Costa Rica, un país que se promueve internacionalmente como líder en la conservación del medio ambiente, está a punto de enterrar el trámite del tratado internacional conocido como el Acuerdo de Escazú, que daría una protección especial a personas y organizaciones que defienden el ambiente.
El plenario legislativo analizará una moción presentada por la fracción del Frente Amplio para que se le amplíe el plazo cuatrienal de trámite al “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información Ambiental, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe”, conocido como el Acuerdo de Escazú; de lo contrario sería archivado el 1 de febrero.
“Se mantienen intimidaciones, amenazas, presiones indebidas de todo tipo y a veces también asesinatos en Costa Rica contra personas que alzan la voz en materia ambiental” (Nicolás Boeglin)
El 4 de marzo de 2018, el Gobierno firmó este Acuerdo; pero ni los diputados de la anterior legislatura ni los de la actual lo han ratificado. En febrero de 2020, el plenario lo aprobó en primer debate; no obstante, ha permanecido estancado desde entonces, enfrentando la oposición de diversas cámaras empresariales y, ahora, del actual Gobierno.
La oposición la encabeza el presidente
El Acuerdo busca garantizar la implementación efectiva de derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Sin embargo, quienes se oponen afirman que muchos de los elementos ya están en la legislación actual.
Recién electo presidente, Rodrigo Chaves Robles aseguró que, durante su gobierno, el país no ratificaría el Acuerdo de Escazú.
“El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país”, dijo Chaves en una conferencia de prensa, y agregó que todo lo que contiene el Acuerdo ya se incluye en la legislación nacional.
Ese mismo argumento ha sido reiterado por la diputada oficialista Pilar Cisneros, quien desde el inicio dijo que no lo apoyarán.
Mientras que la fracción del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) emitió ayer un comunicado de prensa en el que anuncian que no apoyarán la moción para ampliar el plazo cuatrienal.
“En Costa Rica ya existe legislación robusta para proteger el medio ambiente y la mayoría de elementos que contempla el acuerdo, ya están incorporados en esta legislación”, señaló el comunicado del PUSC.
Mientras que el propio ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, en declaraciones al diario El País, de España, dijo que Costa Rica no lo ratificará simplemente porque se llame Acuerdo de Escazú. “Yo sugiero que le cambien de nombre, si quieren”, expresó.
El jerarca también afirmó en esa entrevista que Costa Rica tiene ya una legislación ambiental y de derechos humanos suficientemente amplia; que muchos sectores lo ven como no necesario; y que el Gobierno lo considera “inconveniente” porque puede trabar mucho más los proyectos de inversión, “como carreteras”.
El punto crítico de la protección especial
El profesor de Derecho Internacional Público, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), Nicolás Boeglin, explicó que no es cierto que todo lo que el Acuerdo de Escazú propone ya lo tiene la legislación nacional.
El principal ejemplo es que no existe nada en cuanto a una protección especial para los defensores del ambiente. “Hemos visto cómo se mantienen intimidaciones, amenazas, presiones indebidas de todo tipo y a veces también asesinatos en Costa Rica contra personas que alzan la voz en materia ambiental”.
“Y se ha observado la dificultad que tiene el Estado costarricense para investigar correctamente estos casos y dar con los responsables de estos actos que terminan usualmente archivados, sin condena, manteniendo una indignante impunidad”, resaltó Boeglin.
La Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) también destacó este punto. Aclararon que no existe en el ordenamiento nacional la posibilidad de brindar protección, no solo a los activistas ambientales, sino a la ciudadanía en general.
“Esa figura de protección tendría muchísimo valor en un contexto en el que las amenazas de muerte, los amedrentamientos y las judicializaciones por parte de las empresas es una de las cosas que más ha hecho que cientos de activistas o se retiren de sus acciones o del territorio”, explicó la RCB.
El texto del Acuerdo establece que cada Parte garantizará un entorno seguro en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Asimismo, cada Parte promoverá sus derechos, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente.
Para la exdiputada y politóloga Paola Vega Rodríguez: “en este tema ha habido bastante resistencia en la Asamblea Legislativa”.
“Dado que hay una tendencia creciente de conflictos socioambientales por proyectos extractivistas, por la escasez de recursos naturales, por el cambio climático, es de suponer que Costa Rica esté preparada para que en cualquier momento, cualquier persona de cualquier comunidad tenga todo el marco legal que la ampare sin temor a ser asesinada o demás. Costa Rica no escapa de esta realidad”, dijo Vega.
En este momento, justamente está pronta a darse la sentencia en el caso del asesinato del defensor y líder indígena Yehry Rivera, en medio de un proceso de recuperación de tierras en la Zona Sur.
Si Costa Rica le da la espalda al Acuerdo
La Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica, otra organización que apoya el Acuerdo, resaltó que como carta de presentación frente a la cooperación internacional, no ratificar el Acuerdo de Escazú “nos pone en desventaja”.
La Red recordó que incluso el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han destacado que el Acuerdo “es una herramienta fundamental para generar certeza y estabilidad en las inversiones”.
Vega, por su parte, resaltó que “a Costa Rica le pagan por conservar el ambiente y el Acuerdo de Escazú no sería la excepción”. “En el momento en que Costa Rica le dé la espalda al Acuerdo de Escazú pierde su liderazgo a nivel mundial, pierde acceso a créditos no reembolsables que ayudan a comunidades rurales, y poco a poco va perdiendo legitimidad para acceder a este tipo de donaciones”.
Mientras que Boeglin declaró que “Costa Rica está perdiendo toda credibilidad internacional, al estar dándole la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior, como lo son derechos humanos y ambiente”.
