La lucha contra el narcotráfico en Costa Rica había alcanzado en el 2022 una caída a los niveles más bajos de la década en indicadores claves, que se están profundizando en la revisión de los registros al mes de agosto.
Los indicadores recopilados por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) reportaron que, al corte de agosto, los kilogramos de cocaína decomisada alcanzaron la cifra de 12.436. Se trata de la menor cifra en la década para esta fecha, y representa una caída de 13,5% con respecto al año anterior.
Los datos del 2022 al corte de agosto (14.392 kilogramos) ya se habían ubicado entre los más bajos de la década, con una caída de un 52% con respecto al corte anterior, y apenas superiores a los registros del 2015. Sin embargo, si se considera la tendencia actual a partir del 2021, la baja es de un 59%.
Empero, pareciera más preocupante la caída en el último año (registros de agosto a agosto) en las cifras de decomisos de dinero, ya que se pasó de un 2022 que presentaba las mayores incautaciones en dólares y colones, a un desplome a niveles de hace cinco años: de $11 millones en 2022 a $2 millones en 2023, y de ₡2.563 millones a ₡808 millones, una baja de 76% y 68% en un año (ver gráficos).
La reducción es aún mayor en los comisos (cuando el bien pasa definitivamente a posesión del Estado), en las que los dólares y colones se hundieron de $1,6 millones a solo $1.341 (mil trescientos cuarenta y un dólares), y de ₡273 millones a ₡3,5 millones. Se trata de las menores cantidades de comisos para esta época del año en la década, con caídas que superan el 98%.
También, se registra un cambio en la tendencia a trasladar más reportes de operaciones sospechosas (ROS) a instancias judiciales de la Unidad de Inteligencia Financiera, que pasaron de un incremento sostenido en cuatro años, a una caída de un 75% en solo un año.
En contraste, dos indicadores que al cierre del 2022 también mostraban tendencias negativas registran una recuperación para agosto: las personas detenidas por actividades relacionadas con drogas (722 en diciembre, caída continua de un 30% desde el 2019 y menor registro en toda la década) y organizaciones desarticuladas (140 a fin de año, baja de 23% desde 2021).
Estos dos indicadores registraron una mejoría en agosto: las personas detenidas pasaron de 464 en 2022 a 550 en 2023, mientras las organizaciones desarticuladas pasaron de 74 a 144: casi un aumento del 95%.
Crimen evoluciona, policía no
No hay que llamarse a engaño: no se trata de un retiro o debilitamiento de la actividad del narcotráfico, sino lo contrario. El Reporte Estratégico de Control Internacional de Narcóticos de Estados Unidos, divulgado en marzo del 2023, es muy claro: “Costa Rica sigue siendo el principal punto de transbordo de cocaína en ruta a los Estados Unidos desde Sudamérica y es un punto de tránsito clave en el tráfico internacional de narcóticos”, reporta.
A esto se debe agregar las polémicas que se han entrelazado, por el aumento de los homicidios, y varios tropiezos del Gobierno en la materia de seguridad nacional (ver recuadro).
Mauricio Gómez, secretario general adjunto de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), destaca que hay varios elementos que se deben considerar, entre ellos la evolución del fenómeno criminal, lo que ha motivado que se pasan de homicidios vinculados a delitos como robos y violencia doméstica, a asesinatos relacionados con el narcotráfico.
“Hay claras falencias en los recursos que se destinan a la seguridad, las policías no crecen, no tienen más herramientas, tienen presupuesto y personal limitado, con técnicas de investigación y legislación que ya son obsoletas”, comentó Gómez.
En este sentido, la población nacional ha crecido un 5% en la última década, mientras el personal de las fuerzas policiales se redujo un 10,8%. Y en ese mismo período, la producción nacional aumentó un 50% en términos reales, mientras el presupuesto del Gobierno central lo hizo en un 60%. Pero el Ministerio de Seguridad Pública apenas lo hizo en un 10%.
El juez Andrés Retana —quien ingresó al Poder Judicial como fiscal de narcotráfico— señala en ese sentido que hay una enorme desigualdad entre la evolución de la criminalidad en los últimos años y las posibilidades de la policía y las instituciones de seguridad. “Hay muchas más personas dedicadas a la legitimación de capitales, tienen más formas de ingresar capitales ilegales al sistema económico lícito”, explicó.
De esta manera, Retana explica que a pesar de que el fenómeno está en aumento, las cifras de lucha contra el narcotráfico no crecen de la misma manera. “Hay una diversificación en estos delitos, es muy complicado enfrentarlos con las herramientas actuales, y más bien hay un debilitamiento del Estado en general, faltan recursos”.
