La diputada presidenta de la Comisión de Infraestructura, Paola Valladares, señaló al Ministerio de Educación Pública (MEP) como “el único responsable” del fallido fideicomiso de construcción que se financió con $167,5 millones (¢103 mil millones) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Ustedes son los responsables de que hayan niños hoy que no tengan donde estudiar. (…) Como MEP han sido omisos de la fiscalización y supervisión, para dar la alerta en el tiempo oportuna para que este desastre no se diera”, acusó Paola Valladares durante un careo con la ministra del MEP, Guiselle Cruz; la directora del fideicomiso con el Banco Nacional, Lourdes Fernández y el ministro de Hacienda, Elián Villegas.
Valladares afirmó que “da vergüenza escuchar que tuvimos un buen suceso cuando alcanzamos solo el 46% de lo proyectado en una ley. Eso no es un buen suceso, cuando ni siquiera se llega a un 50% de lo que estaba estimado”.
De 103 proyectos constructivos de educación, la ministra de Educación aseguró que finalmente se recibieron 48 antes de agotar los cinco años de vigencia del fideicomiso del BID.
Las afirmaciones ocurrieron el martes 4 de agosto, ocho meses después de que el MEP rescindiera contratos con dos consorcios constructivos.
UNIVERSIDAD informó desde noviembre del 2020 que las obras abandonadas pertenecían a Ideco-Ruco-GCI (que recibieron un total de 14 proyectos por poco más de $22 millones) y JCB-Rock Construction (contratado por $7,7 millones). Estos consorcios fallaron en la entrega de los últimos siete proyectos que habrían sumado un total de 55 proyectos concluidos con el dinero del BID.
Dos consorcios amarran fideicomiso del MEP en batalla legal por rescisión de obras abandonadas
MEP asegura que los ocho proyectos serán terminados en el 2021 con ₡10.500 millones que están en Caja única del Estado.
“Cuando en el 2016 estábamos claros de que los $167,5 millones no iban a dar para 103 proyectos, hicimos un trabajo arduo junto con el MEP para lograr un financiamiento de otro tipo. Pero la misma Ley (del fideicomiso) establece que los $167,5 millones es el límite que el Estado puede garantizar (…) La ejecución del fideicomiso fue perfecta, se acabó el dinero y el tiempo para usar el dinero”, afirmó la representante del Banco Nacional, Fernández.
Posteriormente, el ministro Elián Villegas que precisamente por la ausencia de recursos se acordó “disminuir la cantidad de obra para que conteste con la cantidad de recursos de la ley 9124”.
No obstante, ahora, para concluir esos siete proyectos restantes de los 55, la directora del fideicomiso dice que hacen falta aproximadamente $27 millones de recursos propios del MEP, la única alternativa que le queda a la Ley 9124.
También dijo que de no conseguirse esos millones, habría que hacer un reintegro al BID por $15,6 millones para reintegrar al BID ese dinero si no se consigue el dinero.
Sobre la recuperación de dineros, Fernández dijo que se le cobraron $788.570 por garantías de incumplimiento (¢486,3 millones) a JCB-Rock Construction, firma originalmente ligada al empresario Juan Carlos Bolaños.
No obstante, Ideco-Ruco-GCI inició un proceso contencioso administrativo en contra del fideicomiso que “a todas las luces ha atrasado el cumplimiento de ese pago”, afirmó Fernández.
Sobre los fallos que señalaron tanto Fernández como la ministra Cruz sobre la poca flexibilidad que tuvo el fideicomiso, la diputada Valladares también señaló que existió un periodo de cinco años para rectificar los imprevistos.
“Fueron cinco años para tomar acciones, cinco años para haber modificado una Ley, adecuándola a lo que vienen a escudarse de que había falta de gobernanza. cinco años para modificar lo que estaba mal. No se vale decir en el año seis o siete que estaba mal”, dijo la diputada liberacionista.
Entre los elementos fallidos, el careo con MEP, Hacienda y la representante del Banco Nacional dejó claro que no había contacto con el Comité de Vigilancia que se conformó con miembros del Poder Ejecutivo para vigilar las obras.
La directora del fideicomiso dijo a la diputada Paola Valladares dijo no recordar los nombres de los representantes de ese Comité pero citó a Hacienda, el MEP, el Ministerio de Obras Públicas y el fiduciario del Banco Nacional como sus miembros. La diputada calificó ese desconocimiento como un “terror”.
“Reitero, ¿Dónde estaban los responsables? Comité de vigilancia, nulo, porque aquí nadie lo conoce. Ministerio de Educación Pública (tenía) la unidad encargada de supervisar al Banco Nacional, tampoco hizo nada. Tuvo cinco años para proponer a los diputados y las diputadas una reforma para mejor gobernanza, nunca hizo nada. La Unidad Ejecutora, que era el Banco Nacional, ahora dice que no había gobernanza: ¿por qué no lo manifestó antes? Que nadie venga a decir que el otro sea el responsable”, acusó Valladares.
Diputados piden más información
La diputada Valladares pidió copia del contrato del fideicomiso para verificar los miembros del Comité de Vigilancia.
Su compañero de bancada, Luis Fernando Chacón, pidió también las actas del Comité y sus informes.
El subjefe de Liberación Nacional, David Gourzong, pidió un informe sobre la judicialización de terrenos que no cumplían los requisitos para las construcciones. Según afirmó la ministra Guiselle Cruz esto ocurrió con terrenos de las Juntas de Educación que fueron cedidos al fideicomiso.
La diputada Marolin Azofeifa de Restauración Nacional pidió confirmación de que los consorcios JCB-Rock Construction e Ideco-Ruco-GCI no tienen otras adjudicaciones en firme desde el MEP.
