“Yo no puedo apoyar un proyecto inspirado en una filosofía que demoniza al sector público y a sus trabajadores y que además viene a cercenarles derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales”, dijo el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos. “Yo les propongo a ustedes compañeros que rechacemos este proyecto de ley y que propongamos uno de salario global”, enfatizó.
Esta tarde se realizó el primer día de discusión por el fondo del expediente 21.336, “Ley Marco de Empleo Público”, en un fuerte debate previo a su eventual votación en primer debate este jueves. Afuera de la Asamblea, trabajadores afiliados a la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) se manifestaron en contra del proyecto, bajo la lluvia.
El diputado Víctor Morales (PAC), principal impulsor del proyecto, hizo un resumen del texto final y destacó que “el modelo de salario global permite un reconocimiento para la formulación de salarios más competitivos para el ingreso a la función pública y al mismo tiempo desacelerando el crecimiento del gasto público”.
“Las personas servidoras públicas pueden tener absoluta seguridad de que este proyecto no va disminuir sus salarios, se respetan los derechos adquiridos y se crea un salario más competitivo para los nuevos ingresos. Hemos caminado hacia un salario global que garantice que el salario será siempre igual para las personas funcionarias que realicen el mismo trabajo en idénticas condiciones”, agregó.
Tomaron la palabra para volver a exponer los cuestionamientos que enfrenta el proyecto los legisladores Welmer Ramos y Paola Vega, del PAC, Shirley Díaz, del PUSC y Walter Muñoz, del PIN. Mientras que los liberacionistas Yorleni León y Luis Fernando Chacón promulgaron su apoyo.
“¿Cómo podemos nosotros permitir siquiera que un tribunal del Servicio Civil sea la última instancia administrativa para despedir o inhabilitar a un doctor acusado de mala praxis, o a un juez que faltó a su independencia, o a un profesor acusado de conducta misógina, cuando es un tribunal del Servicio Civil que no tiene las atribuciones ni las capacidades para enfrentar este tipo de casos que son muy especializados y que hoy están en tribunales en las instituciones correspondientes?”, cuestionó Welmer Ramos.
“En el caso de las universidades públicas, el proyecto permite que Mideplan defina perfiles de funcionarios universitarios, afectando seriamente la autonomía universitaria, entendida esta no como un privilegio del que gozan los universitarios sino como una garantía ciudadana de contar con centros de enseñanza superior que sean libres e independientes del poder político transitorio. Eso es lo que estamos defendiendo, y no los salarios o pensiones abusivas, que eso sí que queremos regular. Lo que no podemos permitir es que con la excusa de regular salarios abusivos, socavemos la división de poderes y el diseño institucional que ha facilitado un desarrollo nacional que nos ha permitido diferenciarnos de otras realidades regionales”, continuó Ramos.
Mientras, Yorleni León hizo un recuento de cómo empezó a gestarse este proyecto desde el 2011, con la necesidad de regular el empleo público y también aprovechó para acusar al PAC de desmarcarse del proyecto.
León dijo que recién con la negociación y aprobación de la Reforma Fiscal, el Gobierno asumió el compromiso de atender este tema. “La oposición responsable empezó a presionar al Ejecutivo para que de forma inmediata empezara a preparar un proyecto de ley sobre empleo público”.
“En el 2019 se recibe la primera versión, muy propia de las versiones de proyectos que se reciben del Gobierno del PAC, fue presentado por la presión de la oposición; pero además era una versión muy floja. Eso le permite al Gobierno ganar tiempo, porque empiezan a jugar con las diferentes versiones de textos sustitutivos, y además les permite desmarcarse de aquellas decisiones que son realmente importantes dentro de los proyectos de ley”, señaló la diputada.
“Ese desmarcarse significa que sean otras fracciones, otros diputados los que deban asumir el costo político de muchos de los cambios que ahí se hacen”, criticó León.
Paola Vega, del PAC y quien ha sido voz crítica del plan, apuntó: “Esta ley no tiene datos para medir su impacto, el Mideplan se ha rehusado a dar datos fidedignos porque es imposible tener datos hasta que sepamos cuál va a ser el salario global aplicado, hasta que sepamos cuánta gente va a transicionar de un salario a otro. Todo lo que le han dicho a la prensa, es mentira, es mentira, no hay datos que sostengan este proyecto de ley”.
“No dudo que este connato de proyecto no supere la consulta constitucional; así nos encargaremos porque las inconstitucionalidades que contempla son groseras y evidentes”, recalcó Vega.
Por su parte, Walter Muñoz, quien también recordó la ausencia de datos, dijo que tampoco se ha estimado el impacto en el consumo nacional por la reducción del poder adquisitivo de los empleados públicos y su efecto sobre la actividad económica en general.
“Venimos a consumirnos dos años en un proyecto de empleo público que agotó la agenda del periodo extraordinario siendo un fracaso total en la reactivación económica y en la generación de empleo que tanto necesita el país”, añadió Muñoz.
“No reúne las condiciones para realmente acabar con los privilegios y los gastos excesivos, no ataca los salarios de lujo, sacó a las entidades más importantes que consumen los salarios más grandes de este país, como son los bancos. Lo que pretende al final es afectar al empleado público de la manera más atropellada”, continuó el legislador.
