El director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo, aseguró este jueves que la entidad buscará, durante el 2021, promover los mecanismos que permitan el cobro de honorarios a aquellas personas que hacen uso de sus servicios y cuentan con posibilidades económicas para cancelarlos.
La intención fue dada a conocer durante el informe de labores 2020, presentado esta tarde en el Poder Judicial.
“Para el 2021 continuamos dando seguimiento a proyectos como el protocolo para cobro de honorarios. El artículo 152 de la ley orgánica del Poder Judicial establece que la Defensa Pública será gratuita para todas aquellas personas que no posean recursos, pero también establece que deben cobrarse honorarios a quienes tienen posibilidades económicas”, dijo Pérez.
En esta línea, la entidad promoverá la aprobación de un proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa de forma que se pueda garantizar el cobro.
“Esta ley es para la creación de una tasa para el mejoramiento de la justicia cobratoria, mediante el cual la Defensa Pública obtendría un porcentaje importante de recursos económicos con los cuales costearíamos la autogestión de nuestra actividad”, aseguró el director.
Además, la dirección de la Defensa y un grupo de abogados de asistencia social han motivado el visto bueno para el reglamento de cobro de costas y honorarios de la unidad laboral, ya que “en el desarrollo y asistencia de procesos en esta materia hemos logrado obtener recursos económicos que necesitamos en un proceso de autogestión invertir en el servicio público”.
La Defensa Pública es un órgano auxiliar del Poder Judicial que brinda asistencia legal gratuita a aquellos ciudadanos que, por motivos de todo tipo y especialmente económicos, no puede ser asesorados por un abogado.
Cifras del 2020
Hasta setiembre del 2020, la Defensa Pública reportó un ingreso de 79.278 procesos nuevos, un decrecimiento del 15% en relación con el año anterior, según el informe de labores presentado esta tarde.
“En cifras absolutas, se han recibido 14,035 casos menos. Las materias de pensiones alimentarias y laboral disminuyeron 23.5% y 21.1%, respectivamente, siendo estas las más afectadas. Las razones que explican esta disminución son atribuibles directamente a la emergencia nacional causada por el COVID-19”, señala el documento.
En cuanto al circulante, al mes de setiembre se reportaban 149,760 procesos en trámite en todas las materias, siendo los asuntos penales y laborales lo de mayor volumen. Entre ambas acumulan aproximadamente el 72% del total de procesos activos en
la Defensa Pública.
