La crisis de financiamiento que enfrentan actualmente las organizaciones que trabajan en el marco del Proyecto VIH Costa Rica amenaza con dejar a miles de personas sin acceso a información, herramientas de prevención, pruebas para detectar y tratamiento para el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
En un contexto nacional en el que —según datos de Onusida— al menos 17.000 personas viven con VIH pero solo 14.000 conocen su estatus y en el que cada año se detectan más de 800 nuevos casos, una reducción en las acciones preventivas y de atención podría generar una crisis sanitaria.
Y es que al menos dos de las tres organizaciones que han trabajado el tema en los últimos años se encuentran sin recursos en este momento y una de ellas ya ha cerrado por completo sus puertas, creando un vacío en la atención de poblaciones de interés.
En años previos, la Asociación Demográfica Costarricense (ADC), la Asociación Esperanza Viva (ASEV) y Asociación Transvida ejecutaron fondos del mencionado proyecto en acciones de prevención y atención, pero en la actualidad solamente la última se encuentra trabajando el tema con fondos provistos por la Junta de Protección Social.
Esa institución informó a UNIVERSIDAD que las acciones de las organizaciones se financian mediante el programa de Proyectos Específicos y que los planes de trabajo responden al Plan Estratégico Nacional que dicta el Consejo Nacional de Atención Integral del VIH-Sida (Conasida), detallando que en efecto ni ADC ni ASEV están recibiendo recursos pues “no están al día con el trámite”.
Estas asociaciones de activistas han sido pieza fundamental para garantizar información y educación, insumos para la prevención, acceso a pruebas diagnósticas, acompañamiento y asesoría para acceder a la terapia antirretroviral. Ellas realizan, en espacios no institucionales, trabajo directo con poblaciones que, por sus prácticas, presentan una especial susceptibilidad a contraer el virus y a enfrentar barreras jurídicas y sociales para acceder a sus derechos.
Si bien en el país el Ministerio de Salud es el jerarca en el tema y la Caja Costarricense de Seguro Social provee métodos de barrera, pruebas y tratamiento, por su naturaleza, esas instituciones no pueden realizar todas las intervenciones necesarias —como brindar información o capacitación en bares, en las calles o en salas de masajes— de lo que se han encargado históricamente estas organizaciones.
Así, según datos de Conasida, el proyecto alcanzó a 10.000 personas solo en 2018 y desde entonces, según datos de las organizaciones, se han atendido al menos unas 4.000 personas más por año.
Según explica Ecaterina Trujillo, gerente de Proyecto VIH-CR para HIVOS, antes del 2018, cuando el país oficializó su estatus de “país de renta media” entrando a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, las organizaciones accedían a recursos de cooperación internacional, pero desde entonces comenzó una migración parcial para sostener las acciones en torno al tema con dineros locales y justamente, el último financiamiento internacional termina este 2024.
“A partir de julio que finaliza este proyecto, estas organizaciones van a tener que sobrevivir por sus propios medios y el problema es que ellas no tienen nuevos proyectos, porque la misma Junta de Protección Social no ha tenido la posibilidad de abrir nuevas convocatorias y las organizaciones que ya tenían proyectos con la Junta pues con dificultades, entonces el riesgo de que de forma general el trabajo que vienen haciendo las organizaciones se caiga es altísimo, por no decir que con certeza ya está sufriendo una afectación muy grave y eso impacta directamente la respuesta nacional al VIH, porque lo que hacen las organizaciones no lo hacen las instituciones”, sentenció Trujillo.
Falta voluntad
Si bien los problemas comenzaron con el cambio en el origen del financiamiento, los activistas temen que los obstáculos sean de otra naturaleza y que no haya voluntad de mantener el proyecto operando.
Recientemente, dicen, los trámites para acceder al financiamiento se han vuelto más engorrosos y se les exige cumplir con una serie de requisitos a los que ha sido difícil ajustarse. Incluso, según pudo verificar UNIVERSIDAD en correspondencia de la JPS con varias organizaciones, a estas se les pide primero unos requisitos y semanas después otros distintos, incluso a veces girando instrucciones de cómo debe hacerse un trámite tiempo después de que la compra o contratación sucedió.
Aún así, afirma el presidente de la ADC, Joel Chavarría, las agrupaciones han hecho todo lo posible para cumplir y poder acceder al financiamiento, pero, tras meses de ajustes e intentos, no parece haber “voluntad política” para que los proyectos continúen.
Y es que el caso de ADC es el más grave, pues la asociación tuvo que despedir a todo su personal y renunciar a su espacio físico, pues desde septiembre del 2023 no recibe dinero alguno para pagar salarios, servicios o alquiler.
Chavarría asegura que ya llevan tanto tiempo sin poder funcionar apropiadamente que, de darse eventualmente el financiamiento, habría que comenzar de cero pues ya se ha perdido el contacto con las poblaciones, no hay espacio físico y no hay personal capacitado. “Tendríamos que empezar de cero, eso nunca se ha hecho antes”, dice.
Por su parte, las activistas de Transvida aseguran que, si bien su financiamiento empezó a llegar en diciembre y está garantizado hasta finales de este año, el proceso fue difícil y los atrasos en los desembolsos —primero de parte de la cooperación internacional y ahora de la JPS— han generado que durante meses no se pueda trabajar.
Además, afirmaron que en efecto ahora la JPS “se ha puesto más estricta con los requisitos y más rígida, más cuadrada” y eso está dificultando el trabajo de las organizaciones en el campo.
“Si bien es cierto la Junta tiene por ley que pedir los requisitos burocráticos también, pues merecemos un poco más de empatía y de comprensión, pues cada organización es diferente y trabaja de maneras distintas de acuerdo con la población con que trabaja”, explicó Keyra Martínez, de Transvida.
No fue posible obtener la versión de la vocera de ASEV pero la misma JPS informó que la organización no ha recibido recursos pues aunque —igual que ADC— tiene un proyecto aprobado desde 2022, aún hay trámites pendientes.
Tanto Martínez como Chavarría coincidieron en que sin el trabajo de las organizaciones es imposible contener y atender la epidemia de VIH, por lo que llaman a las autoridades a resolver lo posible y garantizar la atención del tema, antes que se convierta en una crisis sanitaria.
Sobre si existe voluntad política de parte de la JPS para mantener el financiamiento de los proyectos, la oficina de comunicación de la entidad respondió que “más que voluntad, la Junta se rige por el marco legal correspondiente, en ese sentido, las utilidades se generan mes a mes de acuerdo a lo indicado por la ley 8718, en la medida que las organizaciones estén al día con sus requisitos se les estará girando”.
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