En el 2020 la Municipalidad de San José aplicó dos procedimientos que se vinculan a futuras contrataciones constructivas: el despido de su Sección de Diseño e Ingeniería, así como la aprobación del Reglamento para cobrar “contribuciones especiales” en obra pública del cantón.
El Reglamento fue aprobado por el Concejo Municipal el 25 de agosto del 2020 (alrededor del anuncio de un primer bloque de despidos de 41 funcionarios del Comité Cantonal de Deportes).
La Municipalidad puede establecer una “contribución especial” a quienes se beneficien de “la realización de las obras públicas”, pero se excluyen las obras que pagan “tasas e impuestos municipales” (por ejemplo, el mantenimiento ordinario de vías). El gobierno local puede cobrar “el costo total y/o fracción de la obra” a las personas beneficiarias.
Los vecinos de Rohrmoser advierten que la misma historia de sobreprecios de la Calle 78 se repetirá con los otros dos proyectos incluidos dentro del préstamo por $12 millones con la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) del Banco Mundial.
Estas se tratan de futuras obras en la Calle 33 de barrio Escalante ($3,3 millones, según la carta del préstamo) y la Transversal 74, entre Torre Universal en La Sabana y la Numar ($5,5 millones). El 12 de enero el alcalde Johnny Araya anunció en el Concejo municipal que Calle 78 y Calle 33 serían pagadas con contribuciones.
Futuros proyectos público-privados
Por otro lado, el regidor josefino, Diego Miranda, explicó que el reglamento de contribuciones fue apresurado para contratar a Sociedades Públicas de Economía Mixta (SPEM), una figura que cuenta con capital municipal (51%) y de empresas privadas (49%).
El subgerente de Provisión de Servicios, Daniel Jaikel —el enlace de la MSJ y los vecinos de Calle 78— confirmó a UNIVERSIDAD que es el vicepresidente de la primera de estas sociedades, llamada SPEM Inmobiliaria e Infraestructura San José S.A.
La SPEM participaría de obras de infraestructura pública y desarrollo de viviendas en San José. No obstante, Jaikel también figura como tesorero de la empresa inmobiliaria JKL Desarrolladora, la cual asegura es un negocio familiar por el cual no es responsable.
“JKL desarrolla proyectos a nivel nacional, entonces mi respuesta es que no. No voy a decir que sí. Mi trabajo en la Municipalidad de San José es en la Municipalidad, mi trabajo con la SPEM es con la Municipalidad de San José. Yo solo soy miembro de la SPEM por ser funcionario de la Municipalidad de San José. Si yo hubiera participado (como privado), habría tenido que justificar si tengo algún interés en la Municipalidad. La Ley de Contratación Administrativa lo indica de esa manera”, dijo Jaikel sobre el tema.
“Yo no tengo constructora ni soy constructor. No soy ingeniero, no tengo título en ingeniería. Nunca he construido absolutamente nada en mi vida”, añadió.
UNIVERSIDAD pudo confirmar en bolsas de trabajo digitales que la SPEM reclutó recientemente a ingenieros civiles. Es decir, uno de los puestos profesionales que la Municipalidad de San José decidió eliminar cuando hizo los despidos en 2020.
Despidos afectaron a diseño de obras
Sobre los despidos, el presidente de la Seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) en la MSJ, Bolívar Sánchez, confirmó que la Municipalidad de San José hizo “una reestructuración y, prácticamente, eran dos o tres del área legal. A este departamento de Diseño e Ingeniería casi que lo desaparecieron todo. En la totalidad se hablaba de 31 funcionarios, casi todos de esa sección”.
La Municipalidad justificó que era un tema presupuestario, a raíz de la pérdida de ingresos por la COVID-19.
“Viene el montaje de eliminar una de las estructuras más fundamentales, donde la Municipalidad tiene la capacidad profesional máxima, más que cualquier otra de este país. No eran ingenieros recién graduados, tienen más de 20 años”, asegura la abogada Rosalía Cubero, una de las funcionarias del área legal que fueron despedidas.
Cubero actualmente tramita dos procesos legales en contra del alcalde Johnny Araya, uno en el Tribunal Contencioso Administrativo y otro en el Juzgado Laboral. Espera ser reinstalada en su cargo, tras resueltos los procesos.
“Los despidos se hicieron para esconder un error institucional. Por eso, se dio la reestructuración. Por trece años se permitió que 26 funcionarios tuvieran un puesto de jefatura y encargados de proceso, sin tener personal a su cargo. En la colada, se reestructuraron los 26 funcionarios que no correspondían, con salarios elevados, que afectaban la Hacienda Pública. A estos funcionarios los bajaron de sus puestos, y despiden a otros. No fue una verdadera reestructuración”, explicó Cubero en entrevista.
La abogada, especialista en derecho penal ambiental, dice que se intentó aplicar un procedimiento técnico para justificar su despido. Consignaron la cantidad de casos que estaban a su cargo, pero que el número que se le evaluó fue mucho menor al real.
“Le pedimos al jefe de Legal que certificara la cantidad correcta de los casos asignados (a cada uno). No lo quiso dar, así que presentamos un recurso de amparo y la Sala IV nos lo dio. Tenemos tres veces más que el primer caso de la tabla, lo que pasa es que no somos ni de política, ni estamos con la corrupción”, dijo Cubero.
Sobre su despido, Cubero argumenta una ofensa para su dignidad como profesional.
“No se llevaron a cabo los principios básicos, no se cumplió con la convención colectiva, no se pagaron las prestaciones como tenían que pagarse, no se le dio curso a la Contraloría, y así sucesivamente. Todas las normas para procesos de reestructuración fueron violadas y los derechos del trabajador”, acusó en entrevista.
UNIVERSIDAD llamó por teléfono al alcalde Johnny Araya para confirmar la información que Cubero dijo y que presentó con documentación. No obstante, no fue posible localizarlo.
