Diputados y diputadas de Liberación Nacional (PLN) la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Liberal Progresista (PLP) atacaron esta tarde a la administración de Rodrigo Chaves, algunos de ellos con datos en mano de la publicación de UNIVERSIDAD sobre el más bajo decomiso de cocaína en los últimos 10 años, pues consideran que el Poder Ejecutivo no ha sido capaz de plantear una verdadera estrategia para enfrentar la creciente ola de criminalidad que enfrenta el país.
El liberacionista Francisco Nicolás afirmó que “definitivamente a este gobierno le falta una política pública en materia de seguridad nacional y combate a delincuencia organizada” y añadió que “no es con remedios caseros, con dichos o confrontaciones como podemos contener esta ola de violencia y de crecimiento de crimen organizado”.
Nicolás ofreció tres casos para demostrar su afirmación. En primer lugar, mencionó la “evidente ausencia de la Policía de Control de Drogas (PCD) en puestos fronterizos, pésima señal para los grupos organizados de delincuencia y tráfico de drogas, diciéndoles que este país tiene las puertas abiertas”.
Añadió que tampoco se nota “retenes en carreteras, puntos de control de motocicletas o vehículos sospechosos” en lo que describió en verso como una “ausencia total en territorio nacional de presencia policial”.
Con igual gravedad afirmó que “no funcionan ningún sistema de radar para detectar lanchas sospechosas o vuelos sospechosos”.
En tercer lugar, cuestionó que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tenga que pagar el impuesto al valor agregado (IVA) y que, ante la posibilidad de que se lleve adelante una iniciativa para eliminar ese pago, “lo que recibe el OIJ es una amenaza velada de parte del Ministerio de Hacienda donde dice si de esta bolsa me sacan ¢1.300 millones de esta otra le quitó al presupuesto del Poder judicial otros ₡1.300 millones. Ya Hacienda sacó el garrote como lo hizo con el marchamo”.
Criticó al gobierno además porque “está obsesionado con cinco proyectos de ley y punto, proyectos incluso mal redactados y con roces de constitucionalidad”.
Por su parte la socialcristiana Vanessa Castro dijo que los tres poderes de la república tiene responsabilidad de velar por la seguridad ciudadana, que es un derecho humano, pero enfatizó que el Poder Ejecutivo es el que “debe instrumentalizar adecuadamente una política pública contra la criminalidad”.
Afirmó que el Poder Ejecutivo “no está cumpliendo adecuadamente su misión” y referenció datos recién publicados por UNIVERSIDAD, en el sentido de que “tenemos el más bajo índice en 10 años de decomiso de cocaína, ¿por qué?”.
UNIVERSIDAD también reveló que se ha dado una reducción aún mayor en los comisos, es decir los bienes que pasan a posesión del Estado, en los cuales los dólares y colones caen de forma vertiginosa de $1,6 millones a solo $1.346 (mil trescientos cuarenta y un dólares) y de ₡273 millones a 3,5 millones. Esto equivale a reducción del 98% en la cantidad menor de comisos.
Lucha contra narcotráfico en Costa Rica profundizó su caída en decomisos de cocaína a niveles más bajos de la década
Cantidad decomisada se reduce casi un 60% en comparación con 2021, mientras otros indicadores claves, como decomisos de dinero, reportan caídas en solo un año de 76% en dólares y 68% en colones.
Finalmente Gilberto Campos, del PLP, se refirió a la cita sobre el tema que se dio ayer en Casa Presidencial, en la que “lejos de una sesión informativa muy informativa, esperábamos un plan de emergencia para que se atendiera el crítico problema de la inseguridad”; sin embargo, “la respuesta ante la pregunta directa sobre la ausencia de ese plan fue que es el plan Costa Rica Segura Plus”.
Campos dijo que esa iniciativa tiene 141 días de haber sido puesta en marcha y “no ha logrado revertir las tendencias de homicidios ni de posiblemente la comisión de otros delitos relacionados con la narcoactividad, entonces no es ese el plan de emergencia que estamos ocupando”.
