La diputada socialcristiana Melina Ajoy propone que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) cree un sistema de información y vigilancia de precios de medicamentos de marca y genéricos para que los consumidores tomen decisiones informadas e independientes.
El propio MEIC, en el documento Estudio del mercado privado de medicamentos a nivel detallista en Costa Rica del 2019, identifica que “existe poca información y esta a su vez se halla de forma diseminada”.
Leiner Vargas, economista e investigador del mercado de medicamentos, considera que transparentar esta información también es vital para hacer notar distorsiones del mercado que actualmente pasan desapercibidas.
El proyecto 23.234 también obligaría a las personas médicas a prescribir por el nombre genérico y no por el de marca, para evitar el sesgo de que los de marca (generalmente más caros) son mejores y que quede en manos del paciente la elección.
La norma incluiría sanciones para aquellos profesionales que reciban regalos o incentivos a cambio de recetar medicamentos de marca y obligaría al Ministerio de Salud a informar a los consumidores de equivalentes genéricos de los medicamentos.
“Lo que busca este proyecto es mejorar el desempeño del mercado de medicamentos en nuestro país, para tener una rebaja sustancial en los precios que pagan los costarricenses por sus medicinas”, dijo la diputada.
La propuesta también recupera disposiciones incluidas en los decretos firmados por el presidente Rodrigo Chaves el año pasado que eliminan la importación exclusiva y permite la homologación automática de medicamentos autorizados por países con mayores credenciales que Costa Rica.
Tras cinco meses de la firma de los decretos, el IPC no refleja disminución de precios en la mayoría de los medicamentos. En esta fuente, sin embargo, no es posible ver las variaciones de precio por marca y genérico sino solo por categorías.
Mayoría de medicamentos están más caros, pese a decreto para bajarlos
La contundente promesa del Ejecutivo quedó corta: entre agosto y diciembre, solo 2 de 16 de las categorías de medicamentos del INEC acumularon disminución; investigador asegura que medidas son insuficientes.
El economista y asesor legislativo de Ajoy, Luis Carlos Olivares, explicó que el proyecto de ley tiene tres diferencias fundamentales con los decretos: tiene seguridad jurídica, las sanciones no son solo de carácter administrativo y combina las medidas con otras sobre mecanismos de control y demanda que valora necesarias para darle efectividad.
Sobre lo primero explicó que los decretos fácilmente pueden quitarse tras un cambio de administración, mientras que un proyecto de ley no. De igual manera los decretos se tienen que limitar a sanciones administrativas que difícilmente persuadan a empresas con gran poder de mercado a detener sus prácticas anticompetitivas.
Finalmente, la falta de información del mercado y la ausencia de un monitor de precios también facilitan esta práctica.
El proyecto de ley está en corriente legislativa, en la Comisión de Económicos, sin embargo, a pesar de las coincidencias con los decretos del Ejecutivo, no fue convocado por el Gobierno.
