Costa Rica debe fortalecer los controles que existen sobre los proyectos presupuestarios enviados por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, según recomendó el International Budget Partnership en el análisis de su última Encuesta de Presupuesto Abierto, correspondiente al año 2017.
La información la difundió el Programa Estado de la Nación, entidad que colaboró con el proyecto y además atribuyó una especial importancia a ese apunte en vista del actual déficit que aqueja el país y que ya apunta al 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB) al finalizar este año, alimentando una deuda que cerraría en cifras cercanas al 54%.
La encuesta —que toma en cuenta más 109 variables y se aplica en 115 países— calificó a Costa Rica con una nota de 56 sobre 100, una nota superior que la del promedio global, situado en un 42.
No obstante, el texto reflejó falencias como una bajísima participación ciudadana (calificada con 7 de 100, cinco puntos por debajo del promedio mundial); así como la ausencia de documentos preliminares sobre el presupuesto final y la carencia de una revisión presupuestaria a mitad de su año de ejecución.
En cuanto a la construcción del documento, el texto señaló que los presupuestos podrían realizarse con una mayor profundidad, de modo que se relacione mejor con la política pública; un problema que hasta ahora dificulta evaluar el desempeño a través de comparaciones entre estimaciones y resultados reales.
Así mismo, el estudio indicó que sería beneficioso contemplar una mayor cantidad de información sobre los pronósticos macroeconómicos y su efecto potencial en el presupuesto; variables que se toman con ligereza, pero siempre son factibles, como recientemente quedó evidenciado con la solicitud del Ejecutivo de un abultado presupuesto extraordinario por ¢600.045 millones, ante cambios abruptos relacionados con la necesidad que tuvo el país de colocar tres veces más deuda interna a corto plazo a finales del año pasado para evitar problemas de liquidez.
Por último, el documento sugirió la posibilidad de que la Asamblea Legislativa mantenga mayores debates sobre las políticas presupuestarias, especialmente antes de la aprobación de los proyectos; a lo que añadió la conveniencia de que Costa Rica establezca una institución fiscal independiente para que gestione un control menos partidario en las discusiones.
Sobre los controles internos, el estudio concluye que la Contraloría General de la República, encargada de la auditoría, realiza una vigilancia “adecuada” del presupuesto; mientras que en relación con el Congreso, las perspectivas son “limitadas” en la formulación y la aprobación, pero también “adecuadas” en el control de la ejecución.
La Encuesta de Presupuesto Abierto se basa en un cuestionario para cada país, revisado por expertos independientes locales (en el caso de Costa Rica por EN), a través de un proceso de 18 meses que concluyó en enero de este año tras revisar los eventos, avances y actividades hasta el año 2016 en materia de transparencia, participación pública y vigilancia.
Principales conclusiones
Estudio Completo: Encuesta de Presupuesto Abierto