Responsabilidad al banquillo
Pero además de ser un proceso de desgaste que se acumula en el país, también hay una cuota de responsabilidad para las autoridades actuales, explica el criminólogo Erick Villalba: “Hay muchos factores, pocos recursos del Estado y evolución del narcotráfico, pero lo más importante es que el tema de seguridad no es prioridad para esta administración”.
Es una visión que comparte Gómez, en el sentido de que la actual administración solo ha dado muestras de interés por temas económicos, relegando los sociales y la seguridad.
En ese sentido, Villalba resaltó que las políticas de seguridad tienen una doble dimensión, la preventiva y la represiva. Destacó que no ha identificado aspectos sólidos en materia preventiva, que requieren acciones de largo plazo, con la mira en educación, empleo y deporte. Por el contrario, el Gobierno ha presentado los mayores recortes a la inversión social en la década. La otra parte, de respuesta a la delincuencia, considera que la propuesta que se podría identificar en “Costa Rica Segura” y “Costa Rica Segura Plus” no es la suficiente para atacar el fenómeno tan complejo.
También, se debe considerar las carencias en materia de una política nacional de seguridad. La Contraloría alertó sobre esta ausencia y exigió a las autoridades la presentación de una propuesta. Un primer avance fue remitido el pasado 30 de agosto del cronograma que debería culminar en agosto del 2024 con la definición de esta política.
Poner al narco en la mira
Ante este panorama, Retana recordó que, desde hace unos 15 años, autoridades colombianas advertían a sus contrapartes costarricenses de que el país se dirigía a un conflicto similar al que ellos habían padecido. “Advertían la necesidad de reestructurar las políticas criminales”, manifestó.
Un primer paso en esa dirección implica asimilar la mutación que ha enfrentado el narcotráfico, internacional y local, y realizar ajustes para enfrentarlo, tanto en los procesos de investigación, como en las leyes.
En esa ruta hay un primer objetivo. “Lo que más les duele es el bolsillo, hay que pensar en reformas legales como extinción de dominio, modernizar la lucha contra una legitimación de capitales que es diferente de hace años”, expresó Retana.
De ahí la importancia que las cifras como decomisos y comisos de fondos no continúen su descenso. Adicionalmente, podrían convertirse en fuente de ingresos para las instituciones de seguridad que están bajo fuego.
La ruta de la crisis
Los temas relacionados con el narcotráfico en Costa Rica durante el último año han estado relacionados con polémicas y la creciente preocupación por el aumento de los homicidios.
Diciembre 2022: Costa Rica cerró el año con 656 homicidios, la cifra más alta de su historia. Esto fue destacado en el Reporte Estratégico de Control Internacional de Narcóticos de Estados Unidos divulgado en marzo del 2023.
Febrero 2023: Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, se reúne con el presidente Rodrigo Chaves y anuncia donación de $13,7 millones para apoyar esfuerzos del país para desarticular organizaciones criminales.
Marzo 2023: Ante baja atención del Poder Ejecutivo a crisis de violencia, presidente del Poder Legislativo convoca a reunión de representantes de máximos poderes para impulsar agenda de reformas de leyes para combatir narcotráfico y criminalidad.
Abril 2023: Presidente Rodrigo Chaves y su ministro de Seguridad Jorge Torres anuncian estrategia de seguridad: “Costa Rica Segura”. Propuesta incluye reformas de ley y colocar a 9.500 policías más en la calle, pero reclamos policiales provocaron que se paralizara este plan.
Mayo 2023: Jorge Torres deja el Ministerio de Seguridad y pasa a la DIS. Lo sustituye Mario Zamora, quien anuncia “Costa Rica Segura Plus”, cambiando el enfoque de centrarse en narcomenudeo, a un eje de trabajo contra el crimen organizado y su estructura de sicarios.
Setiembre 2023: A falta de 100 días para finalizar el año, Costa Rica vuelve a superar el registro histórico de homicidios.
Setiembre 2023: Funcionarios de Policía de Control de Drogas (PCD) reclaman que cambios en horarios debilitarán el combate al narcotráfico y reducirán vigilancia en fronteras, muelles y aeropuertos. Ministro Zamora indicó que hubo reestructuración técnica para enfocarse en investigaciones para desarticular bandas y contener aumento de homicidios.
Setiembre 2023: Diario El Universal de México divulga nota “Narcotráfico se afianza en Costa Rica”, en la que indica que gobierno de Chaves decidió negociar con redes mafiosas costarricenses ligadas a carteles mexicanos de drogas, para canjear una reducción en los niveles de violencia a cambio de que pudieran seguir con sus actividades. El Gobierno rechazó esta información.
