La iniciativa internacional que persigue la protección del 30% de la tierra y los océanos para 2030 y que colidera Costa Rica, está siendo cuestionada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (COP15) en Montreal, por basarse en una visión conservacionista convencional y porque podría impactar negativamente a pueblos indígenas y comunidades locales, según la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y Coecoceiba-Amigos de la Tierra Costa Rica.
El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), por su parte, afirma que Costa Rica lidera la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas en las negociaciones de la COP15.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica comenzó el 7 de diciembre en Montreal, Canadá, y se extenderá hasta el 19 de diciembre. Delegados de más de 190 países se reunirán para adoptar una nueva hoja de ruta para la próxima década, que salvaguarde la naturaleza y sus recursos indispensables para la humanidad.
En la COP15, se discute la iniciativa conocida como 30×30 -aún en negociación-, impulsada por la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y las Personas, que Costa Rica colidera junto con Francia y Reino Unido. Según la Coalición, la iniciativa persigue la protección del 30% de la tierra y los océanos para 2030, “como medida científica mínima requerida para frenar la pérdida de biodiversidad y abordar el cambio climático”.
Sin embargo, organizaciones ecologistas afirman que la iniciativa “es una supuesta conservación de la biodiversidad sin las comunidades que han habitado y cuidado verdaderamente estas áreas, las cuales podrían ser desalojadas, perseguidas o ver aún más mancillados sus derechos”.
Las críticas a la propuesta 30×30
Mariana Porras, integrante de la organización Coecoceiba-Amigos de la Tierra Costa Rica, explicó a UNIVERSIDAD que la propuesta 30×30 no atacará las causas estructurales de la pérdida de biodiversidad.
Porras citó el último informe de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), que describe los agentes responsables del colapso de la biodiversidad, como la agricultura y pesca industriales, la minería, la extracción de energía, la tala y los monocultivos.
“Pero para enfrentar a esos agentes tenemos que nombrarlos y confrontar a los actores y estructuras de poder que los sostienen, especialmente el poder inmenso de las grandes empresas”, dijo Porras.
“Muchas de esas empresas afirman que son parte de la solución y ocupan un lugar destacado en las mesas de negociación; se infiltran en los procesos de la ONU para garantizar que sus intereses queden protegidos y que no haya ‘soluciones’ que perjudiquen sus ganancias”, destacó Porras, quien citó el informe “La naturaleza de los negocios: La influencia empresarial en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Marco Mundial de la Diversidad Biológica”, publicado por Amigos de la Tierra Internacional este año, donde se expone lo anterior.
Porras también señaló que un 31% de la tierra del planeta ya estaría incluida en las áreas dedicadas a la conservación o al mantenimiento de la tierra en buenas condiciones ecológicas, si los territorios y áreas conservados por pueblos indígenas y comunidades locales fueran reconocidos por sus contribuciones a la conservación, como ya lo ha indicado el movimiento ICCA Consortium, una asociación internacional que apoya a pueblos indígenas y comunidades locales que gobiernan y conservan sus tierras, aguas y territorios.
Porras mencionó como ejemplo, que hace cinco años, personas campesinas, originarias de los pueblos indígenas Maya Q’eqchi, Chuj y población mestiza, fueron desplazadas de la comunidad Laguna Larga, en la Reserva Biosfera Maya, en Petén, Guatemala, por 1.500 elementos de las fuerzas estatales, el Ejército y la Policía Nacional Civil del país.
“La justificación oficial para realizar el desalojo fue la ‘conservación’ de la naturaleza en la Reserva de la Biósfera Maya, lo que resulta contradictorio ya que el Estado guatemalteco permite la operación de empresas extractivas en la misma región que pretende conservar”, apuntó Porras.
Asimismo, recordó que la propuesta 30×30 se basará en compromisos voluntarios, “que pueden o no ser cumplidos y por lo tanto, pueden ser letra muerta como ha sucedido con otros acuerdos globales”.
Respeto a los pueblos indígenas
Sin embargo, el Minae señaló que como parte de la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y las Personas, encabeza un grupo de trabajo permanente con el Foro Internacional Indígena para la Biodiversidad (IIFB).
Según el Minae, ese foro es el vocero de los representantes de pueblos indígenas ante la COP15, “con el fin de apoyar la inclusión de lenguaje relativo al respeto de los derechos de los pueblos indígenas” en la meta 30×30.
“La narrativa de lenguaje referida a los derechos de los pueblos indígenas se ha logrado insertar, apoyado por solicitud expresa de delegaciones que son parte de la Coalición”, indicó el Minae en un comunicado.
El Minae sostiene además que Costa Rica también lidera “la inclusión del concepto de consentimiento libre, previo e informado, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.
