Ni una sola empresa agrícola ha sido sido sancionada por contratar a personas migrantes que cruzan día a día la frontera con Nicaragua para realizar labores agrícolas en el país, en su mayoría destinadas a la exportación.
Ni la Dirección General de Migración y Extranjería y ni el propio Ministerio de Trabajo han llevado hasta ahora algún caso que termine en multa de algún tipo, constató UNIVERSIDAD, en momentos en que la región norte alberga la mayoría de las “zonas calientes” por casos de COVID-19 en esta segunda ola de contagio, mucho más alta que la anterior.
Esa carencia de acciones, pese al notorio e intenso flujo de trabajadores indocumentados en la región norte, se da también por la inaplicabilidad de una reforma hecha a la Ley de Migración que obligaba a las personas dueñas de empresas a regularizar a quienes estaban sin permisos para laborar.
La pregunta inicial se planteó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante su Oficina de Prensa, pues esta cartera tiene la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, encargada de velar por “el cumplimiento de la legislación laboral para contribuir al mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, procurando que las relaciones laborales se desarrollen en un marco de trabajo decente”.
Sin embargo, la respuesta fue que “el tema escapa de sus posibilidades, ya que no están dedicados al control migratorio”.
“Sobre el caso específico de contratación de personas en condición irregular, corresponde a la Dirección General de Migración y Extranjería. Nosotros debemos velar por el respeto de la normativa laboral. El tema migratorio escapa a nuestras competencias”, afirmó la Oficina de Prensa del Ministerio de Trabajo.
Ante esa respuesta se planteó la misma interrogante a la Dirección General de Migración y Extranjería, que contestó estar incapacitada para aplicar controles, “debido a que la ley no la faculta todavía”. Incluso indicaron que en ningún momento se ha castigado a alguna empresa por contratar personas migrantes irregulares.
“No hay, hasta el momento, empresas agrícolas sancionadas, por cuanto se encuentra vigente el decreto 41908-MGP-MTSS-MAG, en el cual se ampliaba la prórroga de suspensión de la multa. La Ley empieza a regir a partir del 2010, y los reglamentos al año siguiente, el reglamento da un espacio de tiempo para su aplicación con el fin de implementar y reorganizar algunos procesos, posterior a eso, dan inicio las prórrogas. No se ha aplicado desde el inicio”, explicó también la Oficina de Comunicación de Migración.
Ese argumento hace referencia al Decreto ejecutivo N°36769-G, Reglamento de Control Migratorio, el cual entró en vigencia el 26 de setiembre de 2011 durante el gobierno de Laura Chinchilla Miranda.
Este decreto regulaba el cobro de multas, según el artículo 177, a las personas físicas o los representantes de las personas jurídicas que contrataran personas extranjeras no habilitadas. El monto se establecía entre dos y hasta doce veces el salario base a partir de abril del 2013.
Sin embargo, desde la administración Chinchilla Miranda se aplicaron prórrogas para evitar que entrara en vigencia el decreto. La expresidenta estableció un periodo de regularización a partir del 18 de setiembre de 2013, y hasta el 31 de julio del 2014 para los trabajadores de los sectores agropecuarios, el cual fue firmado en abril de 2013.
El gobierno de Luis Guillermo Solís no marcó diferencia alguna a lo propuesto por Chinchilla. Él firmó tres prórrogas más: la primera en julio del 2014, por 6 meses a partir del 1 de agosto; la segunda, en febrero de 2015, que extendía el plazo a 3 meses para cumplir la regularización; y la tercera, en julio de 2016, que daba 6 meses más de tiempo.
La administración Carlos Alvarado tampoco hizo una excepción a la regla. Ya ha firmado tres extensiones del plazo. En noviembre de 2018 dio una prórroga de 6 meses para la regularización; en abril de 2019, el plazo se extendió por 3 meses más, contados a partir del 7 de mayo de 2019; finalmente, en julio de 2019, la prórroga fue de 12 meses más, es decir, vencerá nuevamente el próximo mes.
Inacción del Estado da libertades a empresas
La falta de intervención gubernamental, según Gustavo Gatica López, investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), revela en una investigación a su cargo que las condiciones de estos trabajadores son deplorables.
“Hemos estimado, a partir de entrevistas realizadas, que en el trabajo de campo propiamente 9 de cada 10 trabajadores son inmigrantes y, de ellos, 7 de cada 10 están en condición irregular. Las fincas se aprovechan de esto pagando a las personas migrantes ¢3 mil o ¢4 mil el día de trabajo y esto porque lo que hacen es utilizar contratistas o intermediarios para la contratación”, explicó el académico.
Para el profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA) Mauricio Álvarez Mora, quien es coordinador del Programa Kioscos Socioambientales y ha trabajado en las zonas agrícolas, hay muchas contradicciones en el papel del Gobierno sobre la actividad.
“Lo que se ha demostrado es que el Estado no tiene la capacidad, los deseos o el interés de meterse a fondo en una actividad que ha demostrado ser amo y señor de Costa Rica desde que se hizo República”, denunció.
Esta tesis la comparte Valeria Montoya Tabash, docente del programa Kioscos socioambientales, para quien la llegada del Estado durante los últimos días a estos lugares ha sido a partir de la represión y de instituciones que nunca habían operado en la zona.
“Mucha de esta dinámica se ha dado para conveniencia del funcionamiento de las empresas, antes y actualmente. No es casualidad que, por ejemplo, a una señora que tiene una soda y no respetó el aforo se le cerró el negocio y se le están cobrando ¢2 millones, mientras que a una empresa solo se le hace una solicitud de que debería cuidar la salud”, argumentó.
Solución parece lejana
Aunque es difícil pronosticar qué sucederá en julio, cuando venza la prórroga vigente para la regularización, el profesor catedrático de la UCR Alberto Cortés Ramos considera que podría volverse a alargar el plazo.
“Hay que asumir que somos un país que decidió transnacionalizar una parte importante de su actividad económica y hay que regularizar a la población trabajadora que ingresa, para dejar de hacer dumping social y competitividad espuria sobre la sobreexplotación de trabajadores”, afirmó.
Cortés agregó que la coyuntura actual, con los casos de COVID-19, dificultan la toma de decisiones radicales, uniéndose a la inacción estatal, las muestras de xenofobia en algunos distritos.
“Lo mejor sería definir un marco regulatorio que permita proteger y tutelar los derechos laborales de esta población. No es un favor, porque si no están, el país no podría producir alimentos de exportación”, finalizó.
