La cruzada de las autoridades de Costa Rica para reducir la deuda fiscal dejó como saldo un aumento en la deuda social, que en el 2023 vio caer la inversión social a los niveles más bajos de la década.
Los recursos destinados en el presupuesto del Gobierno para la inversión social representaron un 12% del Producto Interno Bruto (PIB) hasta el 2020, fecha en la cual iniciaron un descenso que se hundió por debajo de los niveles de un 10% por primera vez en el 2022, al presentar un presupuesto para el 2023 por un 9,8% del PIB. Sin embargo, este año, en la presentación del presupuesto para el 2024, se volvió a profundizar este descenso, al representar apenas un 9,7% del PIB.
El desplome del financiamiento para el sector social es común: en educación, en el mayor fondo del país para el combate a la pobreza (el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Fodesaf), en las becas para estudiantes… en todos los niveles, la afilada tijera del ministro de Hacienda Nogui Acosta es implacable y lleva los recursos sociales a los tamaños más reducidos en la década (ver recuadro).
No se trató únicamente de disponer de menos recursos en los planes de gasto del Estado, sino que se complementa con una tendencia de Hacienda para girar menos recursos de los aprobados inicialmente: en los últimos siete años, el Ministerio retuvo alrededor de ₡170 mil millones que correspondían a Fodesaf.
No fue el único caso en que Hacienda deja de girar recursos con destinos sociales: la Contraloría indicó en junio que detectó ₡252 mil millones que no se trasladaron a la CCSS en el presupuesto del 2022. Y en octubre, la contralora Marta Acosta declaró que identificaron en las transferencias a la CCSS alrededor de ₡397.500 millones de menos, en relación con las estimaciones de la Caja.
El resultado de esta creciente deuda con lo social se estaría reflejando en un aumento en la desigualdad, como se evidenció en el informe del programa Estado de la Nación, el pasado 23 de noviembre. Según el informe: “En el 2022 e inicios del 2023, Costa Rica se alejó de la aspiración de tener una sociedad más equitativa e integrada, con mayores capacidades y oportunidades para todas las personas, sin exclusión”. Se consignó que se encontraron evidencias de una creciente desarticulación de las reglas para el reparto de los beneficios del desarrollo que prevalecieron en el siglo XX, y que permitieron una mejoría en las condiciones de vida de la población.
El modelo del recorte
Las raíces de esta creciente limitación estarían en la aplicación de la regla fiscal que el gobierno de Carlos Alvarado implementó, y que la administración de Rodrigo Chaves mantuvo, consideró el exviceministro de Hacienda y economista de la Universidad Nacional Fernando Rodríguez.
“La génesis de la contracción de la inversión social nace ahí, cuando el país pasa tanto tiempo sujeto a un crecimiento limitado del gasto, mientras las demandas siguen creciendo, pues esa es la consecuencia. Hemos visto cómo se contraen los recursos para educación, ayudas públicas, incluso en seguridad, que se refleja en un deterioro de la calidad de vida”, expresó.
Rodríguez también consideró que se podría estar ante un “círculo vicioso” en materia de presupuestación, por las acciones de Hacienda: “Se asignan menos fondos, entonces, desmejoran los mecanismos de ejecución de recursos, se ejecuta menos y a la siguiente ronda tengo una razón para asignar menos recursos. Y eso parece continuarse, aprovecharse para dar menos plata”, expresó.
Hay otros elementos que se deben considerar, como los efectos de la pandemia que hizo retroceder los indicadores sociales y que todavía no se recuperan en su totalidad, la última reforma a la ley de contratación administrativa que hizo más complejos los procesos de compras públicas, y el efecto de las restricciones en la parte salarial, que podrían provocar una pérdida del recurso humano capacitado y a la vez dificultar la contratación de reemplazos.
Rodríguez también considera que existe otra situación por valorar. “En las décadas de los 80 y los 90, los gobiernos solían presentar una primera parte muy restrictiva en el gasto y una segunda más expansiva. Pero venimos de un gobierno que implementó una restricción importante, y continuó en este. El apretón de dientes se ha extendido más de la cuenta”, comentó.
Bomba de tiempo
Estas tendencias en las que se privilegia el resultado fiscal por sobre las necesidades sociales se reflejaría en una creciente vulnerabilidad de la población, de la cual alrededor de una tercera parte depende en algún grado de las acciones estatales para subsistir.
Para Rodríguez, el país se encuentra ante una auténtica bomba de tiempo, que todavía no detona por condiciones coyunturales que podrían cambiar. “La pobreza extrema aumentó, la pobreza no extrema no lo hizo por una particularidad, los ingresos de estas familias crecieron un poco más que la línea de la pobreza, que a su vez no creció más porque se tuvo una inflación negativa. Lo otro es que muchas familias están financiando su consumo mediante endeudamiento, lo que no es sostenible a largo plazo”, indicó.
El economista advirtió que, adicionalmente, el crecimiento de la recuperación no se ha traducido en incremento en los empleos. “La situación es muy frágil, si la inflación cambia y el crecimiento de la producción no reduce el desempleo porque más personas están trabajando, esto es una bomba de tiempo”, dijo.
Aumenta deuda en lo social
Durante el 2022, el gobierno de Rodrigo Chaves remitió el presupuesto de inversión social más bajo de la década: un 9,8% del PIB. Se trata de una tendencia que tristemente superó en el 2023.
Febrero: Contraloría alertó que presupuesto para educación del 2023 es el más bajo en nueve años, luego de que se redujera 1,2% con respecto al del 2022.
Junio: Fodesaf, el mayor fondo de combate a la pobreza, cayó a su punto más bajo de la década (pasó de 1,39% del PIB en 2023, a 1,18% en plan para 2024), y se consolida una reducción de los niveles de más de ₡600 mil millones, a rangos apenas por encima de los ₡450 mil millones, con una mezcla de reducción del presupuesto, y de una creciente tendencia del Ministerio de Hacienda de no girar los recursos que corresponden por ley.
Setiembre: Con la presentación del presupuesto para el 2024, el gobierno de Rodrigo Chaves volvió a hundir el presupuesto social, al dejarlo en apenas 9,7% del PIB.
Octubre: El 25 se realizó la Gran Protesta Nacional, en la que diferentes sectores confluyeron para clamar contra el debilitamiento del Estado de derecho. Fue la sexta de las marchas que fusionaron reclamos de corte social: anteriormente hubo dos movilizaciones para reclamar los ataques a la CCSS (5 y 15 de julio), dos para reclamar el debilitamiento de la educación pública (20 de junio y 22 de agosto) y una por los agricultores (29 de marzo).
Noviembre: el desplome de un 40% fondos para becas del 2020 al 2024 generó que más de 140 mil perdieran el apoyo en tres años, y coincidió con una reducción en la matrícula de primaria y secundaria: del 2021 al 2024, disminuyó en 5,7%.
