La Defensoría de los Habitantes solicitó a la Sala Constitucional declarar inconstitucionales los artículos 13 al 17 de la Ley General de Policía y su reglamento (Decreto Ejecutivo 32522), que justifican la creación y la existencia de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
El ente argumentó que los servicios de inteligencia —a lo largo de la historia— “han sido responsables de violaciones graves de derechos humanos”, por lo que las tendencias internacionales han establecido estándares para controlar sus labores.
Al respecto, la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, indicó que “existe una gran confusión y desconocimiento público en torno a las actividades de la DIS y de la inteligencia para la seguridad nacional”, motivo suficiente para emprender acciones que permitan evitar posibles conflictos futuros, sin obviar que los servicios de inteligencia son necesarios para cualquier policía.
“La inteligencia es necesaria para cualquier policía, particularmente para enfrentar los enormes retos de seguridad que tiene el país, y es necesario que no se desvíen esfuerzos en un órgano difuso, sin controles, sino más bien que se destinen a investigaciones eficaces por parte de órganos constitucionalmente respaldados para ello”.
La Defensoría indicó que son precisamente esos controles los que “se encuentran ausentes” en las leyes actuales, ante lo que considera “insuficientes” los artículos antes mencionados.
Según la institución, los artículos además “sufren de vacíos en cuanto a garantías a los derechos de las personas que podrían poner en riesgo los derechos humanos de la población”, por lo que no cumple con “los estándares más altos de protección” existentes.
Entre los vacíos mencionados, la Defensoría también señaló que las leyes no definen el mandato de la DIS ni su rango de acción, “creando incerteza jurídica, poniendo en riesgo el principio de legalidad y la división de poderes, por cuanto abre la posibilidad de que interfiera en labores investigativas que el Constituyente confió al Poder Judicial”.
Además, apuntó que la competencia de la DIS se fundamenta en temas de “seguridad nacional” sin definir ese concepto, lo que genera “incertidumbre jurídica” y un portillo para posibles “abusos”.
Se extralimitó
Por otra parte, la Defensoría aprovechó también para afirmar que la DIS ya “se ha extralimitado en sus funciones” en el pasado, en casos como detección de presuntas conexiones ilegales de agua, intervenciones dentro de territorios indígenas y el liderazgo en atención de emergencias como el huracán Otto.
Según la Defensoría, estas atribuciones debían recaer en otros organismos y “no en un órgano al cual el legislador le atribuyó carácter meramente informativo y vinculado con temas de seguridad nacional”.
A esto, la institución agregó riesgos como la posibilidad de contravenir la separación de poderes, así como de ocultar información de interés público o actuar sin supervisión alguna de un contrapeso, como dictan “los parámetros internacionales”.
“Este vacío, sumado al hermetismo bajo el cual labora el órgano, así como la amplitud de funciones que se le asignan, sin duda representa un riesgo para los derechos humanos de las y los habitantes, quienes podrían ser eventuales víctimas de abusos y violaciones a sus derechos”, concluyó la entidad.
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