La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Educación Pública (MEP) información que permita determinar a ciencia cierta la cantidad de estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (Panea), del Programa de Transporte Estudiantil, de las Becas Postsecundaria y del Programa de Integración.
Ello con el fin de “ahondar en posibles efectos de la aplicación de la Regla Fiscal en la asignación y ejecución del presupuesto del MEP”, según se explicó mediante un comunicado. Los datos requeridos por la Defensoría deben incluir edad, género y si la persona beneficiada corresponde a primaria o secundaria.
Se trata de un esfuerzo de seguimiento que realiza la Defensoría sobre la situación actual de la inversión social y, particularmente, sobre la atención de la niñez y adolescencia en riesgo, vulnerabilidad y pobreza.
La solicitud se envió directamente a la ministra Anna Katharina Müller Castro, abarca el periodo de 2018 a 2024 e incluye además variables cómo la distribución geográfica de las personas beneficiarias de todos estos programas, según la división administrativa del MEP y el monto medio anual de las becas según el tipo.
También se consultó respecto a las partidas presupuestarias, tanto las presupuestadas como las ejecutadas, destinadas a esos programas y a becas, como también la inquietud de si esa asignación presupuestaria “está asociada a la pobreza extrema o a la situación económica de las familias y cuál es la norma que determina esta decisión”.
La Defensoría reiteró su reciente llamado urgente a las autoridades gubernamentales para que, “a la brevedad, se dote de recursos presupuestarios a los programas que son trascendentales para la protección y el desarrollo de las personas menores de edad, para garantizar el desarrollo en una sociedad más justa e inclusiva”.
Geovanny Barboza, funcionario de la Defensoría, detalló que la solicitud de información tiene el propósito de “tener mayores datos en torno al impacto que está teniendo en la inversión social y de manera particular en atención a la niñez, de los ajustes presupuestarios que se han visto sometido el MEP en las últimas semanas a partir de la aprobación de presupuesto 2024”.
A través de un audio enviado desde la Defensoría, Barboza informó además que “se acaba de remitir una solicitud de información al señor viceministro de de Educación, para ver el estado de cumplimiento de los planes operativos anuales de la Dirección de Programas de Equidad del 2018 al 2023”.
Se trata de una consulta que busca “mayor claridad” respecto a “si hay una vinculación clara y directa entre presupuesto y la planificación, esto porque es importante tener claro si efectivamente el MEP está haciendo todos los esfuerzos requeridos para que los recursos necesarios sean solicitados y esta manera de estar minimizando el impacto negativo que está teniendo en las poblaciones en condición de vulnerabilidad esa disminución de recursos a MEP”.
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