del Partido dijo que los dineros se utilizaron en caridad y no en la campaña electoral. Nadie les creyó y, tanto el tesorero como el candidato presidencial de ese entonces, fueron separados temporalmente de la militancia del PLN”. El candidato del PLN era Rolando Araya Monge.
2010: Existe otro partido bajo investigación judicial por simulación de contratos. Según la acusación de la Fiscalía, el excandidato presidencial del Partido PASE, Óscar López, y dos exdiputados simularon contratos de alquileres de vehículos por ¢200 millones. Los certificados con los que se cancelaron estos alquileres de vehículos habrían sido renegociados en la misma campaña del 2010, para obtener dinero en efectivo.
2010: En las elecciones municipales, el PLN habría simulado contratos de alquileres de vehículos por ¢215 millones. El alquiler no habría ocurrido, sino que mediante el endoso de los contratos se obtuvieron recursos líquidos que se devolvían a la campaña municipal. Se habrían falsificado firmas en esos recibos. La Fiscalía elevó este asunto a juicio.
2018: Revivieron estas estructuras paralelas en las campañas de Fabricio Alvarado. El propio presidente de Restauración Nacional (Carlos Avendaño) denunció ante el TSE la existencia de una estructura paralela para la recepción de fondos y para los gastos. Esta estructura estaba en el comando de campaña del señor Alvarado, y entre los gastos cuestionados estaban la contratación de la empresa mexicana Espora, la contratación de asesores nacionales, la contratación de encuestas a la empresa OPOL, los contratos de publicidad con la empresa Crescendo y los pagos a empresas privadas que habría realizado el jefe de campaña, Juan Carlos Campos, a través de One Sport Costa Rica. La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de esta Asamblea se negó a investigar esta estructura paralela.
2018: Estructuras paralelas en la campaña de Juan Diego Castro. El TSE envió a la Fiscalía una denuncia para investigar la presunta estructura paralela en la campaña de Juan Diego Castro. El TSE habla de la aparente contratación de una empresa española de asesoría de imagen que no consta en los reportes oficiales del PIN. La empresa es propiedad de una hija del famoso jurista, Baltasar Garzón, y el contrato original fue negociado por el empresario autobusero de apellido Simaan Khachab por la suma de $400.000. Presuntamente se habría pagado una suma muy inferior, porque la relación entre ambas partes se rompió rápidamente. Esta denuncia tampoco ha sido objeto de investigación legislativa.
2018: Denuncia de posibles donaciones ilegales para pagar viajes en helicópteros del candidato presidencial Fabricio Alvarado. Se busca determinar el origen de los fondos que financiaron los vuelos en helicóptero que realizó el candidato durante la campaña.
2014: Capacitaciones fantasmas del Partido Movimiento Libertario durante la campaña presidencial del candidato Otto Guevara y una condena (en 2017) por ¢401 millones de colones al partido. “Su principal líder y dirigente, Otto Guevara, se lavó las manos y ahora formó otro partido político para intentar volver ir a la Asamblea legislativa”.
