Un proyecto de ley que propone que las deudas que mantienen personas y empresas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) prescriban a los cuatro años abre un portillo para beneficiar a patronos morosos, afirmaron Martha Rodríguez, vicepresidenta de la Junta Directiva de la Caja y Deivis Ovares, representante del Frente Nacional de Defensa y Seguridad Social (Frenass).
Rodríguez y Ovares comparecieron esta tarde ante la Comisión de Jurídicos de la Asamblea Legislativa que analiza el proyecto de Ley para la prescripción de deudas con la Caja (Expediente 23.107).
Rodríguez, quien es la representante de los trabajadores ante la Junta Directiva de la institución dijo que el proyecto debería estar respaldado con estudios financieros y actuariales que analicen el impacto de esta propuesta y que además contraviene la autonomía institucional otorgada por la Constitución Política.
También explicó que la propuesta puede tener implicaciones para la sostenibilidad de los seguros sociales, particularmente para el seguro de pensiones.
Mientras que Ovares criticó que el proyecto de ley cambie el concepto de la naturaleza de los seguros sociales, ya que cuando se creó la Caja se buscaba la tutela efectiva del derecho a la vida mediante la garantía del acceso a recibir atención en salud.
“El proyecto de ley cambia la naturaleza jurídica de los aportes de los seguros de salud, adicionándolo al Código de Normas y Procedimientos Tributarios como una carga parafiscal y no un aporte a la seguridad social”, destacó Ovares.
Coincidió con Rodríguez en que se presentan riesgos para la sostenibilidad de los seguros sociales porque no hay estudios que respalden la iniciativa y que demuestren que con bajar los plazos de prescripción se reducirá la informalidad en el empleo; y en que se violenta la autonomía constitucional de la Caja.
Ovares señaló que la iniciativa abre un portillo para beneficiar a los patronos morosos, ya que sus deudas resultarán incobrables por prescripción.
Defensor del proyecto
Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista (PLP) defendió el proyecto presentado por su fracción. Indicó que no se trata de un perdón a las deudas, sino que si el acreedor (la Caja) no actúa como debe actuar, las deudas deberían extinguirse.
También afirmó que, de las empresas aseguradas que tienen problemas de deudas con la Caja, sólo 33 son grandes empresas con mas de 100 empleados y que más bien el 99.8% de las empresas que tienen problemas de deudas por las “prácticas voraces” de la Caja son pequeñas y medianas.
El proyecto reforma el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, para que diga que “son tributos las prestaciones en dinero (impuestos, tasas, contribuciones especiales y contribuciones parafiscales), que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines”.
Asimismo, reforma el artículo 56 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, para que diga que “la acción de la Caja Costarricense del Seguro Social para determinar las cuotas a la seguridad social prescribe a los cuatros años de conformidad con lo dispuesto en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios”.
