El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, denunció este miércoles por la noche en la Comisión de Hacendarios que el hampa desmanteló la Unidad Pedagógica Sotero González Barquero, en San Juan de Dios de Desamparados, una obra perteneciente al polémico fideicomiso entre el Ministerio de Educación Pública y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La aseveración de Villalta se hizo durante la visita de la ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz, quien asistió a la Asamblea Legislativa para solicitar ¢16.693 millones para inyectarlos al fideicomiso educativo y finalizar siete obras que quedaron abandonadas por las empresas constructoras.
De acuerdo con Villalta, este centro educativo ubicado en Desamparados tiene una inversión de casi $9 millones (son $7,7 millones, según consignó este semanario en anteriores artículos), y hasta hace poco tenía un avance del 70%. El abandono por parte de las constructoras fue aprovechado por el hampa, que dejó las instalaciones apenas con la obra gris, sin techo y servicios sanitarios.
“Esa obra, una vez que cerró el fideicomiso, la dejaron a medio camino, quitaron la seguridad que tenía que cuidar la obra, y al dejarla abandonada, la desmantelaron los delincuentes”, indicó Villalta.
“No sé si usted está enterada, pero lo que nos reportan los vecinos es que en estos momentos se quedaron con la obra gris, se robaron las latas de los techos, acabados, servicios sanitarios. Hoy hay que hacerla de nuevo, con un gran costo de recursos públicos, estamos hablando que ahí se pueden haber despilfarrado miles de millones de colones, más de ¢2 mil millones de colones”, criticó.
Sobre este caso en concreto, la ministra Cruz indicó que estaba enterada de la situación, pero que estas obras aún son del Banco Nacional, y que al no estar terminadas, el Ministerio no puede recibirlas.
“No podemos recibir esas obras porque todavía están como parte del Banco Nacional. Son obras que no podemos recibir en el Ministerio de Educación porque no están finalizadas. La seguridad en su momento, la pidió el Banco Nacional hasta marzo, tengo entendido, y al no poder hacer el cierre del proceso y no poder terminarlo, tenemos, lamentablemente, esa situación que usted indica”, alegó Cruz.
Villalta añadió que alguien debe responder por el daño y que le parece que existe una descoordinación entre el MEP y el Banco Nacional, la cual es inaceptable. “Alguien tiene que rendir cuentas por el deterioro de los recursos públicos”.
Explicó también que considera que existían alternativas, y que se podían proteger los bienes. “No puede ser que las dos entidades se laven las manos y dejen una obra pública en manos del hampa para que se la roben. Es muy grave”.
Cruz, por su parte, le respondió a Villalta que tiene razón en su preocupación por los fondos públicos, y que han conversado con el Banco Nacional.
“Por eso la importancia de poder terminar las obras. Realmente la situación, como usted lo menciona, es preocupante y es importante resolverlo para poder atender esas necesidades de la población”, indicó.
El fideicomiso, por $167,5 millones provenientes de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue firmado en 2013 con el propósito de realizar 103 obras educativas. Al final, el dinero sólo alcanzó para concluir 48 proyectos, los cuales fueron entregados.
Otros 48 proyectos ni siquiera comenzaron por falta de dinero, mientras que siete fueron abandonados por las empresas a cargo. UNIVERSIDAD informó desde noviembre del 2020 que las obras abandonadas pertenecían a Ideco-Ruco-GCI (que recibieron un total de 14 proyectos por poco más de $22 millones) y JCB-Rock Construction (contratado por $7,7 millones).
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